Con la condena al abogado histórico de Esteban Alvarado por ser parte de la organización criminal que éste lidera, a partir del tipo de conductas que prestaba bajo el paraguas de su rol de abogado, un proceso penal nuevamente hunde el bisturí en la diferencia sustancial entre asistir técnicamente al acusado de un delito y ayudar a cometerlo. Claudio Tavella fue condenado a tres años de prisión, a la devolución de un campo adquirido con dinero lavado procedente del delito y a una multa de 44 millones de pesos. Pero entre los múltiples matices de un caso controversial desde el principio sobresale el hecho de que fue condenado en un juicio abreviado. Es decir, con el consentimiento personal de la condena y luego de aceptar que cometió los delitos atribuidos.
Este rasgo es interesante porque por segunda vez en dos años frente a la acusación de un abogado de cometer delitos en el ejercicio de su profesión sus defensores imputan a los acusadores de enturbiar maliciosamente el trabajo de defensor y de avanzar sobre el ejercicio profesional al punto de denunciar ante el Colegio de Abogados de Rosario esas acciones como ofensas peligrosas. Esta entidad gremial aceptó tales lances publicando, en el caso de Tavella, un comunicado en el que cuestionaba “la instalación de un supuesto debate mediático que confunde conceptos y que, a consecuencia de ello, macula el ejercicio de la profesión”.
Ese planteo mediático que cuestionó el Colegio de Abogados de Rosario en realidad recogió algo señalado de modo manifiesto por los fiscales en una audiencia oral y pública donde imputaron a Tavella. Pero ahora termina con la jueza Hebe de Marcogliese no solamente homologando la condena sino indicando, más allá de que sea o no pertinente, que la pena establecida le pareció baja en relación a los delitos atribuidos al letrado. Y no solo eso; fue el propio Tavella el que se declaró culpable de ser, como abogado, miembro de la asociación ilícita de Alvarado.
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“Quedó muy claro que lo analizado de la conducta del señor Tavella no tenía que ver con el ejercicio profesional sino con actos relacionados al funcionamiento de una organización delictiva. Intentó evitar que detuvieran a Alvarado, hizo una mise en scene para insertar un teléfono en un allanamiento de modo de desviar una investigación por la información falsa que contenía, usó su nombre para que circularan bienes de la banda. Y eso se juzgó y una jueza eso condenó”, sostuvo Luis Schiappa Pietra, uno de los fiscales que lo acusó.
Hace un año exactamente, el 28 de noviembre de 2019, a pocos días de que un fiscal imputara a Tavella el Colegio de Abogados publicó un comunicado. “Desde un tiempo a esta parte, la persecución penal en nuestra provincia ha intentado confundir los roles de abogados y clientes, sugiriendo tímidamente a veces, y luego afirmando claramente que existen colegas que «son miembros» de la banda criminal por la que son investigados sus clientes. Y ese planteo se da sólo en un sector del ejercicio profesional, en aquel que más impacto tiene frente a la opinión pública, y es el vinculado al derecho penal”, indicó el Colegio.
En realidad la entidad gremial de los abogados no dijo eso frente a una generalización sino que fue una respuesta ante una acusación en audiencia ante un juez de garantías de delitos concretos que terminaron, hace cuatro días, con el mismo profesional aceptando su culpa y una jueza condenando.
Sin embargo, varios abogados, entre ellos quienes ejercen la docencia de la Facultad de Derecho, insistían con que esto es un agravio al ejercicio particular de la profesión de penalista.
El debate se da en un escenario temporal donde la relación del sistema de justicia con los abogados, mejor dicho con el segmento que al ejercer su rol pueda pasarse de la raya, parece estar mutando.
En revisión
Hubo una tradición histórica de jueces y fiscales en cuyo marco estas cosas quedaban en evidencia pero se dejaba hacer. Ahora estas acciones se están revisando, en parte porque este tipo de servicios aparece en organizaciones que para obtener ingresos económicos actúan con violencia extrema en una ciudad muy afectada por este fenómeno. Y en forma esporádica encuentran un tope.
