El juez federal penal Carlos Vera Barros rechazó ayer un pedido de excarcelación de María Cristina Ottaviano, acusada junto a otras cinco personas de integrar una organización que creaba empresas fantasmas para generar facturación inexistente, vendérsela a compañías y comercios verdaderos y facilitar así la evasión de impuestos. Ottaviano es contadora y tanto para la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) como para la Justicia es una pieza clave en esa red delictiva, según se desprende de la imputación que le hizo el magistrado.
Ottaviano fue detenida el miércoles 5 de julio por orden del propio Vera Barros. Fue en uno de los 35 allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional y funcionarios de la Afip en Rosario. Junto con ella también fue apresado su pareja, Ricardo Astudillo, y otros tres imputados en la causa. El restante se presentó detenido al día siguiente porque supo que lo buscaban. Todos están imputados de pertenecer a una asociación ilícita, y siguen detenidos.
Los otros cuatro son Lelio Serafini, Marcelo Liporaci, Miguel Centeno y Adrián Zeballos. Todos fueron denunciados por la Afip y, según creen en el organismo, serían los cabecillas y a la vez piezas clave en la organización, que en total contaría con la participación de más de 80 personas. Incluso no se descarta que en los próximos días alguno más pueda resultar detenido, en caso de mediar un pedido del fiscal Federico Reynanes Solari.
La investigación permanece por ahora rodeada de hermetismo. Se sabe apenas cuáles son los nombres de algunas de las empresas de fantasía que "facturaban" gastos inexistentes para que otras pudieran evadir el pago del IVA y otros impuestos. Esas empresas fantasma (Zarren SA, Domach SA, Bruson SA, Bio Sense SRL y varias otras) figuraban inscriptas en la Afip con directorios integrados por personas insolventes. Así fue como las descubrió el organismo recaudador, tras realizar controles a las facturas que emitían.
Algunas de esas empresas inexistentes tenían domicilio en Rosario, pero muchas otras estaban falsamente radicadas en la Capital Federal y ciudades del conurbano.
En cambio, no se conocieron hasta ahora los nombres de las empresas reales que compraban esas facturas para "justificar" ante la Afip pagos y gastos que nunca habían hecho y evadir así el pago de tributos. "Sobre eso hay un gran hermetismo", dijo anoche a La Capital una fuente vinculada al caso. Según la denuncia que la Afip presentó ante la Justicia federal, esas empresas son unas 6.500. En total, el perjuicio causado al fisco por evasión, estimó la Afip, llegaría a los 6.500 millones de pesos. No hay cálculos sobre lo que ganó la organización que emitía las facturas "truchas".
El dato sobre la cantidad de clientes de esta organización no es menor, ya que según la estimación realizada por la propia Afip, unos 2.200 son de la zona de Rosario. La semana pasada el dato generó incluso un coletazo en el Concejo Municipal, donde la edila Celeste Lepratti presentó un pedido de informes para saber si entre esas 2.200 empresas y comercios hay proveedores del municipio.
Respecto de las pruebas colectadas hasta ahora, el juez contaría con escuchas telefónicas que datan de varias semanas y que involucran a los detenidos, más la investigación de la Afip sobre las facturas pertenecientes a las empresas de fantasía que habían inscripto en el organismo.
