Tres personas comenzarán a ser juzgadas hoy en los Tribunales Federales de Rosario por un hecho de trata de personas consumado en la ciudad de Santa Fe en 2014 en perjuicio de una adolescente oriunda de Casilda. Uno de los acusados es Orlando Mario Heredia, quien trasladó a la víctima —entonces menor de edad— a la capital provincial bajo promesa de conseguirle trabajo y allí comenzó a explotarla sexualmente. Los otros dos, Raquel Beatriz Escalante y Miguel Angel Martínez, son quienes le alquilaban al primero la habitación donde se perpetraron los delitos.
El juicio comenzará a las 9 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 conformado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez. La acusación en el debate estará a cargo del fiscal federal Nº 3 de Rosario, Federico Reynares Solari.
La causa conocida como "Heredia" refiere a un hecho ocurrido entre fines de 2013 y principios de 2014 cuando la única víctima, identificada como "J" y por entonces de 17 años, fue llevada desde Casilda hasta la ciudad de Santa Fe mediante artimañas. Madre de una hija pequeña, la adolescente vivía en condiciones vulnerables que Heredia, un vecino de unos 40 años al que conocía desde hacía un tiempo, aprovechó para llevársela a Santa Fe y explotarla sexualmente.
Según consta en la investigación, que incluye el testimonio de la víctima brindado a través de una cámara Gessell, Heredia le propuso a J ir unos días a la ciudad de Santa Fe donde él tenía unos amigos que le podrían dar trabajo en el bar. Cuando llegaron a la capital provincial la adolescente y el hombre fueron acogidos en un departamento de los monoblocks del barrio La Acería.
Pocos días pasaron hasta que Heredia mostró sus verdaderos planes y comenzó a llevarla a la zona de avenida Blas Parera y Castelli, donde la obligaba bajo amenazas a que trabajara como prostituta para él. Según la investigación, la chica concretaba los encuentros sexuales en un hotel situado a unas cuadras de esa esquina y también en la casa que le alquilaban a una pareja de ancianos —Escalante y Martínez— en Aguado al 6800.
La investigación también estableció que la situación de explotación sexual se mantenía no sólo mediante amenazas, sino también golpes y maltrato psicológico. Incluso J intentó escapar de la situación y, ya a mediados de enero de 2014, llegó a comunicar lo que estaba viviendo a sus padres quienes, por su parte, también habían empezado a buscarla. De hecho, el 16 de enero presentaron una denuncia por averiguación de paradero.
Una vez que estuvo a punto de huir, Heredia evitó que escapara y luego la sometió a una feroz golpiza. Sin embargo, y a pesar de las medidas que el hombre tomaba para impedir que la chica pudiera salir de la vivienda, el 19 de enero J logró llegar a la vereda. Con visibles lesiones producto de las últimas golpizas sufridas, la adolescente preguntó dónde estaba la seccional más cercana y como pudo se acercó corriendo a la subcomisaría 17ª del barrio La Acería.
La denuncia puso en marcha el circuito de protección administrativo legal para darle a la víctima contención, protección y resguardo. Así, se habilitó la intervención de una asociación civil de la ciudad de Santa Fe, así como la Secretaría de la Niñez del Estado provincial y el equipo interdisciplinario del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario, cuyos integrantes se constituyeron en querellantes de la causa, entre otras instituciones.
Probado
"Ha sido probado con el grado de conocimiento exigido en esta etapa del proceso que Omar Orlando Heredia captó a J con el propósito de explotarla sexualmente, obteniendo un rédito económico de tal situación. Asimismo, que con tal cometido, la trasladó desde Casilda hasta la ciudad de Santa Fe Capital y que una vez allí fue acogida en un departamento. Que esos ilícitos fueron ejecutados, aprovechando su estado de vulnerabilidad, ejerciendo diversos tipos de violencia sobre la víctima y con conocimiento de su minoría de edad", señaló el fiscal Kishimoto al requerir la elevación a juicio de la causa.
A los acusados, confirmaron fuentes judiciales, se les reprocha el delito previsto por el artículo 145 bis agravado por el inciso 1º y último párrafo del artículo 145 del Código Penal. Esta normativa reprime con cuatro a ocho años de prisión para aquellas personas que ofrecieran, captaran, trasladaran o acogieran a personas con fines de explotación. Pero en este caso, como la víctima era menor de edad, la pena podría oscilar entre diez y quince años de cárcel.
La víctima del hecho tenía 17 años cuando fue llevada de Casilda a Santa Fe, donde la obligaron a prostituirse
