La Justicia provincial investiga si más de doce viviendas atribuidas a la familia Cantero, cuyos integrantes lideran la banda de Los Monos, fueron adquiridas o construidas con fondos sin origen lícito demostrable. En ese caso, las propiedades podrían ser objeto de decomiso para su posterior subasta en caso de que la causa penal contra los miembros del clan del barrio Las Flores avance hacia condenas o bien se determine, en causas autónomas por lavado de dinero, el origen ilegal de los bienes. Estas casas, diseminadas por distintas localidades del departamento Rosario, suponen un patrimonio varias veces millonario que se presume ligado al blanqueo de activos procedente de delitos.
La posición del cuerpo de fiscales que trabaja en la causa penal es que todos estos inmuebles deben quedar sujetos a decomiso por vía de la investigación penal. Si las personas a las que se atribuye la posesión de esas propiedades resultan sancionadas, las mismas serán expropiadas según el artículo 23 del Código Penal por estar relacionados esos bienes con la secuencia de delitos que aún se investigan.
Evidencias. Pero aún sin la condena por el delito precedente, esas propiedades podrán terminar decomisadas. Si en función de los indicios reunidos en la investigación aparece la evidencia de lavado de dinero no se necesita una condena previa por los delitos que produjeron ese dinero. Evidencias tales como escuchas telefónicas, informes de entidades de bienes registrables y testimonios pueden implicar que se invierta la carga de la prueba porque se los presume de procedencia ilícita. En ese caso los dueños de esos bienes son quienes deberán demostrar cómo los obtuvieron.
Entre las viviendas apuntadas para decomisar hay una docena que a partir de allanamientos judiciales tuvieron exhibición pública. Pero además surgen unos veinte inmuebles en barrio La Granada ligados a Los Monos. Se encuentran en un perímetro delimitado por las calles Moreno, Khantuta, España y Caña de Ambar, muy cerca del Casino City Center. Muchas están enclavadas sobre terrenos que fueron producto de usurpaciones. Lo que a la vez de generar una situación irregular develan, según fuentes judiciales, un modo particular de ir obteniendo propiedades, distintivo de la idiosincrasia y de la capacidad de imponerse del grupo en base al reconocimiento de su fuerza.
De las propiedades inventariadas, la más conocida es la quinta de tres hectáreas en Pérez que fue allanada en mayo pasado con una casa en construcción de 300 metros cuadrados cubiertos. También dos viviendas en Granadero Baigorria atribuidas a Ariel Máximo “Guille” Cantero: una en la calle Pasco 1038 y la otra en Viamonte al 100 (ver fotos). Una de ellas aparece a nombre de su esposa Vanesa Barrios en un boleto de compraventa.
Surge también en ese legajo una vivienda en Hilarión de la Quintana 1169, en el barrio Tiro Suizo, de 15 metros de frente por 40 de fondo y hecha a nuevo, valuada en unos 400 mil dólares.
Hay también tres viviendas en la ciudad de Funes: una atribuida a Mariano Ruiz, uno de los jóvenes detenidos en la causa, que está ubicada en General Mosconi y Vera, muy cerca de Funes Hills y cuya valuación se pondera en 200 mil dólares. Otra en Las Palmas al 2200, donde vivía Gustavo Ramón Puppo, quien aseguró que la casa pertenecía al asesinado Claudio “Pájaro” Cantero. La tercera es una vivienda de dos plantas en Olmos 439, de 10 metros por 50, que fue vendida por un comisario de la policía santafesina a Ramón “Monchi” Machuca.
Se suman al lote de viviendas una de dos plantas en Caña de Ambar al 1700, en La Granada, y una a cien metros de allí, en Pasaje 518 y Caña de Ambar. Ambas pertenecen o fueron lugar de residencia de dos hermanas de Claudio y Máximo Ariel “Guille” Cantero. Hay otra casa ubicada en Pasaje 528 casi Circunvalación.
Otra de las viviendas está en Melián al 6300 y en ella vivía regularmente “Monchi” Machuca.
Las costas. La causa 913/12 que se inició con el asesinato de Martín “Fantasma” Paz, el 8 de septiembre del año pasado, lleva 14 meses de trámite. Tras un letargo de un semestre cobró movimiento con el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, el 26 de mayo último, lo que desató una persecución que tiene a varios miembros de Los Monos detenidos por cometer delitos violentos e integrar una asociación ilícita en base a negocios diversos, entre los que se incluye la narcocriminalidad. La pretensión judicial es que, de prosperar el trámite penal, el decomiso de esos bienes sufraguen los gastos demandados por la causa.
El decomiso de propiedades puede producirse si, como se dijo, surgen indicios de que se consiguieron con dinero sin origen justificado. Esto implica que no es imprescindible probar con una condena el delito previo, generador del capital convertido luego en un bien mueble o inmueble.
Conflicto. Sin embargo este es un tema árido porque hay un conflicto de competencia no resuelto por la Corte Suprema Nacional: si este tipo de persecución al lavado es de competencia federal o provincial. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya dictaminó que el lavado de activos de origen ilícito es un delito de competencia federal.
En ese marco, hace diez días el especialista Roberto Bulit Goñi hizo en Rosario un repaso de la decepcionante aplicación que tuvo en Argentina la norma que persigue el delito de lavado de dinero, incorporado en 1989, y que casi no tiene condenados. “Lo que se buscó con esta norma no fue tratar de agravar la situación penal del autor del delito de narcotráfico. Fue tratar de aprehender y sancionar a aquellos que recibían el dinero del narcotraficante sin haber participado del narcotráfico, pero convirtiendo al narcotráfico en un negocio más rentable”.
Ese es un capítulo harto pendiente en la historia de persecución tributaria en esta provincia. Para que todos estos bienes puedan haberse cristalizado en esta causa, sectores profesionales, financieros y del comercio legal tuvieron una incidencia decisiva. Sectores con prestigio, jamás puestos al desnudo, pero que transforman al delito inicial en un negocio más rentable.
