Condenaron a una banda que hacía delivery de drogas en zona sur

El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario impuso condenas de hasta 11 años de prisión a los integrantes de una banda que hasta diciembre de 2017 traficó cocaína y marihuana en la zona sur de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez a través de delivery. En el juicio, que se desarrolló en parte de manera presencial y en parte virtual, intervino el fiscal general Fernando Arrigo junto a la auxiliar fiscal Federica Tiscornia, quienes habían solicitado condenas similares a las dictadas.

La condena más alta, a 11 años de cárcel, fue impuesta a Diego Gentini, quien para la Fiscalía comandaba la banda junto a su pareja, Ayelén Duré, que fue penada con 9 años de cárcel. Ambos, dijo la acusación, “ostentaban un importante poder territorial a partir del acceso a armas de fuego” y “en algunos casos la actividad ilícita la desplegaban en presencia de menores de edad”.

Los demás condenados fueron Rodrigo Rígoli, quien recibió una pena de 9 años y medio de cárcel; Liliana Rivero, a 9 años; Angel Elmo, a 8 años; Jonatan Gentini, a 7 años y medio; Alan Fernández, Cintia Caballero, Alejandro Leguizamón y Antonio Silva, quienes recibieron 6 años y 6 meses de cárcel; y Paola Jovine, que deberá cumplir 6 años tras las rejas. En tanto para Luciano Elmo la condena fue de 3 años de prisión de ejecución condicional al ser considerado partícipe secundario del delito.

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Según lo publicado en la página fiscales.gov.ar, “la calificación legal fue la de coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de intervinientes”. Y se remarca que dos personas que llegaron acusadas al juicio recuperaron la libertad al ser absueltas.

La sentencia, además de las penas de prisión, incluyó también multas que oscilan entre los 85 mil pesos y 1.832.000 mil pesos de acuerdo a las sentencias recibidas por los integrantes de la banda, sumando entre todos un total cercano a los siete millones de pesos y el decomiso de vehículos, dinero, notebooks, teléfonos celulares y balanzas, entre otros elementos secuestrados en los operativos realizados a la hora del arresto de los implicados.

La pesquisa la originó la Unidad Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario a partir de un dato que sostenía que en el Fonavi Latinoamérica, de Ovidio Lagos y Rueda, se comercializaban estupefacientes. A pedido de la Fiscalía Federal 1 que intervino en la etapa de instrucción “se dispusieron tareas de investigación que finalizaron el 4 de diciembre de 2017 con una saga de allanamientos, detenciones y la incautación de material estupefaciente, dinero, celulares y vehículos.

Con el avance de la investigación se estableció que la pareja considerada como líder de la banda y que fue apresada en una casa de Gorriti al 800 de Villa Gobernador Gálvez, donde se incautaron más de dos kilos de cocaína y elementos de fraccionamiento, era la encargada de proveer la droga a allegados y familiares mientras que otros la distribuían a quienes la vendían al menudeo. Oportunamente, los detenidos fueron indagados y procesados por el juez federal Marcelo Bailaque, medida confirmada más tarde por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

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Tras ello el fiscal Guillermo Lega requirió la elevación a juicio de la investigación al considerar que entre los acusados “hubo un reparto de tareas, alternado, sucesivo o conjunto, en el que todos los integrantes intervenían con pleno conocimiento y aceptación del plan final, participar de la cadena de narcotráfico y cada uno sacar provecho de ello”.

Al valorar los elementos de prueba, en su alegato en juicio el fiscal Arrigo indicó que “Gentini y Duré eran los encargados de proveer las sustancias estupefacientes al resto de los miembros de la organización, quienes fijaban la forma en que se distribuía la droga, las cantidades que dejaban a cada uno de los encargados de llevar adelante la comercialización al menudeo y disponían la forma de hacerlo”.

En ese sentido, el fiscal Arrigo dio cuenta de una serie de conversaciones entre los ahora condenados que demostraron la vinculación y los roles desempeñados en la organización.

Por otra parte, la Fiscalía no descartó que la banda haya tenido algún tipo de “cobertura policial” para el desarrollo del negocio ilícito “que llevaba adelante sin sobresaltos” y recordó, además, que se inició por separado una causa para la investigación del delito de lavado de activos provenientes de esta operatoria.