En apenas diez días de su vida Jonatan Alejandro Ribles dejó trazados los itinerarios, las lógicas y los movimientos regulares de un sicario. El celular que le sacaron al detenerlo el 28 de octubre pasado, cuando lo paró la policía en una moto robada con dos pistolas calibre nueve milímetros, arrastró a un total de once personas, todas conectadas en una organización dedicada a imperar a tiro limpio en una zona para hacerse con parte de los negocios criminales. Según la descripción del fiscal en la audiencia eso significó cometer homicidios, lesiones, robos, amenazas, extorsiones y balaceras. Y controlar una estructura de venta barrial de drogas sembrando el miedo y la violencia desde esa franja de la zona sur rosarina a otros barrios de la ciudad.
Lo conocen como Jony, es vecino del complejo municipal de Grandoli al 3800. Tiene 28 años y una condena cumplida a seis de prisión por un robo a mano armada en 2012. Para concretar sus más recientes acciones como tirador por encargo solía enfundarse en un mameluco de la EPE para no llamar la atención en los lugares donde terminaría usando su arma. En su teléfono está marcado que trabajaba para Chuky Monedita, uno de los tantos jóvenes que en la cárcel de Piñero perfeccionó de modo acelerado sus métodos delictivos y se convirtió en jefe de una banda, con más poder de fuego y capacidad económica que cuando estaba afuera.
El examen del teléfono dejó al desnudo que Chuky, que se llama Alejandro Isaías Núñez y tiene 25 años, fue el ideólogo del fallido intento de asesinato de Carlos Argüelles, un ex levantador de autos de Esteban Lindor Alvarado y dueño de un taller mecánico, que ahora actúa como testigo protegido en la causa de su antiguo jefe, junto al cual está imputado pero con una morigeración de prisión por la que está en libertad.
Historia de armas y personas
Ribles fue la punta del hilo para que el fiscal Pablo Socca estableciera los pasos de una asociación ilícita de once personas manejada desde Piñero por Chuky Monedita, a las que este lunes acusó de diversos delitos. Reconstruir toda la trama le llevó al funcionario cuatro meses de cruzamiento de datos de teléfonos, incidencias de balaceras al 911 y hallazgo de constancias en redes sociales.
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Hasta la mitad de 2020, cuando a una persona la detenían con una pistola como pasó con Ribles en octubre, el fiscal actuante no iba más allá de imputarle la tenencia del arma. Desde que existe la unidad fiscal de balaceras, hace menos de un año, se intenta estudiar la historia previa del arma y, con ella, la de los grupos que las usan.
Fue así que quedó al descubierto el perfil de negocios del grupo del cual, sostuvo Socca en la audiencia, Chuky es líder y Ribles un administrador de sus órdenes y ejecutor material de hechos sangrientos.
¿En qué consisten sus actividades? El fiscal afirmó que en la abundante evidencia obtenida queda claro que Ribles gestionaba la adquisición de viviendas usurpadas para la instalación de bunkers, planificaba robos para conseguir dinero en efectivo para el funcionamiento de la estructura, se encargaba de conseguir soldados para los locales de venta de droga, supervisaba la tarea de los empleados en esos puestos en cada turno, la mayoría mujeres. Finalmente custodiaba el funcionamiento de esos locales y rendía el dinero recaudado a la también imputada Tamara Muñoz y al propio Chuky Monedita.
Tirador al teléfono
Ribles era sicario y tirador. Habla en casi todos sus chats de planes delictivos cometidos o por cometer. En el contenido del celular se advertían fotos de pistolas, ametralladoras FMK3 y proyectiles. Se esclarecieron con el examen del teléfono cinco balaceras en las que Ribles comenta haber participado. Se trata solamente de mensajes telefónicos que abarcan apenas diez días, del 18 al 28 de octubre del año pasado, lapso en el que intervino en esos cinco atentados a balazos.
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Según el fiscal, Ribles manejaba al menos cinco armas de fuego distintas. Y revela en los diálogos de su teléfono recuperado la hoja de ruta de su cotidianidad delictiva a la vez que desnuda la de otras personas que fueron acusadas con él. Fueron 1.200 páginas de chat en las que intercambia mensajes con 48 usuarios diferentes en esos diez días. De allí surgió la información de nombres, lugares, apodos, referencias y fechas. Con ello los investigadores descubrieron identidades de autores y de víctimas, balaceras, domicilios de los eventos delictivos y hechos adicionales.
El análisis criminal que derivó en la audiencia entrecruzó los datos del teléfono con información existente en otras causas penales, informes de incidencias de ataques con armas al 911, declaraciones de testigos, ciberpatrullaje en redes sociales y pericias balísticas y de rastros de sangre en vehículos.
Entre los demás acusados de esta tarde hay cuatro que están presos. Uno de ellos es Jorge Ojeda, un hombre que manejaba tres taxis y que está imputado por encargarse de colaborar en la logística de los atentados con armas de fuego, realizar tareas de inteligencias sobre víctimas escogidas y los seguimientos de esas personas. Fue quien marcó a Argüelles, que ya ha sufrido cuatro atentados de los cuales resultó ileso, el último el 28 de enero pasado.
Otro de los que está preso es Nahuel Riveros, que mantenía abundante diálogo con Ribles por actividades delictivas y fue detenido en noviembre pasado por una balacera. El fiscal lo calificó como un sicario del grupo. Le atribuyó esconder en su domicilio motocicletas utilizadas en ataques a tiros y hacer de custodio en búnkeres.
Chuky Monedita quedó imputado como jefe de asociación ilícita. En las constancias aparece como quien organiza desde la Unidad 11 de Piñero los atentados contra personas. Entre ellos los de Carlos Argüelles y Lucas Smith, éste último preso por robo calificado, pero líder de la organización rival conocida como "Banda de la planchada". Según Socca es Chuky quien elige a las personas, define qué rol cumplirá en los hechos, dispone las armas y los vehículos para los atentados, autoriza los pagos, dispone dónde guardar las armas y administra la atención de los puestos de venta de droga.
Tamara Muñoz fue acusada de controlar la recaudación de venta de estupefacientes que recibía de manos de Ribles. También de guardar armas de fuego y municiones en su casa para la actividad de la banda.
Abel Bertoni y Gianfranco Giglione fueron acusados de acompañar a Ribles para cometer balaceras. Su rol era conducir los vehículos y esconderlos luego de su uso para esos fines. A Diego Fernando Romero le atribuyeron acompañar a Ribles para la ejecución de ataques a balazos a cambio de dinero en efectivo. A Cristian González le fue adjudicado un papel semejante.
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A Florencia Aguirre, pareja de Ribles, le imputaron haber ocultado armas en su domicilio, al igual que trasladarlas cuando se las requerían. El fiscal le endilgó asimismo ocuparse de la venta de estupefacientes y atender los bunkers de la banda, el mismo delito que se le atribuyó a Mara Tedesco. Si bien estos hechos son de competencia federal se aludió a la evidencia para dar cuenta de que pertenecen a la asociación ilícita que produce estos negocios en base a acciones de violencia extrema.
Un comentario de fiscales a la salida de la audiencia dejaba traslucir un dilema de política criminal que en la provincia es hoy un callejón sin salida. Las investigaciones de delitos violentos progresan de modo de identificar con el análisis criminal a partir de la obtención de un celular y un arma, como en este caso, los movimientos de una estructura delictiva. Pero el problema de la violencia no se desbarata. Una vez que el grupo entra a un pabellón carcelario, con las llamadas desde allí, el circuito sangriento recomienza en la calle, con nuevos actores.
