Denuncia de vecinos afectados por una saga de allanamientos hechos por balaceras

La petición de la Defensa Pública se formalizó ayer en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal (CJP) donde el defensor Francisco Broglia expuso ante el juez Héctor Núñez Cartelle la situación que denunciaron ante el organismo vecinos de los barrios Tablada, República de la Sexta y Sagrada Familia y también de Granadero Baigorria.

El objetivo del trámite fue describir que la policía irrumpió sin motivos aparentes en domicilios donde "secuestró objetos supuestamente de interés para la causa", pero que no fueron devueltos a sus dueños, ninguno de los cuales incluso fue imputado en el expediente. En ese marco se solicitó la invalidación de los procedimientos.

Una invasión

"Es grave porque hay consecuencias subjetivas sobre las personas que sufrieron los allanamientos, en algunos casos durante la noche, a familias con niños que no tienen nada que ver con el motivo de la investigación. Fueron 150 allanamientos de cuadras enteras, una excursión de pesca para ver si se encontraba algo, pero sin tener información previa. Surge entonces la pregunta de cuál es el límite del Estado para obtener resultados", advirtió Broglia.

En la pesquisa por las balaceras, diez personas fueron imputadas en octubre de haber participado con distintos roles en once ataques entre mayo y agosto que tuvieron como blanco a distintos edificios del Poder Judicial y viviendas en las que alguna vez vivieron jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad o sus familiares (ver aparte).

Sin embargo ninguna de las personas que solicitó asistencia de la Defensa Pública fue formalmente acusada en el proceso, pero tampoco les devolvieron los elementos incautados en los allanamientos a sus hogares.

En representación de los 43 damnificados, Broglia puntualizó que las órdenes de allanamiento fueron libradas "sin fundamentación y sin cumplir con las exigencias establecidas a nivel legal, en violación a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, por lo cual solicitó "extirpar del proceso los resultados" y la devolución de los efectos secuestrados.

Según esa valoración, se realizaron al menos 150 allanamientos. "Muchos de los ocupantes de las propiedades allanadas se presentaron ante esta Defensa Pública manifestando desconocer los motivos del procedimiento, que no recibieron copia de la orden de allanamiento ni acta con el resultado", recalcó el abogado.

Sin justificación

En muchos casos describieron haber sufrido secuestros de pertenencias, como artefactos electrónicos, celulares y computadoras portátiles. La defensa recalcó que de un listado de 20 pedidos de informes elevados al Ministerio Público Fiscal (MPA), sólo se respondieron tres, pero sin especificar cuáles fueron los fundamentos que dieron lugar a los allanamientos.

"Solamente se limitan a adjuntar una copia de la orden y una copia del acta respectiva. No se transcriben los fundamentos que justificaron la suspensión temporal de la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, no conocemos hasta el momento dichos fundamentos", advierte la defensa sobre los allanamientos masivos.

Al pedido de la defensa adhirieron los defensores particulares Juan Pablo Audissio, Maximiliano Roupani, Jorge Alcaraz en representación de alguno de los vecinos. Por la Fiscalía, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo se opusieron y rechazaron el planteo de la defensa "por la falta de legitimación".

A criterio de los investigadores, los allanamientos estuvieron correctamente fundamentados. Sin embargo reconocieron que están en trámite de restitución algunos de los objetos reclamados por sus titulares.

El juez Núñez Cartelle cerró la audiencia sin resolver el conflicto y decidió tomarse el plazo de ley para dar a conocer su decisión, la cual se podría hacer pública hacia fines de la semana próxima.