El juez Edgardo Bonomelli, titular del Juzgado Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual Nº5, condenó a tres médicos y a una exdirectora del Hospital Provincial de Rosario a pagar una indemnización por daño moral, más los intereses correspondientes, por la atención brindada a una mujer que había sido víctima de un ataque sexual y fue registrada como si hubiese estado alcoholizada. Además, ordenó que todo el personal del establecimiento reciba capacitación en perspectiva de género en el marco de la ley Micaela.
El caso se remonta al 7 de julio de 2019, cuando Gimena Corral, médica de profesión, ingresó al Hospital Provincial después de haber sido drogada, asaltada, abusada sexualmente y golpeada en la zona de Maipú al 2200. Pese a las lesiones que presentaba, en el establecimiento registraron su ingreso como un cuadro de intoxicación alcohólica y la atendieron bajo ese diagnóstico, sin advertir que podía haber sido víctima de violencia sexual.
Gimena tenía entonces 28 años. Un grupo de vecinos la había encontrado tendida en la calle, ensangrentada, con golpes visibles y la ropa interior rasgada. Ante esa situación, llamaron al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El médico que acudió en la ambulancia, quien la conocía porque habían sido compañeros de facultad, consideró que estaba alcoholizada y dispuso su traslado al Hospital Provincial. Sin embargo, al llegar al establecimiento no advirtió al personal sobre la posibilidad de que hubiera sufrido una agresión sexual.
En el hospital dieron por válido el diagnóstico de intoxicación alcohólica sin realizar los estudios necesarios para determinar su verdadero estado clínico. Tampoco activaron el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que contempla —entre otras medidas— la anticoncepción de emergencia y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Gimena estaba golpeada, en estado de shock y sin posibilidades de explicar lo que había ocurrido. En algún momento una persona la reconoció y desde el establecimiento lograron comunicarse con su familia.
Cuando su madre llegó al hospital habían transcurrido unas seis horas desde el ataque. Encontró a su hija acostada en una camilla ubicada en un pasillo, todavía ensangrentada y con lesiones visibles. Alarmada por su estado, levantó la sábana que la cubría y le advirtió a una enfermera que la joven había sido golpeada y que posiblemente había sufrido una violación. También cuestionó que se la estuviera tratando como una paciente en coma alcohólico. La respuesta que recibió fue: "No, mamita, no tiene nada grave". La enfermera se retiró sin que, según el relato incorporado a la causa, se modificara la atención.
Varias horas después, Gimena fue trasladada al Hospital Español, donde actualmente trabaja como médica. Allí le realizaron los estudios y análisis correspondientes y recibió la asistencia que requería su estado de salud.
La reconstrucción de lo sucedido permitió establecer que aquella noche Gimena había estado en el bar Antares, que en 2019 funcionaba sobre avenida Pellegrini. Había concurrido con dos amigas, pero después de que ellas se retiraran permaneció conversando con dos mujeres desconocidas con quienes compartía una mesa, una modalidad habitual en ese establecimiento.
Gimena sostiene que no había bebido en exceso y sospecha que las dos mujeres pudieron haber colocado alguna sustancia en su vaso mientras ella estaba en el baño. Según su relato, cuando regresó y tomó un último trago, las desconocidas se ofrecieron a llevarla a su casa. Las tres subieron a un taxi y, de acuerdo con su reconstrucción, las mujeres le habrían robado sus pertenencias antes de abandonarla en Maipú al 2200. Fue allí donde posteriormente la encontró el hombre que la agredió sexualmente.
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La detención y condena del agresor de Gimena Corral
La investigación penal permitió identificar al responsable del ataque sexual. En diciembre de 2020 fue detenido Claudio Aguiar, de entonces 36 años, durante un procedimiento realizado en las inmediaciones de Santa Fe y Buenos Aires. Su identificación fue posible a partir de distintas tareas investigativas y de las imágenes de cámaras de seguridad que la Fiscalía había difundido para avanzar en el esclarecimiento del caso. El hombre fue posteriormente condenado por los hechos.
