"Esto muere acá y no tiene que salir de acá". La advertencia resonó en una pequeña oficina de Jefatura. Se acababa de firmar el acta por los asesinatos del metalúrgico David Campos y el comerciante Emanuel Medina, acribillados horas antes tras una larga persecución policial. Tres años y tres meses después, el secreto que debían guardar esas cuatro paredes irrumpió como un tsunami en el juicio a 19 policías acusados por el doble crimen. "A ellos los mataron a sangre fría y no era necesario porque no tenían armas", dijeron dos empleadas, en un hito del debate que cerró esta semana con dos condenas a perpetua.
Las agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) Jésica Lescano y Roxana Ramírez fueron las únicas en romper el pacto de silencio corporativo en torno al caso. "Fueron más de dos meses de un juicio muy tenso por las hostilidades hacia ellas e incluso de algunos colegas de la defensa", dijo su abogada, Sara Fátima Marcos, quien defendió a uniformados en otras causas y considera "extraordinario e inédito" lo ocurrido en este juicio: "Creo que gracias a este fallo, estos hechos no van a volver a ocurrir. O, si ocurren, no va a haber veinte personas diciendo lo mismo. Alguien contará lo que pasó. La gran decepción del fiscal en esta causa es que las personas en quienes debía depositar su confianza la amañaron de entrada", opinó.
Hubo evidencia balística, fotos, testimonios de vecinos y hasta filmaciones. Pero las declaraciones de las agentes de la PAT fueron un punto de quiebre en el juicio que terminó el jueves con un fallo unánime. Los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana condenaron a prisión perpetua al policía del Comando Radioeléctrico Alejandro Bustos y al uniformado de la PAT Leonel Mendoza por efectuar los disparos letales. Un efectivo que baleó el auto de las víctimas fue sentenciado a 7 años; un jefe de tercio del Comando recibió 5 años por encubrimiento agravado y a otros trece policías les impusieron 3 años de prisión condicional por ese delito. Por la misma figura, las agentes de la PAT recibieron la pena más baja: 1 año de cumplimiento en libertad.
Desde otra vereda, por los familiares de las víctimas, el abogado querellante Santiago Bereciartúa también enfocó el testimonio de las empleadas como salientes del debate. "Fueron amenazadas ellas, su abogada y sus hijos. Tuvieron que cambiar de vida. Pagaron un costo muy alto por hablar pero es necesario demostrarle al resto de la fuerza que vale la pena asumirlo", planteó. Es por esto que, sobre el final, rebajó a 3 años su pretensión de pena para las empleadas.
Que las agentes denunciaran las presiones para firmar un acta falsa y callar la desmesura que habían presenciado, según su abogada, no obedeció a una estrategia. "A esto quiero dejarlo aclarado: fue una decisión de ellas. Cuando las conocí estaban en prisión domiciliaria, eran mamás de niños menores de cinco años. Se quebraron en llanto y me dijeron que no querían llevar en su conciencia el peso de haber visto a sus compañeros ejecutar a dos personas. Estaban amenazadas pero querían hablar".
Era octubre de 2017 y habían pasado cuatro meses del doble crimen. Las agentes declararon por separado, en audiencias filmadas ante el juez Héctor Núñez Cartelle. Habían sido detenidas un mes antes junto al resto de los acusados, cuando el fiscal Adrián Spelta detectó que la escena de un enfrentamiento era un montaje. Entonces contaron que fueron obligadas a firmar un acta falsa, que a las víctimas las ejecutaron "a sangre fría" cuando "no habían disparado", que les plantaron dos armas y que su compañero de patrulla Mendoza le disparó a la cabeza al acompañante y luego se guardó la vaina en un bolsillo.
Un rato antes, aquella mañana del 23 de junio de 2017 Roxana Ramírez debía exponer sobre un procedimiento en la sede fiscal de Montevideo al 1900. A las 10 la pasó a buscar el móvil que manejaba Mendoza. Ella se ubicó detrás de Jésica Lescano, que iba como acompañante. "Me subo a la chata y el chofer muy alterado me dice: «Subite rápido que los chicos están en procedimiento y tenemos que ir»", contó.
