Silvana Giménez tiene 26 cicatrices. Redondeadas, lineales o en forma de cruz. Le salpican la espalda, suben al cuello, avanzan por los brazos hasta las manos, dibujan un largo trazo del esternón a la pelvis. Pasaron doce años desde que un preso con salidas transitorias la atacó a puñaladas en un camino rural de Casilda una noche de Año Nuevo. Ella estaba en un auto con su novio policía y no tardó en darse cuenta de que era un plan de los dos para matarla. El uniformado y el preso fueron detenidos, cumplieron condenas y pasó el tiempo, pero cada vez que observa esas marcas para Silvana “todo vuelve”: “Ninguno de ellos tiene mis cicatrices ni mis secuelas, que nunca se van a ir”.
La dieron por muerta y la tiraron a una zanja, pero Silvana sobrevivió a costa de daños irreparables. A los 35 años no puede hacer fuerza, las cosas pesadas se les caen las manos, respira con dificultad y tiene miedo de salir a la calle. Vive sola con sus hijos, un nene de 11 años y una nena de 2 a los que no podría criar sin la ayuda de sus padres. No puede trabajar y sufrió un altísimo daño psicológico que una pericia oficial fijó en un 60,12 por ciento.
Por todo esto presentó en 2011 una demanda civil contra el Estado provincial por fallar en su deber de cuidado. Es que el ataque fue cometido por un empleado policial en funciones y un preso bajo su esfera de vigilancia. Once años después, ese trámite llegó a su fin: la provincia de Santa Fe fue condenada a resarcir a la chica en 22 millones de pesos por el daño físico, moral, estético y psicológico que marcó su vida.
Es un fallo novedoso. El expediente no consigna antecedentes de condenas por la responsabilidad refleja del Estado en delitos cometidos por presos durante salidas transitorias o en libertad condicional. El trámite tuvo idas y vueltas. En 2018, el juez Civil, Comercial y Laboral de Casilda Gerardo Marzi hizo lugar a la demanda. Fijó un monto en un millón y medio de pesos por daño material y 750 mil por daño moral. El abogado de Silvana, José Lanza, consideró que la suma era muy baja y apeló.
Los jueces de la Cámara Civil rosarina Oscar Puccinelli, Gerardo Muñoz y María de los Milagros Lotti avalaron la condena, pero ordenaron revisar el monto. En julio del año pasado la jueza Clelia Gómez lo elevó a 9 millones. Una cifra que, sumada a intereses, arroja 22.786.554 pesos. Así quedó fijado en la planilla que este año cerró el expediente. Sobre ese cálculo, el juzgado intimó a la provincia a incluir la indemnización en el presupuesto oficial del año próximo.
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La vida de Silvana era muy distinta antes del 1º de enero de 2010. Con 26 años, trabajaba como niñera y vivía con sus padres y ocho hermanos en una casa de campo cerca de Casilda. Iba a un gimnasio donde conoció al policía Raúl Jesús Vitar. Él se acercó a ella a través de amigos en común y empezaron a salir. Él tenía un noviazgo formal y mantenía una relación paralela con Silvana. Se veían los jueves o en fiestas con amigos.
A la 1.30 del primer día de 2010 el policía la pasó a buscar por una casa del centro de Casilda que ella cuidaba en ausencia de los dueños. En su BMW negro con rayas grises cruzó la ruta 33 y se detuvo en un viejo camino rural que conduce a Fuentes y que llevaba a la casa de Silvana. Entonces apareció un hombre robusto y de pelo enrulado que abrió la puerta del acompañante y amenazó a la chica con un arma. “Supuestamente era un robo, pero me atacó a mí nada más. Me pedía el celular. Yo tenía el celular, las llaves, la plata y quedó todo ahí, en el auto”.
El atacante dejó el arma sobre la luneta junto con varios cuchillos. Le tapó la boca con un trapo, le ató las manos con alambre y la hizo arrodillar junto a una zanja. Le sacó los zapatos, le pegó y empezó a apuñalarla con el cuchillo más grande. En todo ese tiempo Vitar, que llevaba el arma reglamentaria en el auto, permaneció quieto. Ella se dio cuenta de que era un plan para matarla y fingió estar muerta cuando el policía bajó del auto y le pateó la cabeza. “Ya está, vamos”, le dijo a su socio. La arrojaron a una zanja, la dieron por muerta y se fueron.
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Foto: Silvina Salinas / La Capital
La chica esperó a que el auto se alejara y salió de la zanja. Bañada en sangre y barro, como un espectro en la oscuridad, le hizo señas a un vehículo que atinó a pasar por el lugar. El conductor distinguió un bulto, llamó a la policía y luego reconoció a Silvana, que había sido niñera de sus hijos.