En realidad, al tener convalidación judicial esto asoma como primer paso para avanzar hacia los engranajes técnicos de las organizaciones criminales como un principio sistémico y legítimo de persecución. Se trata de poner en la mira el delito de cuello blanco que, detrás de los actores más rústicos, suele resultar invisibilizado pero que es decisivo para el desarrollo de las estructuras delictivas violentas.
Las maniobras del lavado y la ingeniería económica que permite la subsistencia de las bandas son necesariamente armadas por profesionales. Y esos profesionales son abogados, contadores, escribanos, operadores financieros y de bienes raíces.
No tan inusual
Hace dos meses tres accionistas de una compañía financiera de Corrientes 832 llamada Cofyrco quedaron imputados por venderle de manera rutinaria hasta 10 mil dólares por semana al asesinado Marcelo “Coto” Medrano que fue condenado por narcotráfico. El 2 de noviembre el fiscal federal Federico Reynares solicitó en medio de un juicio que investigaran como implicados a los dos abogados que defendían allí mismo al jefe de una organización narco, dado que surgían indicios por ofrecer coimas a un comisario, asociarse con el propio líder narco en emprendimientos comerciales y recomendarle en el momento de ser detenido que se deshiciera de droga.
De lo que se trata, dijeron los fiscales Schiapa Pietra y Matías Edery al imputar a Tavella un año atrás, no es de impulsar una caza de brujas. Sino de revisar cómo se ejerce la actividad de abogado, no para defender a una persona de la acusación de un delito sino para garantizarle la continuidad de su empresa criminal en la que además usa la violencia; en una ciudad que este año superará los 200 homicidios dolosos.
“Acá hay una discusión ética pero también de política de persecución”, sostuvo Schiappa Pietra. La línea de discordia tiene que ver con la prestación de un servicio al acusado del mismo delito, sea financiero, comercial o profesional, se vuelve permanente. “Cuando un abogado presta servicio permanente a una estructura criminal histórica, lo que él conoce, y obtiene ingresos a partir de esos delitos, a sabiendas de la forma en que esa estructura obtiene esos ingresos, cumple un servicio que al menos merece ser discutido. Si él tiene el conocimiento de todo esto su función, aún cuando se traduzca en actividades con apariencia de licitud, es una actividad para la continuación de la actividad criminal. Y por tanto excede el campo del asesoramiento jurídico”, observó.
El panel donde se da el debate se resume así: ¿Está bien que un abogado defienda a miembros de una banda durante 10 o 15 años? Cuando se ve que en ese lapso la banda se inició, creció, aseguró ganancias, hizo inversiones, compró inmunidad del Estado y distribuyó dividendos cometiendo delitos semejantes que no cesaron?
Prácticas
En Rosario, en el Ministerio Público de la Acusación, durante varios años fue sabido que en la gestión de Patricio Serjal como fiscal regional, hoy preso por corrupción, se cerraban en su despacho con algunos defensores acuerdos abreviados que los fiscales de primera instancia resistían por falta de congruencia para la evidencia acumulada contra imputados. Y que antes los jueces de instrucción del viejo sistema hacían la vista gorda ante reiterada prueba de delito profesional.
“El sistema acusatorio vuelve más difícil estas prácticas pero no imposibles. Ahora queda muy clara la puesta en agenda de la importancia de desbaratar patrimonialmente a las bandas más que a su violencia delito por delito. Entonces los soportes técnicos de las bandas cobran centralidad”, sostuvo Edery.
Se discute sin generalizar, sin estigmas, caso a caso. Pero estos casos de defensores que denuncian persecución ilegítima a sus entidades gremiales y terminan aceptando que delinquieron, son oportunos para el debate penal.
“Ser un profesional de la ciencia jurídica que de forma estable preste servicio a personas organizadas para cometer actos delictivos y que sus honorarios sean solventados por este tipo de ingresos debe ser motivo de análisis ético y político”, agregó Schiappa Pietra. Los colegios profesionales están en deuda o, al menos, muy lejos de tener una actividad militante e inequívoca en este sentido.
