La Justicia rosarina ordenó la inactivación dos semanas después de la imputación a tres presuntos vendedores de cocaína.
Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.
El búnker de Cosquín al 2800 fue denunciado muchas veces antes del allanamiento.
Una causa penal por la ley de microtráfico derivó este jueves en el bloqueo de búnker de drogas de la zona norte. Si bien la medida se desprende de una audiencia reciente, se trata de un punto de venta histórico del barrio La Cerámica y hay tres personas imputadas por la última denuncia.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe concluyó que no estaban dadas las condiciones para un derribo. En cambio, las autoridades decidieron dejar la puerta de ingreso cerrada y soldada sobre Cosquín al 2800, de manera que el lugar no pueda ser utilizado nuevamente para comercializar estupefacientes.
El fiscal Ramiro González Raggio confirmó que la venta de drogas era la principal actividad dentro del inmueble ubicado a metros de la avenida de los Granaderos. "No hay signos de que allí vivan personas", aseveró en cuanto al reporte del operativo policial realizado dos semanas atrás.
El búnker que funcionaba sobre la calle Cosquín fue allanado el 13 de febrero a las 14.40. La policía detuvo a un hombre de 32 años y dos jóvenes en este domicilio. Cinco días después, todos quedaron bajo prisión preventiva hasta el 28 de marzo por orden del juez Hernán Postma.
Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un envoltorio con cocaína. El paquete estaba debajo de una puerta y los fiscales consideran que se trata de un caso de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
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A partir de la orden judicial, la vivienda quedó totalmente bloqueada en puertas y ventanas. De esta forma, el domicilio se suma a una lista de más de 40 puntos de venta desactivados desde que Santa Fe adhirió a la desfederalización parcial de las causas sobre narcotráfico, hace poco más de un año.
El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Esteban Santantino, apuntó que unas 30 direcciones denunciadas corresponden a Rosario. El resto se reparten entre localidades del cordón industrial del departamento San Lorenzo y la ciudad capital.
El funcionario ponderó la medida adoptada este jueves como parte de un cambio positivo en materia de política criminal y persecución penal del microtráfico. También remarcó la convergencia de los tres poderes del Estado para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.
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