El comisario general Hugo Damián Tognoli, quien hasta octubre del año pasado fuera jefe de la policía de la provincia, quedó nuevamente detenido. A las 12.10 de ayer una camioneta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) trasladó al oficial desde los Tribunales Federales a las dependencias carcelarias del aeropuerto de Fisherton. Habían transcurrido casi tres horas desde que Tognoli arribara al edificio de bulevar Oroño al 900 para ser indagado por el juez Carlos Vera Barros por la presunta protección brindada a un traficante de drogas del departamento General López, una imputación por la que el mismo Tognoli había recibido la falta de mérito en el mes de diciembre último.
Pero desde entonces la causa tomó otro rumbo. Fue después de que la fiscal Liliana Bettiolo recibiera duras críticas por su accionar en el trámite del expediente y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la desplazará de sus funciones. Entonces fue nombrado Juan Patricio Murray, quien a partir del análisis de nuevas pruebas requirió al juez modificar la imputación contra el alto oficial y ampliar en consecuencia su indagatoria. Así, Tognoli llegó ayer a los Tribunales acusado de ser "coautor de tráfico de drogas en la modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por el concurso organizado de tres o más personas y su actuación en calidad de funcionario destinado a reprimir esos delitos".
Esta nueva imputación que los fiscales Murray y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Tognoli se enmarca en lo que definieron como una "empresa criminal conjunta" (ver aparte) de la que habrían participado el supuesto narco Carlos Andrés Ascaíni, el comisario mayor Néstor Fernández y el cabo de la policía santafesina Carlos Quintana junto al propio ex jefe de la policía.
A las 9.15 Tognoli y su abogado, Eduardo Jauchen, se bajaron de un auto de alta gama, recorrieron el pasillo que conecta con la puerta principal de ingreso de los Tribunales Federales sobre el bulevar Oroño y se dirigieron al juzgado Federal Nº3. El oficial, vestido con un traje de color marrón, lucía tranquilo. Cuando La Capital intentó interrogarlo acerca de la causa en la que está implicado se excusó con amabilidad y sugirió que su defensor brindaría las explicaciones del caso. Pero el abogado anunció que no formularía declaraciones.
La denuncia. El 19 de octubre pasado una nota publicada por Página/12 reveló una investigación de la PSA en la cual Tognoli, mientras fue jefe de la ex Drogas Peligrosas, aparecía protegiendo el accionar de Carlos Andrés Ascaíni, un hombre sindicado como narcotraficante y con domicilio en Villa Cañás.
La acusación se basaba en dos pruebas principales: el intercambio de mensajes de texto entre el comisario mayor Oscar Ledesma y una mujer vinculada con la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína en su local y que recibió como respuesta que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar los estupefacientes a Ascaíni. También se acusó a Tognoli por haber sido responsable de averiguar, en noviembre de 2009 y ante el Registro Nacional de Propiedad Automotor (RNPA), sobre la propiedad de dos vehículos que perseguían a Ascaíni y que, después se supo, pertenecían a la PSA.
La investigación judicial determinó que el pedido de ayuda de Ascaíni para saber de quiénes eran esos autos fue recibido por el suboficial Carlos Quintana en la comisaría de Villa Cañás, y que la averiguación al Registro fue realizada por el comisario Néstor Fernández, entonces jefe de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIII, quien era usuario responsable de la clave alfanumérica con la que se realizan ese tipo de consultas. Tras ello, en noviembre el magistrado dictó la falta de mérito para el ex jefe policial a la vez que procesó a los otros dos policías.
Palabra de perito. Sin embargo, cuando Murray se hizo cargo de la fiscalía en reemplazo de Liliana Bettiolo, le dio una nueva impronta al expediente y pidió nuevas pruebas. En ese marco la declaración testimonial de Jorge Likerman, responsable del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, apareció como "reveladora" para la nueva acusación.
