Los primos de dos hermanos fallecidos en 2003 y 2010 dueños de una casa ubicada en Viamonte al 5300 también fueron presa de la banda que se dedica a estafas inmobiliarias. Con total impunidad, y mientras en Tribunales los beneficiarios legítimos de la vivienda tramitan el juicio de sucesión, cuatro de los imputados en la megacausa coordinaron maniobras para, en siete días, fraguar un documento con la firma de los fallecidos y ostentar un falso poder que luego serviría para simular una venta y terminar de cerrar el ardid con una escritura apócrifa inscripta en el Registro de la Propiedad.
"Ni los muertos se salvan de estas aves de rapiña", comentó una fuente judicial a este diario cuando se consultó en Tribunales por los antecedentes similares a la estafa con inmuebles. El operador no se sorprendió con la conducta que encadenaron el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, su esposa Ramona Isabel Rodríguez, el prestanombre Jonatan Javier Zárate y el escribano Eduardo Martín Torres para despojar de un bien a los primos de dos hermanos fallecidos.
Como en los otros casos, el modo de operar requirió de una ingeniería aceitada y roles definidos. Lo llamativo es que la operación la concretaron en una semana, a fines de mayo de 2013 cuando el grupo posó su interés en modesta casa, aparentemente deshabitada, ubicada en Viamonte 5390, en la zona oeste de Rosario.
Muertos vivos. La investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos en este caso se centró en la denuncia que radicó Blanca Coman el 29 de julio de 2014. La mujer relató que el 21 de diciembre de 2012, por resolución de un juzgado Civil y Comercial de Rosario ella y otros primos fueron declarados herederos de sus familiares fallecidos: Daniel Rafael y Ernesto Paulino González.
Pero cuando en medio del trámite se denunció como único bien de esa sucesión la vivienda de Viamonte 5390 supieron que había sido vendida en mayo de 2013, algo que nunca pudo ocurrir porque sus dueños estaban muertos —Ernesto murió el 1º de febrero de 2003 y Daniel el 30 de enero de 2010— y eran los únicos que podían autorizar una venta.
Así comenzó la pesquisa que determinó que el 21 de mayo de 2013 Aymo hizo insertar al escribano Torres, "con su conocimiento y connivencia", un poder especial a través del cual Zárate quedaba autorizado a ceder, vender o transferir el inmueble de calle Viamonte a favor de quien lo quisiera comprar. El poder falso contenía las firmas y documentos de los hermanos muertos, todo legalizado por el escribano Torres.
En tanto, y sin saber que eran víctimas de una maniobra fraudulenta, Blanca y sus primos continuaban el trámite usual de sucesión en Tribunales.
Rápido. La operatoria atribuida por la investigación a los acusados es similar a la de otros casos. El 23 de mayo del 2013, dos días después de obtener el poder apócrifo a su nombre, Zárate concurrió al archivo de Protocolos Notariales (Dorrego al 500) y solicitó el testimonio (copia fiel) de la escritura Nº 244 con fecha 31 de agosto de 1988 a nombre de los hermanos González.
Una semana más después, con todos los datos en la mano, Aymo acordó con Zárate (que es su chofer) la venta de la casa a favor de Ramona Rodríguez, compradora "connivente" con la maniobra ilícita. Ese acto fue orquestado, según la Fiscalía, en la escribanía de Torres de peatonal Córdoba al 1200.
Según pericias, datos y evidencias, en esa escritura figuraban falsas declaraciones para que el documento adquiriera apariencia de legalidad, destinado a probar que Zárate, en nombre y representación Ernesto y Daniel González, pudiera vender el inmueble a Rodríguez en "la aparente y vil suma de 80 mil pesos", con lo cual se transfirió todos los derechos de propiedad, posesión y dominio.
Y no se perdió tiempo para terminar de redondear el ardid. En los días sucesivos Torres presentó el primer testimonio y certificado de la escritura falsa en el Registro de la Propiedad de Rosario.
Aunque ese es un aspecto vidrioso en la trama del caso y está en fase investigativa, la Fiscalía asegura que el escribano logró que el personal de ese organismo no advirtiera que la documentación tenía contenido apócrifo, cayera en error y la insertara en el tomo 545, folio 232 bajo el Nº 147.019. Así se formalizó el cambio de titularidad dominial a nombre de Ramona Isabel Rodríguez, "ocasionando una lesión a la fe pública y perjuicio patrimonial a los verdaderos propietarios", refiere un tramo de la imputación.
Por teléfono no. Entre las evidencias esgrimidas por la acusación se transcriben varias escuchas telefónicas, en una de las cuales, Torres le dice a Aymo: "Quédese tranquilo... no hablemos... no hablemos... no hablemos mucho por teléfono".
"Esa charla refuerza que ambos tienen frecuencia de trato profesional y que están al tanto de las causas penales que se tramitan, tanto en el nuevo sistema de justicia penal, como en el residual, y la sospecha que pesa sobre sus conductas", sostienen los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot.
La denuncia de las víctimas, acta de allanamientos, secuestro la documentación, declaraciones testimoniales, cruce de información de organismos oficiales sobre el patrimonio de los acusados, escuchas, además de otras evidencias, respaldaron la investigación e imputación del caso.
Además de estar acusados de integrar una asociación ilícita, los cuatro fueron imputados de falsificación de documentos públicos, defraudación, estafas. El escribano Torres lleva la peor parte porque le adjudican tres hechos de falsificación de instrumentos públicos.
