La causa contra Pillín Bracamonte seguirá en el ámbito provincial

La audiencia imputativa a Andrés "Pillín" Bracamonte por el delito de lavado de activos se reanudó esta mañana en el Centro de Justicia Penal y por estos momentos se está definiendo la suerte del barra brava de Rosario Central. Hoy se determinó que la causa continúe en el fuero provincial y no que se dirima en el ámbito federal, como había solicitado la defensa de Pillín. Además, la Fiscalía pidió la prisión preventiva.

Bracamonte fue acusado ayer por el fiscal Miguel Moreno de haber lavado activos por algo más de 38 millones de pesos provenientes de presuntos ilícitos cometidos en casi dos décadas como jefe de la barra.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Miguel Moreno brindó las razones por las cuales a Pillín debería dictársele la prisión preventiva y entre uno de los tantos argumentos esgrimió que el barra canalla "le facturó 500 mil pesos a Central por mates, bombillas, vasos y ropa". A la vez, insistió en que "los mecanismos realizados para el lavado son de empresas fantasmas".

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Moreno también indicó que "los domicilios como dueño de empresas son de lugares donde no vivía" y que "una de las empresas está constituida por el intendente del estadio".

"Bracamonte no es cualquier hincha de Central, es el jefe de la barra", insistió el fiscal a lo largo de los argumentos de acusación contra Bracamonte, quien está acompañado de su abogado Carlos Varela (quien tuiteó una selfie junto a Pillín y otro letrado antes del inicio de la audiencia) y custodiado por varios policías.

En su exposición, el fiscal agregó: “Encontramos gimnasios, escuelas de danza, motos con pedido de secuestro, concesionarias de autos que nada tenían que ver con sociedades que Bracamonte dice poseer".

Moreno también se refirió al núcleo cercano de Bracamonte, constituido por Natalia Lidia Salas y su hijo Andrés Guillermo. "Debemos decir que las adquisiciones y los incrementos patrimoniales de estas dos personas comienzan a darse cuando ambas no tenían ninguna industria propia o trabajo en relación de dependencia que les generará ingresos suficientes para adquirir los bienes de la magnitud que fueron adquiridos".

Por toda esta investigación que se está llevando a cabo, el fiscal también solicitó que los dirigentes de Central se presenten a prestar declaración.

En tanto, el abogado defensor de Bracamonte, Carlos Varela, solicitó que se rechace el delito por el que lo acusa la fiscalía. Además, el letrado le pidió al fiscal Miguel Moreno que "admita que se equivocó".

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El letrado indicó también que "el lavado de dinero en que se lo acusa (a Pillín) no era delito en su momento". Por eso, Varela solicitó que se rechace la calificación del delito imputado por la Fiscalía, y aseguró que las medidas que dispuso Moreno “no se condicen con una correcta administración de la justicia”.

"Las posiciones que tuvo (Moreno) respecto a los pedidos de allanamiento y la orden de detención de Bracamonte no se condice con lo que se escuchó en la audiencia de ayer. De múltiples personas que han sido imputadas con la misma categoría conforme a la figura penal que ha escogido el fiscal, el único detenido es Andrés. (Su detención) No tiene ninguna explicación técnica alguna".

Varela añadió que Bracamonte dio las explicaciones "de manera escrita sobre el origen de sus bienes cuando reclamó la devolución del dinero secuestrado en el primer allanamiento. Si (el fiscal) consideraba que había una inconsistencia en el patrimonio, no era el modo de continuar con la investigación. La decisión del pedido de allanamiento y detención obedece a cuestiones que no es mi obligación dilucidar, pero que poco tiene que ver con la correcta administración de justicia".

Después de más de cuarenta minutos de una audiencia que fue transmitida en vivo por radio y TV llegó la orden para que los medios desalojaran la sala y cortara la transmisión. Luego la audiencia ingresó a un cuarto intermedio hasta que la jueza Valeria Pedrana resuelva si a Bracamonte sigue o no con prisión preventiva.