Controversia judicial luego de la detención de una mujer con drogas

La detención en la calle de una mujer joven con varios envoltorios de estupefacientes y una bolsa que contenía más de 16 mil pesos provocó una situación de controversia en el ámbito político y de la Justicia Federal de Rosario. Esta persona es miembro de la familia Caminos, que tiene a varios de sus miembros implicados en una causa federal por narcotráfico y que aparece como eje de una disputa por conflictos derivados de la venta barrial de droga que generaron hechos de extrema violencia este mismo año.

Por esa razón el fiscal federal a cargo del caso solicitó el allanamiento a la vivienda de la mujer pero esta medida resultó denegada por el juez federal Marcelo Bailaque.

De rutina

La detención se produjo el miércoles a las 22.30 en un operativo de Gendarmería que fuentes de esa fuerza calificaron de control rutinario en la zona del complejo municipal de zona sur donde residen varios miembros de la familia aludida. Los gendarmes requisaron a la joven de 23 años y, según lo informado al juzgado federal en turno, en presencia de testigos encontraron cuatro envoltorios con 17 gramos de marihuana y 18 bolsas de cocaína que pesaron 14 gramos y una bolsa de polietileno con 16.880 pesos.

La joven fue detenida por tenencia simple de drogas pero quedó en libertad porque para el juez no quedó probada la finalidad de comercio de la droga incautada. El fiscal federal 2 Claudio Kishimoto solicitó el inmediato allanamiento de la vivienda de la joven ante la sospecha de que hubiera allí más material estupefaciente o elementos que implicaran un delito y no la tenencia simple que no es una conducta penalizada.

Rechazo

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de allanamiento en base a la insuficiente fundamentación del requerimiento impulsado por el fiscal.

Fuentes de la causa indicaron que el magistrado evaluó que se detuvo a una persona en iguales condiciones que a muchas personas con una cantidad de droga que no justificaba una medida como la requerida, lo que descarta la idea de que el mismo apellido de alguien implicado en un delito puede bastar para justificar un arresto o un allanamiento.

Los fundamentos se tienen que dar para levantar la garantía constitucional, en este caso la inviolabilidad del domicilio, y no al revés, es el pensamiento del juez. Por ello, porque valoró que no había basamento suficiente, Bailaque denegó la irrupción a la casa de la demorada, que tras la consulta fue liberada.

El planteo del fiscal justamente aludía a una situación contextual para pedir el acceso al domicilio de la mujer: la detención en un lugar caracterizado por hechos de violencia letal en el marco de disputas por narcotráfico, la pertenencia de la joven detenida a una familia con personas que tienen causas por este delito.

El conflicto entre el grupo Caminos/Segovia contra el grupo Funes/Ungaro produjo, según un informe reciente del Ministerio Público de la Acusación, más de 30 muertes en dos años. La idea del fiscal es que allanar el domicilio era una medida lógica en el contexto de una detención en un hecho de flagrancia. El espíritu del planteo de la fiscalía pasa, según la idea planteada por fuentes cercanas, en el contexto histórico de Rosario hoy. En muchas causas parecidas no se pediría una medida semejante pero en este caso la petición la habilita la situación de la persona investigada, sus conexiones y el momento.

"Rosa blanca"

En marzo de 2016 precisamente el juez Bailaque procesó a once personas detenidas en 22 allanamientos en los barrios Tablada, Municipal y Saladillo, y en la villa Del Tanque. La principal detenida era Rosa Caminos, hermana de "Pimpi", ex líder de la barra brava de Newell's asesinado en 2010. El procedimiento se denominó "Rosa blanca" y motivó la llegada a Rosario de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al entonces jefe de la Federal, el superintendente Román Di Santo.

Bailaque procesó a Rosa Caminos, de 46 años, y a Antonella Daiana Agüero, de 24, como "coautoras de organizar bandas dedicadas a comercializar estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas". El juez presentó a Agüero como la líder de una banda que proveía de droga a Caminos, quien las volcaba a sus bocas de expendio. Según los investigadores, la organización comercializaba 30 kilos de drogas por semana con una ganancia de tres millones de pesos lo que implicaba 12 millones al mes.