Es que según ese funcionario, "Tognoli era el responsable que interactuaba administrativamente con el organismo, era el sujeto que realizaba los requerimientos de habilitación de usuarios y al que le remitían la documentación" de las averiguaciones.
Teniendo en cuenta tal declaración, el fiscal sostuvo que "Tognoli, en su carácter de director general de la ex Drogas Peligrosas y responsable de la clave (segu210183) otorgada por el Estado a la policía de Santa Fe y a la dependencia a su cargo para realizar investigaciones, la entregó a sus subordinados y tras ello validó una consulta que permitió darle un viso de legalidad a algo que no lo era".
En otras palabras, la nueva acusación ubica al ex jefe policial como integrante de una "empresa criminal conjunta" en cuyo marco "otorgó a los policías ya procesados (Quintana y Fernández) la clave para permitirle a Ascaíni intentar eludir la acción de la Justicia y continuar con una actividad ilícita cuyos beneficios económicos también beneficiaban a la dependencia policial" comandada por Tognoli, quien "debió conocer la consulta realizada por efectivos a su cargo y no pudo haber omitido un pedido de titularidad de un dominio inscripto a nombre de la PSA".
No podía con todo. "Resulta materialmente imposible que yo como Director ni ningún otro del personal revisara cada una de todas las consultas que habían efectuado cada uno de los usuarios al Registro durante los 90 días de vigencia en que habían tenido en uso su clave para ello”, dijo ayer Tognoli en su descargo de más de dos horas ante el juez Vera Barros.
En ese sentido, el ex jefe policial explicó que “había 6 funcionarios de la Dirección en diferentes lugares de la provincia que tenían clave para realizar consultas al RNPA y que cada uno de ellos realizaba unas 600 consultas dentro de cada período de vigencia de las mismas (90 días). De ese modo, cada vez que se estaba por vencer el período había que solicitar una renovación porque de lo contrario caducaban y en ese momento, teniendo en cuenta los números indicados, existían unas 3.600 consultas realizadas sin constancia de a quién pertencía el dominio de cada consulta como equivocadamente dice la fiscalía”.
Asimismo, Tognoli dijo: “Si yo tendría que haber revisado cada 90 días las 3.600 consultas y además solicitar al Registro cuál había sido el rsultado, o sea a quién pertenecía cada vehículo consultado, no solo no habría podido ejercer el delicado cargo que ejercía sino que tampoco me hubiera alcanzado el tiempo para realizar esa tarea”. Y remarca que “en un solo mes el comisario (Néstor) Fernández hizo 232 consultas”.
El comisario estimó que “la llamada convalidación de la que habla la Fiscalía es y fue siempre una mera formalidad administrativa que se mencionaba en el período de renovación” de las claves. Y que “si la Fiscalía pretende que forme parte de una «empresa criminal conjunta» porque el comisario Fernández, en otra ciudad de la provincia un día determinado realizó una consulta que supuestamente habría resultado ser sobre una unidad de la PSA, respondo que no, que jamás tuve conocimiento de eso y que era imposible que lo tuviera”.
Finalmente, Tognoli asumió ante el magistrado que era “interlocutor administrativo” con el RNPA como lo dijo el perito Likerman, pero que ese mismo funcionario nacional explicó ante el fiscal que eso significaba “asegurarse que el responsable siga estando en ese cargo al igual que los usuarios a fin de que cuando rotaran los responsables no permanezcan usuarios sin responsabilidad”. Y que el responsable era el comisario Néstor Fernández, quien “nunca me dio conocimiento de haber consultado el domininio de un vehículo que resultó ser de la PSA”.
Al cierre de esta edición Tognoli estaba en las dependencias de la Policía Aeroportuaria en Fisherton. Uno de sus hijos había llegado desde Santa Fe para traerle algunas pertenencias a sabiendas de que el juez tiene 10 días hábiles para decidir si lo procesa o le dicta, una vez más, la falta de mérito. En tanto, el fiscal Murray preparaba un pedido para que el ex jefe de policía sea llevado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal fuera de la provincia.