Una cámara de vigilancia privada registró parte de la agresión. En las imágenes se observa a Aguiar llevando en brazos a Gimena, quien parecía estar inconsciente, hasta dejarla en el suelo. Luego se abalanzó sobre ella e intentó abusarla mediante tocamientos y besos. La joven trató de resistirse y escapar, pero el atacante la golpeó contra la fachada del edificio donde estaba instalada la cámara. Finalmente, el hombre abandonó el lugar.
La búsqueda de justicia por la atención recibida en el Hospital Provincial
La condena penal del agresor no puso fin al reclamo de Gimena. La mujer consideraba que, además de la violencia que había sufrido en la calle, había sido revictimizada por el personal médico que debía asistirla y que no reconoció los signos de una posible agresión sexual.
María Victoria San Juan, una de las abogadas que llevó adelante la demanda junto con Paula Temperini, explicó a La Capital que su clienta no buscaba únicamente una reparación económica, sino también que se reconocieran las falencias en la atención y se adoptaran medidas para evitar situaciones similares.
"Sólo quería que sus colegas admitieran los hechos y que en el hospital se hicieran los cursos de género que corresponden al programa de la ley Micaela", relató San Juan.
La abogada recordó que Gimena llegó al estudio jurídico en 2022, después de haber recurrido al Colegio Médico. "La doctora Paula Temperini y yo tomamos el caso, nos jugamos porque era un caso complejo, pero los argumentos eran irrebatibles", señaló.
Según explicó, uno de los mayores obstáculos que encontró la víctima fue que su reclamo parecía darse por terminado una vez que la Justicia penal había identificado y condenado al agresor. Sin embargo, ella insistía en que todavía quedaba pendiente determinar las responsabilidades por el trato que había recibido en el hospital.
"Cuando Gimena contaba su caso, desde la Justicia y otras instancias le decían que el caso estaba cerrado desde lo penal, y que su agresor ya estaba preso. Ella sostenía que la habían revictimizado y quería ir un paso más allá", expresó San Juan.
Durante el juicio por responsabilidad civil surgieron además reconocimientos sobre lo ocurrido dentro del establecimiento sanitario. La entonces directora del Hospital Provincial admitió que los médicos no habían aplicado los protocolos correspondientes porque consideraron que no existía una situación de abuso sexual. También reconoció que las capacitaciones en perspectiva de género que se habían comprometido a implementar nunca llegaron a realizarse.
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El hospital que erró en el diagnóstico y ejercío violencia institucional
El fallo
El juez Bonomelli consideró que hubo “una falla estructural” y violencia institucional y que "un estereotipo desplazó la posibilidad de investigar un abuso sexual: los profesionales atribuyeron su estado al consumo de alcohol y omitieron la atención que necesitaba" dijo la abogada.
San Juan destacó que "que la primera respuesta del sistema de salud terminó convirtiéndose en una segunda experiencia de violencia para la mujer. Para Gimena la violencia más cruenta fue la ejercida por sus propios colegas, que la estigmatizaron planteando que era una borracha, era violencia institucional y había quedado impune”.
Si bien la demorada pericia médica determinó que la atención no agravó las lesiones físicas, la causa siguió su curso. "El juzgado hace lugar por el caso de violencia institucional y la revictimización, el daño sufrido por Gimena debía repararse aunque no hubiera un empeoramiento de sus lesiones. Lo que debía ser la primera respuesta reparadora del sistema de salud se convirtió en una segunda experiencia de violencia”, señaló.
En todo el proceso Gimena cursó largas jornadas con terapeutas, padeció síntomas de pánico y "hasta se sentía culpable" sostuvieron sus abogadas. Los cuatro condenados deberán pagar una indemnización por daño moral, más intereses, y acreditar la aprobación de la capacitación en género y violencia contra las mujeres prevista por la ley Micaela. Una evaluación de profesionales evalúo que la pena podría alcanzar los 25 millones de pesos, aunque depende de instancias posteriores.
