Una brutal balacera con dos heridos contra una quiosco de Génova al 1600 dejó al descubierto, un año y cuatro meses atrás, el accionar de una banda de extorsiones y narcomenudeo dirigida por un preso desde la cárcel, cuyo padre policía actuaba como nexo con los colaboradores externos. Seis personas fueron acusadas de integrar la organización polirrubro por cuyo liderazgo fue condenado el interno Edgardo David Avila, de 34 años, a una pena única de 23 años y 8 meses de prisión. Otro acusado recibió en el mismo acuerdo abreviado 14 años de prisión por intervenir en un intento homicida.
La investigación al grupo se inició tras una balacera del 5 de septiembre de 2022. Cerca de las 18, un joven entró al quiosco de Génova al 1600, en Alberdi, y comenzó a disparar. Hizo cuatro tiros dentro del local y otros seis para cubrir su escape. En la balacera resultaron heridos un empleado del local, a quien un balazo le perforó el brazo izquierdo, y una clienta de 68 años que estaba en una carnicería de la cuadra, alcanzada en el abdomen por una bala que perforó la puerta de vidrio del local.
Con el avance de la investigación se descubrió que el objetivo del ataque no era ese negocio sino uno vecino que estaba abierto toda la semana. Al frente estaba el padre de Avila, un policía entonces retirado. Tras los disparos, los vecinos contaron que en el minimarket se planeaban ataques y extorsiones y que además se vendían drogas. “Gracias a Dios la sacamos barata. Esto pudo ser una masacre. No puedo creer lo que sucedió”, dijo el dueño del local atacado, quien no había recibido mensajes extorsivos.
Un mes más tarde se realizaron 16 allanamientos ordenados por el fiscal Franco Carbone en la zona oeste rosarina, la ciudad de Roldán, la localidad de Monje —donde se incautó un verdadero arsenal— y también en cárceles de Coronda, Rosario, Piñero y Pérez. El grupo fue acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a balaceras, extorsiones y usurpaciones, entre otros delitos como la tenencia, portación y venta de armas de fuego.
Como líder de la organización fue situado Avila, a quien los jueces Fernando Sosa, María Isabel Mas Varela y Aldo Bilbao Benítez condenaron este martes a 16 años de prisión. Lo hicieron al avalar un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal y la defensa. La pena se unificó en 23 años y 8 meses de prisión efectiva con una que había recibido en 2021 por portación de arma de guerra y encubrimiento. Los delitos que asumió ahora son los de jefe de una asociación ilícita, portación ilegal de armas e intento de homicidio calificado por ser cometido entre más de dos personas.
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Esto último alude a un hecho del 3 de junio de 2020 a las 21, cuando los dos condenados junto a un tercer cómplice convocaron a San Martín y Camino Rural de General Lagos a dos personas a quienes les dispararon “con la evidente finalidad de quitarles la vida a ambos, o al menos a uno de ellos, sin lograr su cometido por el accionar rápido de personal médico y de salud”. Por ese crimen fallido más la portación ilegal de un arma recibió 13 años y 8 meses de prisión el acusado Joan Ríos; pena que se unificó en 14 años de prisión con un anterior que pesaba sobre el joven de 28 años por los delitos de robo, encubrimiento y portación de arma de uso civil.
Según la sentencia, la organización era dirigida desde su lugar de alojamiento por Avila, quien “imparte las órdenes a los demás miembros de la banda. Esta persona opera desde el establecimiento penitenciario las 24 horas del día ordenando atentados con armas de fuego contra diferentes personas, eligiendo a las personas que van a cumplir cada uno de los roles en los hechos, disponiendo el uso de armas de fuego de gran poder ofensivo y vehículos”, además de administrar la atención de los búnkers de venta de drogas y controlar su recaudación.
Otros acusados de integrar el grupo son su padre Edgardo Luis, a quien le asignan “un rol de vital importancia para el funcionamiento de la banda, operando como nexo entre su hijo detenido y el resto de la organización”. Silvio Walter O. está acusado de ser el proveedor de las armas, chalecos antibalas y municiones aprovechando su carácter de legítimo usuario de armas de fuego.
En tanto que Tobías Agustín M. fue imputado como “brazo ejecutor” de amenazas, coacciones y homicidios por encargo. Su tío Pablo Samuel C. “tiene pleno conocimiento de las actividades ordenadas por el jefe de la organización y ejecutadas por su sobrino” y se le asigna el uso de un celular para comunicarse con las víctimas de las extorsiones y deudores de la banda.
