El financista Luis Herrera, un reconocido hombre de la city rosarina que está bajo investigación por una millonaria estafa perpetrada tras el default en el cual cayó su agencia de Bolsa a mediados de 2021, fue detenido la mañana de este martes por orden del fiscal Miguel Moreno, quien está a cargo del área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. En el marco de ocho allanamientos llevados adelante en domicilios de Rosario, Pueblo Esther, Granadero Baigorria y Timbués, junto al financista fueron apresados sus hijos Ignacio Luis y Luis Alberto. Los tres hombres de negocios serán imputados este jueves por los delitos de “estafa, administración fraudulenta, lavado de activos y asociación ilícita”.
De acuerdo a información oficial, Herrera acumula unas 60 denuncias penales presentadas por inversores que se vieron defraudados en algo más de 10 millones de dólares. Pero además cuenta con un número importante de denuncias en el fuero civil y en los círculos financieros locales se estima que su deuda asciende a unos 30 millones de dólares.
Los procedimientos para dar con Herrera se hicieron en Carlos Gardel al 300 de Timbúes (a unos 40 kilómetros al norte de Rosario), donde está afincado el financista; Rioja al 3400, donde reside su hijo Ignacio; Alvarez Thomas al 1300, vivienda de su hijo Diego; José C. Paz al 1900, domicilio legal del principal acusado; Morrison al 7700; Cafferata al 300; Martín Miguel de Güemes al 200 de Granadero Baigorria y Parque Sarmiento al 2800 de Pueblo Esther. En el marco de esos allanamientos, los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal secuestraron tres celulares, un Iphone 12, 20.315 dólares, 1.825 euros y varias cajas con documentación considerada de relevancia para la causa.
¿Quién es?
Herrera es desde hace muchos años el titular de la agencia de Bolsa fundada por su suegro, Paulino Fernández Soljan (fallecido en 2018), desde donde construyó una carrera prácticamente intachable a lo largo de 30 años que lo llevó a presidir en dos ocasiones el Rofex (el mercado de futuros más importante del país). En paralelo, supo conducir una mesa de dinero en la que recalaban desde grandes productores agropecuarios hasta simples trabajadores que le confiaban sus ahorros en busca de rendimientos inéditos. En sus mejores momentos, dijeron las fuentes, llegó a pagar entre el 7 y el 12 por ciento anual en dólares
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Contador y licenciado en administración, el financista acuñó una relación de extrema confianza con sus clientes, que nunca dudaron en entregarle desde unos pocos miles de dólares hasta cifras con cinco o seis ceros que él personalmente prometía invertir en operaciones cruzadas en el mercado de Chicago que le depararían altas tasas de interés y pingües ganancias.
A fines de 2015 Herrera tuvo trascendencia pública cuando, como titular del Rofex, le entregó al juez Claudio Bonadío la nómina de operaciones de dólar futuro en la causa en la que estuvo imputada y luego sobreseída la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante el gobierno de Cambiemos, al igual que muchos jugadores de las finanzas, le sacó provecho a una etapa que los investigadores resumen como “Disneylandia de la especulación”. Años de jugosos retornos para los conocedores de la timba financiera, con operaciones cruzadas en diferentes mercados.
Pero un día todo terminó. Durante el primer semestre de 2021 Herrera dejó de atender asiduamente a sus clientes, quienes comenzaron a recibir diferentes excusas ante la imposibilidad de retirar sus ahorros o los intereses que éstos devengaban. Y en septiembre del año pasado la crisis se precipitó: el financista renunció a su cargo como tesorero en el Rofex tras recibir la notificación de que la agencia Fernández Soljan había sido suspendida en su accionar por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) al detectar un “faltante teórico preliminar en el marco de la conciliación de saldos líquidos comitentes”.
