Cinco jóvenes de Santa Lucía, uno de ellos menor de edad, denunciaron golpes, hostigamientos y amenazas por parte de efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) que controlan las 15 manzanas del barrio. Los policías los acusaron de la tenencia de un arma de fuego hallada en la calle y los llevaron a una comisaría, pero luego de que trece horas presos la causa fue desestimada por una fiscal. Ante el temor de que vuelvan a ser detenidos, la Defensa Pública presentó ayer un hábeas corpus preventivo para pedir que cesen las acciones policiales contra ellos.
El trámite se realizó ante la jueza Hebe Marcogliese. El defensor Juan Pablo Nardín presentó el caso con Marcelo Marasca, de la oficina que asiste a las víctimas de violencia institucional de la Defensoría. La audiencia seguirá esta tarde cuando se espera que declaren los jóvenes afectados que ayer no pudieron concurrir por cuestiones laborales. También están citados representantes de la Unidad Regional II y de la PAT.
"Los jóvenes se presentaron en la Defensoría contando una situación de abuso policial y con temor a que esa detención se repita, a partir de amenazas recibidas", contó el defensor Nardín, quien indicó que el fiscal Gustavo Ponce Ashad admitió la presentación al advertir que el procedimiento "tenía serias irregularidades".
En paralelo a ese recurso el defensor regional Gustavo Franceschetti denunció los abusos policiales ante la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci. Según el relato de los jóvenes, fueron cometidos por efectivos de la PAT y de la subcomisaría 22ª. El procedimiento ocurrió a pocos días del retorno de los miembros de la PAT a monitorear el barrio que se alza encajonado en la zona de 27 de Febrero, Circunvalación y la autopista a Córdoba.
"Verdugueo"
Los defensores alertaron ayer sobre los riesgos de militarizar el territorios. Y citaron una nota publicada el lunes en este diario en la que operadores barriales y adolescentes que pintaron un mural hablaron del "verdugueo" que sufren a diario por parte de las fuerzas de seguridad. Los referentes advirtieron sobre abusos policiales cotidianos y advirtieron que los jóvenes suelen ser golpeados por "portación de cara o de gorra".
Según la presentación de la Defensoría, el procedimiento ocurrió la noche del viernes 28 de julio cuando siete jóvenes circulaban en moto por Santa Lucía y una camioneta policial negra los encerró. "Del móvil bajaron cinco oficiales de la PAT quienes habrían apuntado con escopetas Itaka contra los adolescentes, poniéndolos a todos contra el auto para requisarlo", dice el documento. Al no encontrar nada, "uno de los oficiales comenzó supuestamente a rastrillar la zona" donde encontró un arma, a unos siete metros de donde se desarrollaba el operativo, debajo de un canasto de basura.
Los jóvenes revelaron que un oficial les dijo que se quedaran quietos porque les iban a "arruinar la panza a todos". En ese momento, según relataron, arribaron un móvil del Comando y una furgoneta negra de PAT. Los efectivos les ordenaron que se arrodillaran, que pusieran las manos en la nuca y la frente contra el piso. En esa posición los esposaron.
Los chicos contaron que entonces se acercó la madre de uno de ellos y los agentes le pidieron que firmara un acta para dar veracidad acerca del secuestro del arma. Como ella se negó, "los policías la habrían amenazado y rodeado también".
Luego los jóvenes fueron derivados a la subcomisaría 22ª donde, según denuncian, los hicieron desnudar y los golpearon en la cabeza, el tórax y las piernas. Tras esa situación que duró alrededor de una hora y media, fueron reunidos por el personal que los amenazó con detenerlos y golpearlos nuevamente.
"No fueron revisados por un médico ni les habrían dado para beber. Unas 13 horas después fueron liberados tras firmar papeles que les impidieron leer", planteó la Defensoría.
Sin causa
La policía reportó el procedimiento a la fiscal Mariángeles Lagar, que tras la consulta ordenó la libertad de todos. La causa, caratulada como abuso de armas, fue asignada luego a la fiscal de Investigación y Juicio Juliana González, que la desestimó al no hallar elementos que den cuenta de un delito.
Por todo esto la Defensoría pidió a la jueza que ante la detención "irregular", en una causa "armada", se haga lugar al hábeas corpus como mecanismo de protección de los jóvenes. Ese es el debate que seguirá hoy.
