El flamante Centro de Justicia Penal comenzó a funcionar ayer ni más ni menos que con el juicio oral y público que tendrá sentados en el banquillo de los acusados durante los próximos cuatro meses a los integrantes de la banda de Los Monos. Hasta el día en que la megacausa por asociación ilícita que tiene a 25 imputados termine de ventilarse, el edificio de barrio Hospitales que hasta hace unos días estaba inactivo se destinará sólo a ese trámite. La primera audiencia se inició con casi tres horas de retraso por una exigencia de los ocho acusados que llegan al juicio tras las rejas: que se diera marcha atrás con su traslado de la cárcel de Piñero al penal de Pérez y no utilizar las celdas que hay en el subsuelo del nuevo edificio para pernoctar de lunes a jueves, jornadas en las que habrá audiencias. Por eso, no sólo presentaron un hábeas corpus, sino que se arrancaron las ropas que vestían y se negaron a subir al salón donde se desarrolla el juicio. Al final del día lograron su cometido y una disposición del Tribunal ordenó que día a día los acusados sean llevados y traídos desde sus celdas de Piñero.
Ese traslado y la presencia de los otros acusados, algunos de ellos aún en libertad, obligaron al Estado provincial a montar un operativo de seguridad dentro y fuera del flamante Centro de Justicia Penal, ubicado en Mitre y Virasoro, desde las primeras horas de la mañana de ayer. Desde afuera, el patrullaje de las distintas fuerzas de seguridad santafesinas podía verse en todos los ingresos al edificio e incluso en los techos del mismo, donde se apostaron francotiradores.
La sala habilitada para el debate está ubicada en el segundo piso y en todo el recorrido para llegar hasta allí se notó una fuerte custodia policial, tal y como lo había previsto el Ministerio de Seguridad, que afectó cerca de 180 efectivos al operativo.
El ingreso a la prensa (local y nacional) se habilitó a las 8 por una cuestión de organización. Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos acreditados para la cobertura eran muchos y debían estar ubicados en las zonas habilitadas antes de que se diera inicio al debate.
La audiencia estaba prevista para las 9. Y a esa hora los representantes de la Fiscalía ocuparon sus lugares. Poco después lo hicieron los 17 imputados que llegaron al juicio en libertad junto con sus defensores. Pero los asientos reservados para los acusados que permanecerán detenidos, al menos hasta el final del juicio, siguieron vacíos. Lo que no se supo hasta horas después es que los imputados se negaban a subir a la sala de audiencias hasta que no se resolviera la situación de su alojamiento.
Hábeas corpus
El lunes Ariel Máximo "Guille" Cantero, su hermano de crianza Ramón "Monchi" Machuca, Leandro Vilches, Jorge Chamorro, Edgardo Fernández, Mariano Salomón y Daniel Jure, presentaron a través de sus abogados un hábeas corpus por el agravamiento de sus condiciones de detención. El pedido se hizo extensivo también a Ariel "El viejo" Cantero.
En el escrito argumentaron es que la decisión de hacerlos abandonar la cárcel de Piñero para trasladarlos a la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez, y de que pasaran parte de la semana (de lunes a jueves) alojados en la alcaidía del subsuelo del Centro de Justicia Penal, empeoraba sus condiciones de detención.
Según fuentes judiciales y del gobierno provincial, ese fue el reclamo que dilató casi tres horas el inicio del debate. Es que durante el feriado del lunes los detenidos fueron llevados desde Piñero a Pérez. Pero una vez allí se arrancaron la ropa en señal de protesta. Ayer a la mañana, cuando el personal del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciario (Goep) se dispuso a trasladarlos a la sede del juicio, tuvo que intervenir para que se vistieran con otra ropa, casi como una madre que viste a su hijo. Ya en el Tribunal la situación se repitió. Alojados en el subsuelo volvieron a romper las prendas que llevaban puestas y el Goep volvió a interceder.
Pasadas las 10, tres de los imputados (Salomón, Fernández y Jure) llegaron a ingresar a la sala de audiencias, pero en seguida pidieron hablar con sus defensores. Y para eso los llevaron a una sala contigua adonde estaban los demás detenidos. Allí, por tercera vez se quedaron sin ropas.
De vuelta a Piñero
Recién a las 11.40, y luego de de que el Tribunal resolviera informalmente que después de la audiencia iban a ser trasladados a Piñero (lo que reclamaban con el hábeas corpus) todos los imputados ingresaron a la sala de audiencias con chalecos antibalas y acompañados de sus defensores. Los últimos en ocupar sus lugares fueron "Monchi", "El viejo", Vilches, "Guille" y Chamorro. Fueron también lo que más custodia tenían asignada: ocho efectivos del Goep con cascos, chalecos y armas largas.
Finalmente, el problema se zanjó cuando el tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga sacó una resolución dirigida al jefe del Servicio Penitenciario en la que se establece que "deberán trasladar a los imputados Ariel Máximo Cantero (padre), Ariel Máximo Cantero (hijo), Jorge Emanuel Chamorro, Leandro Vilches, Ramón Ezequiel Machuca, Mariano Germán Salomón, Walter Jure y Edgardo Fernández, al finalizar la audiencia del día de la fecha con las debidas medidas de seguridad hacia la Unidad de Detención XI de Piñero, debiendo ser nuevamente trasladados al día siguiente a las 8 con motivo de la continuidad del juicio y así sucesivamente hasta tanto el Tribunal de juicio se expida sobre los recursos de hábeas corpus impetrados".
Bajo control
Asimismo, el dictamen manifiesta que "se deja constancia que lo ordenado no debe menguar las debidas medidas de serguridad respecto del personal policial y demás fuerzas de seguridad tanto en lo atinente al edificio del Nuevo Centro de Justicia Penal como a los traslados de los detenidos".
Después de solicitar a todos los imputados que aportaran sus datos y a los letrados que indicaran a quiénes representaban, Manfrín se dispuso a darle la palabra al fiscal Luis Schiappa Pietra para que expusiera su alegato de apertura. Pero eso recién ocurrió a las 15, porque Carlos Edwards, el defensor de "Monchi", pidió la palabra para solicitar la recusación de dos de los magistrados: el propio Manfrín y Más Varela. Su argumentación llevó casi una hora y el presidente del Tribunal dispuso un cuarto intermedio para resolver esa cuestión que no le dio la razón al abogado.
