Los 14 ataques contra inmuebles vinculados a jueces penales, investigadores judiciales y de funcionamiento del Poder Judicial puso en alerta al Colegio de Magistrados de Rosario, que ayer recibió en su sede a representantes de organismos que integran a jueces en Argentina y en Latinoamérica, y a uno de los responsables de la creación del protocolo de seguridad que rige en Brasil para funcionarios judiciales. El objetivo fue firmar un convenio de colaboración y acercar la experiencia brasileña a la Argentina para empezar a trabajar en protocolos de actuación propios.
"Lo que está pasando con jueces en Rosario bajo intimidación pública es una novedad que requiere una réplica institucional inmediata contra la criminalidad organizada. En esto debemos ser taxativos. El momento para actuar es ahora, cuando el fenómeno empieza a surgir, porque si permitimos que estos ataques se consoliden los que van a quedar indefensos no son algunos jueces sino la población entera ante los actores del delito", dijo José Cerqueira Bremer, magistrado de la ciudad de Curitiba.
Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (Fam), que reúne a 15.600 magistrados y funcionarios judiciales del país, consideró que "la situación de Rosario excedió los límites de la provincia de Santa Fe y se hizo una preocupación nacional".
Por eso, sostuvo, empezaron a trabajar el tema con la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam). El brasileño Walter Barone, juez civil en San Pablo y presidente de la Flam, llegó a Rosario junto a Cerqueira Bremer, magistrado penal en la ciudad de Curitiba responsable del diseño y la implementación de protocolos de seguridad para magistrados del Brasil en el contexto de procesos de juzgamiento a organizaciones criminales.
El objetivo formal del encuentro en la sede del Colegio de Magistrados de Rosario —que funciona en Balcarce 1551— fue la firma de un convenio de colaboración entre la Fam y la Flam para, en líneas generales, estrechar lazos en materia de trabajo, estudio y capacitación.
Pero ante el contexto actual de Rosario, donde ya se contabilizaron más de una docena de ataques que tienen por finalidad amedrentar a los funcionarios del Poder Judicial, Cerqueira Bremer disertará hoy sobre su trabajo en el estado brasileño de Paraná.
Este juez penal remarcó la necesidad de actuar sin demoras para que los factores delictivos encuentren un límite claro frente a acciones de amedrentamiento como las que recibieron jueces en Rosario, que tienen como rasgo común haber actuado en distintas etapas en causas de la banda de Los Monos. Para ello dijo que son fundamentales las decisiones del Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como provincial.
"Sabemos lo que decimos por una triste experiencia que no deseamos ver repetida en Argentina", dijo Cerqueira a este diario. En Brasil los fenómenos de intimidación a jueces, mayoritariamente en contextos de investigación de narcotráfico, llevan casi dos décadas, con casos de una gravedad no comparable a la de la situación local. En el año 2011 la jueza Patricia Acioli, reconocida por actuar contra vendedores de droga en la zona de Sao Gonçalo, vecina a Río de Janeiro, fue asesinada a balazos luego de haber recibido amenazas de muerte en cuatro ocasiones. También es notorio el caso del juez federal Odilón de Oliveira, que vive hace 16 años con cuerpos de escolta de la policía militar, tras haber metido en la cárcel a cientos de narcotraficantes por delinquir en la frontera de Brasil con Paraguay y Bolivia, a la vez que ordenar decomisos millonarios de sus bienes.
Cerqueira celebró la celeridad con la que comenzaron a tomarse acciones en Argentina. "Nosotros nos demoramos un poco, no valoramos desde el principio la gravedad, parece que después de tener las consecuencias negativas comenzamos a poner en marcha todo", dijo el magistrado que formó parte del Comité de Seguridad para la creación del protocolo de seguridad que rige en Brasil y que posee algunas diferencias según el estado en el que se aplique.
El protocolo, sobre el que hoy ahondará, está basado en estudios técnicos desarrollados por profesionales altamente especializados en inteligencia, contrainteligencia y seguridad institucional.
La región
Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, explicó que ponerse en contacto con los protocolos de actuación que se aplican en otros países sirve para comenzar a pensar modelos propios de abordaje para este tipo de problemáticas que hasta ahora eran inéditas en Argentina. "Percibimos una forma de criminalidad distinta, un cambio de paradigma que debe ser abordado con una metodología de abordaje jurídico y jurisdiccional distintos", sostuvo el magistrado.
Línea divisoria
"Hubo un antes y un después de esto que empezó a suceder el 29 de mayo, que fue la primera balacera a domicilios donde habitaron jueces con anterioridad", consideró Salvador, quien entendió que ante esta nueva realidad se vuelve menester articular nuevas respuestas. La puesta en contacto con el protocolo brasileño es un primer acercamiento.
Hasta ahora Argentina se había mantenido al margen de este tipo de situaciones que en otros países latinoamericanos como México, Colombia y Brasil llegaron a cobrarse la vida de funcionarios judiciales. "En América Latina lamentablemente estas situaciones son menos raras de lo que deberían ser. Y en Argentina pasa algo similar a lo que ocurre en Brasil; el origen de estos ataques está en la criminalidad organizada, que tienen esa idea de atacar la institución del poder, no respetar el poder. Vemos con preocupación lo que pasa con nuestros colegas aquí", sostuvo Barone.
El presidente de la Flam dijo que en el último informe del Consejo Nacional de Justicia de Brasil se reportaron los casos de un total de 110 magistrados que fueron amenazados solo en 2017. "Es importante que no permitamos que las cosas lleguen al nivel al que llegaron en Río de Janeiro", dijo Barone.