Una ambulancia la trasladó al Hospital Provincial de Rosario. En el camino, Silvana le advirtió al enfermero: “Raúl Vitar me hizo esto”. Sufrió 17 heridas de arma blanca que le afectaron los pulmones, el diafragma, el abdomen y el riñón izquierdo. Necesitó dos transfusiones y asistencia respiratoria. Logró reponerse pero no volvió a respirar con normalidad ni a hacer ejercicios.
El ataque era tan grave que movilizó a toda la cúpula de la Unidad Regional IV. A Vitar fueron a buscarlo sus jefes a una casa quinta donde festejaba el Año Nuevo con amigos después del atroz ataque. Antes había pasado por su vivienda a buscar dos botellas de champán. “Jefe, me mandé un poco”, reconoció el policía. Contó que había contratado al preso Juan Carlos Valentini para “darle un susto” a Silvana porque esa relación a escondidas ponía en riesgo su vínculo formal.
En su auto secuestraron su arma reglamentaria y el revólver calibre 38 usado en el hecho. De su celular se recuperaron los mensajes con Valentini, de quien era celador en la Alcaidía de la Unidad Regional de Casilda y al que le había ofrecido entre 500 y mil pesos. El preso había obtenido un permiso especial por las fiestas de fin de año. En su casa se encontró el cuchillo que cubrió de cicatrices a Silvana.
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Los dos fueron condenados en juicios abreviados del viejo sistema penal escrito a penas de 5 años y medio de prisión por intento de homicidio con alevosía y promesa remuneratoria. En un ostensible caso de violencia de género, el encuadre no incorporó esa perspectiva. Tras la reforma que incorporó el delito de femicidio en 2012, hoy sería juzgado bajo esa figura. Vitar cumplió la pena en prisión domiciliaria y luego se mudó a otra provincia. Valentini salió con libertad condicional y no regresó. Ninguno respondió la demanda civil que los emplazó a reparar a la víctima en forma solidaria con la provincia.
La sentencia plantea que el Estado es responsable por actos de sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. Si bien aquella noche Vitar estaba franco de servicio, señala que había tramado el ataque con tiempo y valiéndose de sus contactos como empleado policial. Mientras que Valentini era un preso que debía ser custodiado por la agencia estatal: “Este deber de custodia del Estado no se modificaba por las salidas transitorias concedidas al penado”, dice el fallo.
“Puede afirmarse sin duda alguna que los actos realizados por Vitar y Valentini fueron posibles por el estado policial de Vitar y la calidad de penado en Valentini, encontrándose ambos bajo la órbita del Estado provincial, quien resulta responsable de las conductas asumidas”, agrega.
“Es una buena sentencia -afirma el abogado Lanza-. Pero después de un trámite tan lento es injusto que Silvana deba esperar su indemnización hasta fines del año que viene. Nunca le ofrecieron ayuda o un lugar donde vivir, ni siquiera la vio un psicólogo”. Desde Casilda, ella reclama que “todo termine” para poder “cerrar esta historia”: “Tengo más miedo de salir a la calle ahora que antes. Fue muy duro y es muy duro. Siento rabia por los años que pasaron y estoy empezando a procesar lo que pasó, pero veo las marcas en mi cuerpo y todo vuelve”.
En primera persona
“Duermo con un ventilador, boca arriba, porque por los cortes que me hicieron en los pulmones me falta el aire. No puedo girar la cabeza porque me tira el cuello. Si hace frío, quedo doblada y chiquita como una abuela de cien años: se me empieza a doblar la espalda y no me puedo enderezar hasta recibir calor porque tengo la columna desviada por los cortes”.
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Esos padecimientos describió de puño y letra Silvana en una carta que presentó ante el juzgado Civil que tramitó su demanda. Allí cuenta que no puede levantar cosas pesadas, que sus manos no responden como antes y las cosas se le resbalan. A veces tiene movimientos reflejos como si estuvieran apuñalándola. Pero además del costo físico que la llevan a no poder “lavar con un cepillo ni levantar más de un litro de agua”, cuenta a La Capital que están las secuelas psicológicas.
“De mi casa salgo para llevar a mi hijo a la escuela que queda a dos cuadras y nada más. Sigo con ese miedo de estar pendiente, porque me lo he cruzado a (el ex policía Raúl) Vitar y me hizo mal”. La pericia psicológica compara con gráficos cómo se redujo la calidad de vida de Silvana después del ataque, cuando perdió espacios de diversión, esparcimiento, trabajo o estudio y sumó dolores y problemas para dormir. El examen físico enumera 26 cicatrices en los brazos, el cuello y el torso. La más larga, de 25 centímetros, comienza bajo el esternón y termina diez centímetros bajo el ombligo. Silvana es una mujer de contextura pequeña. La suma lineal de los cortes es de 75 centímetros: la mitad de su estatura.
