El socialismo presentó en Diputados su iniciativa de juicio por jurados

El bloque socialista de la Cámara de Diputados de la provincia presentó la semana pasada un proyecto para la implementación del juicio por jurados en Santa Fe. Se trata de la incorporación de los "jurados populares", que en rigor son tribunales integrados por ciudadanos comunes, no especializados en derecho, junto a jueces letrados.

Este sistema, que apunta a la participación de los ciudadanos en la administración de Justicia, está previsto en el reformado Código Procesal Penal santafesino, aunque debe sancionarse una ley específica para que comience a ejecutarse.

El jueves pasado, el bloque de diputados del Frente Progresista Cívico y Social, encabezado por Raúl Lamberto, presentó un proyecto que contempla la participación de cuatro ciudadanos y tres jueces para juzgar determinados delitos graves.

La dinámica de este sistema de enjuiciamiento emula al modelo venezolano. A diferencia del régimen norteamericano, donde el jurado se limita a declarar al acusado inocente o culpable y al juez le toca fundar esa decisión, en el flamante proyecto santafesino se prevé que las decisiones sean resueltas en pie de igualdad entre los magistrados y los integrantes del jurado.

De cualquier manera, la modalidad que finalmente se incorpore en la provincia resultará de un largo debate que recién comienza. Los autores del proyecto pretenden someterlo a una intensa discusión pública y a la consulta de distintos actores, como las facultades de Derecho y los colegios de Abogados y de Magistrados de la provincia, antes de consensuar la forma definitiva. Además, la iniciativa está sujeta a las modificaciones que se dispongan dentro de las dos Cámaras del cuerpo legislativo. Así, con la reforma penal apenas iniciándose en la provincia —rige ahora una modalidad de transición— se espera un largo debate antes de que se conozca la versión definitiva.

El juicio por jurados es una deuda pendiente del sistema penal argentino. Está previsto en la Constitución nacional (que asigna al Congreso la tarea de dictar leyes para implementarlo) y el debate sobre su incorporación se remonta a la Carta Magna de 1853. Con una modalidad inspirada en el sistema norteamericano, rige sólo en la provincia de Córdoba desde 2004. En Santa Fe, su incorporación comienza a visualizarse recién ahora, tras la reciente reforma del Código Procesal Penal.

Claves de un cambio. La reforma institucional que empezó a darse consiste en el pasaje de un sistema inquisitivo, donde el mismo juez investiga y resuelve, a uno adversarial, donde investiga el fiscal y cobra peso la dinámica entre las partes. Con esta nueva modalidad también se reemplaza el juicio escrito por el oral y público, como rige en el resto de Latinoamérica.

"En el nuevo Código está previsto que para determinados delitos se incorpore el juicio por jurados. Esto contempla varias modalidades. En general las opiniones en nuestro país, entre ellas la de (Eugenio) Zaffaroni, siempre se inclinaron más hacia un tribunal combinado, porque los especialistas dicen que las sentencias deben estar fundadas. No alcanza con que un tribunal diga si el acusado es culpable o inocente. Hace falta fundar la decisión para que no entre en contradicción con la moderna doctrina", explicó a LaCapital el diputado Lamberto.

El objetivo del juicio por jurados es promover la integración ciudadana en el sistema judicial: "Que la ciudadanía participe en las cuestiones de Justicia, que se involucre", señaló Lamberto. Esta modalidad es uno de los últimos aspectos que falta legislar para la completa transformación de los procedimientos penales en Santa Fe.

Detalles de una propuesta. El proyecto que, a requerimiento de Hermes Binner, diagramó el bloque oficialista consiste en un tribunal integrado por cuatro ciudadanos (también llamados "jueces legos") y tres magistrados.

La participación de los ciudadanos seleccionados se impone con fuerza de carga pública. Salvo razones fundadas, el ciudadano no puede excusarse de participar del juicio. Recibe como compensación una suma equivalente a un día de remuneración básica de un juez por cada día de desempeño, además de gastos de movilidad, alojamiento y viáticos.

