El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

En una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se dictó la prisión preventiva por seis meses para el titular de LTL Capital Advisors, el contador y asesor bursátil Marcelo Pozzi, imputado por estafa y administración fraudulenta.

La jueza Andrea Aronne hizo lugar al pedido del fiscal Ramiro González Raggio, a cargo de la investigación, y ordenó además la inhibición de bienes por seis meses y el embargo de una vivienda en Tierra de Sueños III (en Roldán) y de un Hyundai 2019, ambos propiedad del imputado.

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La prisión preventiva de seis meses se prorrogará automáticamente hasta la realización de la audiencia preliminar si la Fiscalía presenta la acusación dentro de ese período.

La defensa había pedido la libertad de Pozzi con un régimen de restricciones.

El pasado lunes 15, Tropas de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron a Pozzi en el centro de Rosario, en el marco de una causa por estafa y administración fraudulenta, vinculada a maniobras de defraudación en el mercado de valores.

Asimismo, por disposición del fiscal Ramiro Raggio, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los efectivos de las TOE llevaron adelante allanamientos en dos domicilios de la ciudad: uno ubicado en Maipú al 1400 y otro en San Martín al 800, ambos relacionados con una empresa vinculada a la finanzas bursátiles y corporativas.

Pozzi, de 48 años, fue detenido en la intersección de Pellegrini y Presidente Roca y se le secuestró un teléfono celular, una notebook, tres pendrives y un disco rígido externo.

Durante el allanamiento realizado en el domicilio de Maipú al 1400, el personal policial secuestró un libro memorándum con actas de la empresa investigada. En tanto, en San Martín al 800 se incautaron dos CPU, una notebook y documentación de interés.

La causa investiga una presunta defraudación a diversas víctimas mediante abuso de confianza y administración fraudulenta de fondos, que habrían sido confiados al imputado para su utilización en el mercado de valores, y que no habrían sido administrados conforme a los fines acordados. Las actuaciones continúan a cargo del MPA, mientras se analizan los elementos secuestrados en el marco de la investigación.