Default y convocatoria
De acuerdo a distintas fuentes y notas publicadas por La Capital desde entonces, Herrera habría incurrido en una variante del sistema piramidal de ahorros o “esquema Ponzi”, que comenzó a complicarse con la pandemia y se derrumbó en 2021. Durante años pudo pagar jugosos dividendos respaldado en un flujo de fondos continuo y creciente. Cuando a fines del año pasado se desató la corrida sobre su financiera y no pudo cubrir un faltante de 800 mil dólares en los saldos de sus cuentas en Fernández Soljan, la bicicleta dejó de funcionar y cayó en default.
En ese marco, la principal sospecha es que el financista jamás invirtió el dinero de sus clientes en Estados Unidos por más que enviaba periódicamente un correo con la leyenda “Resumen de operaciones Chicago Board of Trade”. Para avalar o descartar tal hipótesis, desde la fiscalía se envió un pedido de información a Chicago.
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Al tratarse de operaciones en las sombras no resulta tarea sencilla poder demostrar la supuesta estafa. Ante el fiscal, los damnificados exhibieron los documentos con los que Herrera acreditaba la recepción de los fondos en una supuesta cuenta comitente. “Unos recibos absolutamente desprovistos de toda legalidad. Para ingresar dinero en una cuenta en Chicago, de mínima se tendría que haber hecho por una transferencia bancaria, no en efectivo y avalado con papeles de escaso valor”, relataron desde el MPA, cuya estrategia estará centrada en comprobar que los damnificados, desprovistos de información, confiaron en Herrera y éste los engañó.
En diciembre el financista se presentó en convocatoria de acreedores y dijo tener por su negocio privado 36 acreedores a los que les debía 7 millones de dólares. Si a eso se le suma la deuda en Fernández Soljan y otros préstamos contraídos, su pasivo en blanco rondaría los 11 millones de dólares. Y como el grueso de su problema es la deuda blue, en el mercado local se estima que ronda los 30 millones de dólares. Pero el juez de primera instancia Marcelo Quiroga le rechazó el pedido de convocatoria “por inconsistencias”. Entonces Herrera apeló la medida que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones con la firma de los jueces Pablo Cifré, Ivan Kvasina y Ariel Ariza.
“Incumplimientos”
El abogado Jorge Ihlarrescondo, a cargo de la defensa de Herrera, señaló en distintos medios que su cliente “no cometió estafas sino que tuvo contingencias económicas”, y se quejó de la prisión preventiva que aún no le dictaron al financista: “No hay razones jurídicas”, aseguró. “A Herrera se le alteraron las variables económicas fijadas cuando definía sus políticas de inversiones en activos de terceros. Tenía inversiones en determinados títulos de la deuda. Esos títulos cayeron, fundamentalmente producto del default que el Estado argentino produjo en 2019 con el reperfilamiento de la deuda. Esos títulos pasaron a costar un valor inferior hasta el valor nominal”, dijo el letrado.
Ihlarrescondo también sostuvo que “hubo corridas financieras y también económicas. Hubo imposibilidad de afrontar la situación por circunstancias exógenas y también, por qué no decirlo, por una mala decisión en términos estratégicos comerciales, pero de ninguna manera hubo delitos”.
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“Una cosa es que yo incumpla y otra que yo estafe. Si vamos a decir que todos aquellos que se reflejan como incumplidores deben ser objeto de una persecución penal, las cárceles estarían llenas de gente incumplidora. Luis Herrera no es un estafador. Reconozco que hubo un incumplimiento y él mismo lo ha reconocido al presentarse en sede de la Justicia civil cuando fue requerido. Eso es muy diferente a decir que hay una asociación ilícita, administración fraudulenta o estafa como pretende imputarle la fiscalía, lo cual no se ajusta ni remotamente a la realidad”.
Los últimos movimientos de Herrera antes de su detención, confiaron hombres de la city local, tendieron a buscar un juicio abreviado que le permita reducir una posible pena, aunque para eso debía hacer frente a las deudas que le reclamaban penalmente (un tercio del total de las registradas ante la Justicia), con miras a canalizar el resto vía una convocatoria de acreedores de su agencia, lo que le significaría un gran alivio porque el grueso de ese pasivo no estaba registrado y se le iba a hacer muy difícil a los ahorristas cobrarlo.