Los integrantes del jurado serán elegidos por sorteo de un padrón general de posibles jurados que deberá elaborar el Tribunal Electoral de la provincia. Los requisitos para integrarlo son: tener entre 25 y 65 años, ser argentino o con residencia en el país, tener educación secundaria completa, no ser empleado público ni miembro del Tribunal de Cuentas, entre otros.

Al momento de integrar un tribunal, la Oficina de Gestión Judicial correspondiente sorteará de esa lista a quince personas. La intención es que los sorteados "sean una muestra justa y representativa de la sociedad".

Tras esa preselección, se realizará una primera audiencia en la cual el fiscal, el defensor o el querellante pueden impugnar como máximo a tres personas. De los doce restantes se realiza el sorteo definitivo para nombrar a cuatro titulares y cuatro suplentes. Deben prestar juramento y los resguardan los mismos derechos que a los magistrados de no ser molestados por las partes, a fin de garantizar su independencia. Participan de procedimientos que no sean estrictamente de derecho y de las audiencias orales, que serán dirigidas por el magistrado que presida el tribunal.

El proyecto prevé que el juicio por jurados se instrumente ante delitos graves y que conciten interés público: homicidio calificado, violación seguida de muerte, homicidios con motivo y ocasión de tortura, homicidios en ocasión de robo, asociación ilícita, traición a la patria y atentado al orden constitucional y la vida democrática.

Entre pares. ¿Cómo se dictan los fallos? Una vez terminadas las audiencias de debate público, los jueces y los integrantes del jurado se reúnen a deliberar en privado. Sean o no magistrados, se expiden en igualdad de condiciones sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, el encuadre legal y el monto de la pena.

“Se trata de un modelo de integración mixta. Ello implica una toma de decisión importante: es darle el máximo posible de relevancia a la tarea de los jurados legos, al nivel de estricta igualdad con los jueces letrados”, señala el proyecto.

La iniciativa apunta a que los integrantes del tribunal lleguen a una decisión consensuada. Si no se ponen de acuerdo se impone la decisión de la mayoría. Los ciudadanos pueden adherir al voto de un juez letrado. Asimismo, los jurados que no compartan el voto mayoritario pueden adherir a los argumentos de los magistrados que votaran en minoría.

Si el jurado llega a una decisión distinta de los magistrados, debe recibir la asistencia del secretario del tribunal para fundamentar su decisión y darle formato jurídico. De lo contrario, la sentencia sería objeto de impugnaciones válidas: todos los fallos deben estar fundados jurídicamente.

El desafío de la participación ciudadana en los juicios no es menor en una sociedad habituada a efectuar su apresurado veredicto ante la menor difusión de casos penales que adquieren resonancia mediática. ¿Cómo evitar, en ese marco, el prejuzgamiento? Para Lamberto, se trata de dos escenarios distintos: “Cuando una persona acude a un jurado la responsabilidad no es la misma que cuando emite su opinión en un bar. La obligación que tiene por delante, decidir nada menos que si una persona es culpable o inocente, es una gran responsabilidad”, consideró.

Asuntos pendientes. También a instancias del Ejecutivo, según Lamberto, en Diputados ya se aprobaron con media sanción cuatro proyectos de leyes complementarias a la reforma penal: la ley del ministerio público, la del servicio público de la defensa, la ley de transición al nuevo código y la modificación de la Ley Orgánica de Tribunales para adaptarla al nuevo andamiaje procesal. Todos esos proyectos deben ahora pasar por el Senado.

Un quinto aspecto que ahora se debate en la Cámara baja es la ley de protección de testigos y querellantes. En ese orden, el juicio por jurados sería el sexto asunto a convertir en ley para que lentamente se vuelva realidad en el territorio de la provincia.

Reunión

Los Colegios de Abogados de la provincia se reunieron con la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para plantear su posición sobre el sistema de servicio público de defensa penal aprobado en Diputados. Los letrados quieren que los defensores oficiales sean sorteados de una lista que manejen las entidades.