Un policía del Comando Radioeléctrico detenido en mayo al desbaratarse una banda que comercializaba fusiles de alto poder de fuego aceptó, en menos de dos meses, una condena a 2 años de prisión condicional por la tenencia ilegal en su casa de un revólver de procedencia desconocida y la réplica de otra arma. El efectivo entregó además 100 mil pesos en concepto de reparación económica, dinero que se usará para compensar los gastos por la intervención de un agente encubierto que compró armas al grupo en cinco entregas controladas.
El suboficial de la policía santafesina Alan Gabriel Juárez, de 26 años, fue condenado a 2 años de prisión condicional por la tenencia ilegal de un arma de uso civil e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien fue detenido junto a otros siete implicados por comercialización de armas, en su caso no se le reprochó la pertenencia a esa asociación ilícita. Como efecto de la condena fue retirado de la fuerza e inhabilitado para ocupar cargos públicos por cuatro años.
El juez Florentino Malaponte dictó la tarde de este miércoles la condena acordada en un procedimiento abreviado por los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot con el defensor del acusado. Además de la reparación material en 100 mil pesos la pena incluye, entre las reglas de conducta que deberá observar el policía, la prohibición de “portar o tener en su poder cualquier tipo de armas de fuego, incluso de utilería, y municiones de cualquier calibre”.
Como parte del acuerdo, el policía concretó además el depósito de 100 mil pesos en la cuenta judicial del Ministerio Público de la Acusación. Ese monto será devuelto al Ministerio de Seguridad “teniendo en cuenta que la investigación contó con el aporte en dinero proveniente de los fondos reservados para realizar compras simuladas de armas de fuego y municiones, aporte sin duda esencial para el éxito de la investigación”.
"Este fue un trabajo conjunto del Poder Ejecutivo y el MPA, que aportó los fondos reservados para la investigación y las entregas simuladas de dinero -remarcó tras la audiencia el fiscal Socca-. Con recursos se hacen mejores investigaciones y si las investigaciones son exitosas, se pueden conseguir reparaciones en audiencias o en abreviados".
Al fijar la pena los fiscales plantearon que los 2 años de prisión condicional superan el mínimo previsto debido al “mayor grado de reproche que merece un funcionario policial que, sin motivo aparente, recepciona un arma de fuego que no le pertenece, desconociendo su origen, sin informar a la autoridad superior pertinente ni dando cuenta del hallazgo a la autoridad judicial, reteniéndola en su domicilio sin poder explicar los motivos o las intenciones de esa conducta”.
En favor del policía se tuvo en cuenta la oferta de reparación económica, así como “el arrepentimiento que supone la firma del abreviado a menos de dos meses de iniciada la causa”. La investigación sobre asociación ilícita y provisión ilegal de armas de fuego se conoció el lunes 3 de mayo cuando ocho personas fueron detenidas como parte de una banda que se dedicaba a la venta ilegal de fusiles, armas de puño y municiones al mejor postor y sin interesarles en lo más mínimo para qué era utilizado ese arsenal.
Los fusiles y carabinas que ofrecían a la venta eran parte de un parque de 32 armas robadas en una estancia de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez el pasado 24 de enero. Ese día seis hombres armados redujeron a una pareja de 66 años dueña del campo y se llevaron, además de las armas, dinero y joyas. Las víctimas realizaron la denuncia ante un fiscal de esa ciudad.
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Unos meses más tarde, un policía de la Agencia de Investigaciones rosarina se enteró a través de un informante de que en la ciudad entrerriana de Victoria un apodado “Rosarino” estaba ofreciendo armas para caza a un precio bastante por debajo del costo de mercado. Con el aval de los fiscales, contactó a los vendedores de armas como policía encubierto. “Mirá que yo no los quiero para hacer nada malo”, les dijo el agente que trabajaba bajo el seudónimo de “Elías”. “A nosotros para qué lo vayas a usar no nos importa”, le respondieron. Rápidamente acordaron la venta de ocho fusiles calibre .308 por 350.000 pesos.
La negociación derivó en cinco entregas controladas de armas _filmadas y con billetes marcados_ que se concretaron en la casa de uno de los acusados. Elías se hizo con seis fusiles, una carabina calibre 22 y un sinnúmero de municiones. Esto último como una gentileza ya que no llegaron a conseguir los otros dos fusiles prometidos. Todo ese parque de armas se corresponde con parte del botín robado en la estancia de Marcos Juárez.
Los hermanos César y Sergio González, el primero un trabajador frigorífico de 41 años y el otro un policía de 49 bajo licencia médica que trabaja en una carnicería, fueron presentados como quienes encabezan esta organización y quedaron en prisión preventiva por dos años. Otras cuatro personas quedaron en libertad bajo fianza. A Juárez le otorgaron un arresto preventivo por 60 días al igual que a José Luis Andino, un sodero de barrio Tablada al que le incautaron en su casa 2.200 municiones de todo tipo y 17 armas, nueve de ellas largas.
Juárez, el único del grupo que cerró la causa en su contra, fue implicado a partir del allanamiento a su casa del 3 de mayo pasado. Entonces se encontró en el ropero de su habitación un revólver calibre 22 largo marca Pasper modelo Bagual sin tener carné de portación y se halló una réplica de otra arma de fuego en un aparador del living.
En la audiencia imputativa la fiscalía planteó además sus sospechas respecto de que Juárez fuera el policía que, pocos minutos antes de comenzar la primera entrega controlada, se estacionó frente a la casa de Sergio González con el móvil 7597 asignado al Comando Radioeléctrico. Juárez adujo entonces que había ido a visitar a González porque era su amigo.