En el puente que va a Pueblo Nuevo interceptaron el Volkswagen Up de Campos que ese día manejaba Medina y era perseguido a tiros por la zona sur. Los jóvenes volvían de festejar con amigos un campeonato de Boca Juniors cuando en Grandoli y Gutiérrez comenzaron a seguirlos por una cuestión menor de tránsito y se fueron sumando otros patrulleros. En el camino hubo disparos policiales hacia el auto pero ninguno en dirección inversa.
Al llegar a Cazadores y Callao el VW chocó contra un árbol, estallaron los airbags y comenzaron a arreciar las balas. Las empleadas de la PAT se refugiaron detrás de un árbol y vieron disparar a su compañero Mendoza. Hizo un único tiro que le fracturó la médula a Campos, de 28 años, muerto con tres disparos "Sí, le pegué en la cara", reconoció el policía ante un posterior reproche de Lescano. Al otro lado del auto disparó Bustos. El chofer, de 32 años, murió con diez disparos. A las víctimas les plantaron dos armas para simular un tiroteo, se bajaron las ventanillas del auto y se falseó un dermotest.
Al cesar los tiros, a las agentes de la PAT les ordenaron que montaran un cordón por calle Cazadores. Luego las trasladaron a la División Judiciales, en la Jefatura de Ovidio Lagos 5250, donde se confeccionó un acta conjunta para las dos fuerzas. Allí las llevaron a un cuarto aparte y les prohibieron hablar por teléfono. "De lo que viste y escuchaste no vas a decir nada si no querés perder tu trabajo", le dijeron varias veces a Ramírez a lo largo del día.
Por contarlo, comenzaron a recibir amenazas de sus pares. Las uniformadas quedaron en libertad pero su vida se modificó. Debieron cambiar de celulares, ingresaron a un programa de protección de testigos y les asignaron custodia de Gendarmería Nacional.
Ramírez, de 26 años, vive en Vera y es madre de una nena que al momento del hecho tenía 2 años. Lescano, de 34, tiene tres hijos, vive en Rosario y su esposo murió de leucemia dos semanas antes de que terminara el juicio. "Durante todo este tiempo estuvieron semipresas. Gendarmería las custodió en todo momento, tenían que avisar para hacer un mandado —acotó Sara Marcos—. En estos años recibí presiones para que cambiaran la declaración pero me mantuve en lo que había sido una firme decisión de ellas".
Pesado silencio
Las empleadas no asistieron al juicio iniciado en septiembre por cuestiones de seguridad. Si bien ocupan un lugar secundario dentro de la grilla de acusados, sus nombres coparon la atención en la tercera jornada de audiencias. Es que ese día el fiscal pidió transmitir los videos de las declaraciones prestadas por ellas tres años antes. Bajo un silencio espectral en la sala, se las escuchó contar que al acta había que firmarla "rápido y sin tiempo para leerla".
"Después, cuando terminó todo, el director nos agarra a los tres. Porque fuimos los últimos tres que quedamos ahí en Judiciales: Mendoza, Ramírez y yo. Y nos dice: «esto muere acá y no tiene que salir de acá». Y nosotros no dijimos nada por eso", contó Lescano. Dijo que el director de PAT les "recomendó" contratar a la misma abogada que el resto de los acusados, quien no las autorizó a hablar.
Para Marcos, la asignación de una defensa única fue parte del llamado "protocolo de encubrimiento" del caso. "No las dejaban hablar. Por eso, si bien espero los fundamentos del fallo, voy a apelar la pena y pedir la absolución. Ellas no pudieron obrar con libertad y determinación, desde el minuto cero estuvieron coaccionadas y nunca existió el dolo que requiere el delito de encubrimiento. Valoro la decisión del tribunal. Pero considero injusto que pierdan el trabajo cuando las forzaron a encubrir", adelantó.
"Cuando les aseguré que las iban a proteger y no les iba a pasar nada, lo primero que hicieron fue sentarse delante de un juez. Ellas le dieron a la investigación la apertura que necesitaba. Porque hasta ese momento era cerrada, hermética, había complicidad por todos lados. No pretendo que las traten como heroínas. Pero una pena condicional las deja sin trabajo y son mujeres que, una vez superado esto, pueden continuar en la fuerza de seguridad", planteó la abogada. Conectada por zoom desde su casa en Vera, Ramírez explicó sus razones para no callar: "Prefiero que me condenen por decir la verdad y no por encubrir un delito".
