Uno de los imputados es juzgado en Reconquista por abuso sexual de una menor y en ese marco obligaron a la madre de la víctima a realizar una declaración con contenido falso
El juicio oral y la imputación contra los abogados se realizaron en los Tribunales de Reconquista.
Cuatro abogados fueron imputados por amenazas coactivas y falso testimonio cometidos en el marco de un juicio oral que se está desarrollando en Reconquista, y en el que uno de esos profesionales está acusado de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la hija menor de edad de la mujer amenazada.
Los imputados son Ricardo Degoumois (padre), Ricardo Degoumois (hijo), Andrés Ghio y Daniel Barale, quienes fueron acusados por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia Valentín Hereñú, Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Reconquista.
La investigación se inició a partir del testimonio de la madre de la víctima de abuso sexual en el marco del juicio oral. “En su declaración, la mujer dio detalles de las amenazas que sufrió por parte de los cuatro imputados. Puntualizó que le hicieron decir en el juicio información falsa que ya habían incluido en una declaración previa que la obligaron a firmar bajo presión”, señalaron los fiscales.
Los fiscales comentaron que entre septiembre y noviembre de este año, ante el comienzo del juicio oral, los abogados acusados generaron numerosos encuentros presenciales con la madre de la víctima. “Los cuatro abogados conocían la situación de vulnerabilidad de la mujer y se aprovecharon de ello. También sabían del vínculo de parentesco y cercanía afectiva de ella con un hombre imputado en otra causa penal, quien es defendido por los letrados investigados”, detallaron.
Los funcionarios del MPA explicaron que “para la primera reunión que concretaron con la madre de la víctima, una clienta de Degoumois bajo órdenes de los cuatro imputados se contactó con la mujer, coordinó el encuentro y la llevó hasta el lugar. Al llegar, le mostraron a la mujer evidencias que utilizarían en el juicio oral y con la que le dijeron que atacarían la dignidad y el honor de su hija”, relataron los fiscales y sostuvieron que “tenían como objetivo que la mujer cambiara la abogada que había elegido y designara un profesional de confianza de los imputados”.
“Además le dijeron que si ella lograba influir sobre su hija para que desista de sus acusaciones, le comprarían una moto y le entregarían dinero”, remarcaron los fiscales, y agregaron que “en tres oportunidades le entregaron dinero a la mujer: la primera fue a través de la persona que coordinó los encuentros, y la segunda y tercera a través de uno de los abogados imputados”.
Hereñú, Díaz y Del Río Ayala indicaron que en uno de esos encuentros obligaron a la madre de la víctima a “firmar una declaración con falso contenido, para luego utilizarla como declaración previa en el juicio”, y subrayaron que “todo esto se dio en un contexto intimidatorio mientras la mujer era filmada suscribiendo el documento”.
“En la audiencia del juicio realizada el jueves 5 de diciembre, el acusado de delitos sexuales utilizó la declaración previa mientras ejercía su propia defensa”, recordaron los fiscales y añadieron que “en ese acto, el documento quedó incorporado al proceso, y a partir de dicha instancia se generó el peligro concreto de que las falsas declaraciones contenidas en el mismo indujesen a error a la Fiscalía y al tribunal del juicio".
"Los abogados imputados —agregaron los fiscales— lograron el objetivo que se habían fijado en el marco del plan criminal, es decir, que la madre de la víctima y testigo del juicio, que estaba declarando bajo juramento, admitiese como verdaderas las afirmaciones falsas contenidas en el documento, todo a partir del temor que le provocaron y que le impidió el libre desarrollo de sus actos”.
Los cuatro abogados fueron imputados como coautores de amenazas coactivas y falso testimonio. Por su parte a Barale y Ghio también se los investiga por el delito de encubrimiento. A su vez, Ghio fue imputado por la tenencia ilegal de armas ya que en un allanamiento en su casa se encontraron dos escopetas, una carabina y una pistola 9 milímetros aptas para disparar y de las cuales no tenía autorización.
Si bien los fiscales pidieron la prisión preventiva para los cuatro abogados y el juez Gonzalo Basualdo no desestimó posibilidades de entorpecimiento probatorio como el peligro de fuga, el magistrado optó por dictar una serie de medidas de conducta para los imputados en lugar de dejarlos tras las rejas. Entre ellas ordenó una prohibición de contacto total, absoluta y por cualquier medio con la víctima y con testigos, así como restricciones totales para salir de la provincia de Santa Fe e incluso acercarse al puerto de Reconquista. Además dictó una fianza de 20 millones de pesos para cada uno y la obligación de presentarse dos veces por semana en una sede del MPA.
La acusación contra los abogados implicó la suspensión del juicio oral que se venía desarrollando, cuya reanudación fue requerida por los fiscales. “Es de suma importancia que se reanude el juicio oral, de conformidad al principio de celeridad y a las obligaciones internacionalmente asumidas que convierten al caso en prioritario en orden a la celebración de audiencias que permitan el avance del proceso”, solicitaron en el escrito. En tal sentido la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista anunció que el debate se reanudará este jueves a las 8 de la mañana.