"Creo que el negocio de esta gente es usurpar, organizar papelería y después negociar un premio y devolver el bien. Es como el secuestro de una persona pero con una casa". Así resumió un abogado la operatoria del trío conformado por Juan Roberto Aymo, su pareja Ramona Rodríguez y el escribano Eduardo Torres a partir de la experiencia que vivió con una propiedad que, según la pesquisa de la megacausa por estafas inmobiliarias, fue usurpada y luego transferida con poderes falsos, la misma operatoria atribuida al grupo en otros cinco casos que este diario viene dando a conocer con detalles desde el pasado domingo.
Lo particular, en este hecho, es que el inmueble en cuestión en Pasco 1040 es el que eligió la pareja usurpadora para vivir. Y, según confirmaron fuentes judiciales, es donde Ramona cumple hoy con el arresto domiciliario que le otorgaron para que pueda seguir cuidando a su hijo de 5 años. No obstante, eso no impidió que los imputados —según la acusación— orquestaran la venta de esta propiedad a principios de este año, para lo cual llegaron a falsificar la firma de un juez civil y comercial. La operación cayó luego de haberse cobrado al menos una cuota de esa venta.
Usurpación. En 2011 un martillero público recibió un poder de los hermanos Walter y Josefa Downes para administrar la propiedad de Pasco 1038/40 ya que el hombre vivía en Alemania y la mujer en España. El problema, según le contó el martillero al abogado Marcelo Napolitano, fue que con la llave que le dieron sólo pudo acceder a uno de los sectores del inmueble ya que el otro, el de la puerta 1040, estaba ocupado por intrusos.
El abogado aconsejó que denunciara la usurpación en la comisaría 5ª con vistas a un eventual desalojo. El martillero lo hizo en diciembre de 2011 y justo por esos días se enteró de que en el juzgado Civil y Comercial Nº 17 había medidas preparatorias para escriturar ese inmueble. Así, según declaró en la megacausa por estafas inmobiliarias, Napolitano se enteró de que Aymo y Rodríguez intentaban escriturar esa casa.
El abogado presentó la documentación que acreditaba que los dueños del inmueble no estaban en el país, que nunca lo habían puesto en venta y que sus cónyuges habían muerto. Así se trabó la escritura fradulenta que se estaba por instrumentar en el juzgado. En enero de 2012 se radicó en Fiscalía una denuncia por estafa y se inició el juicio de desalojo.
Pasaron varios meses sin noticias hasta que en octubre de 2013 apareció el martillero con una novedad: desde una inmobiliaria habían localizado a Walter Downes para preguntarle por un poder un tanto sospechoso que había firmado él, su hermana y sus respectivos cónyuges para vender la casa de calle Pasco a Ramona Rodríguez.
Ante la aparición del poder, el abogado de los Downes envió una carta documento al presunto apoderado, "un tal Aguilera", para comunicarles que sus clientes no estaban en el país desde hacía 15 años y que ambos eran viudos, por lo cual el documento era falso. Diez días después el destinatario rechazó la carta.
Napolitano fue a hablar con Torres y le contó la situación, sobre los usurpadores y el juicio de desalojo. El escribano se mostró sorprendido y al día siguiente lo llamó para decirle que había anulado la escritura del poder.
Falsa compra. "Obviamente no lo hizo" relató Napolitano, ya que en 2014 supo que no sólo habían usado el poder sino también transferido la propiedad a pesar de que no tenía la mensura actualizada y adeudaba tasas e impuestos. ¿Cómo se transfirió entonces? Se falsificó el certificado catastral.
Esa escritura Nº 149 del 2 de diciembre de 2013 ante el escribano Torres se hizo en base a un poder especial con las firmas de los hermanos Downes, que hacía dos décadas que no pisaban el país, y sus respectivos cónyuges: Ana María Weber, austríaca fallecida en octubre de 2010, y Osvaldo Paladini, muerto en París y divorciado de Noemí en 1967. La escritura, a favor de Ramona, fija un precio de 590 mil pesos para una propiedad que vale unos 850 mil dólares.
"En la etapa que estábamos avanzando en la prueba del desalojo tuve una audiencia con la señora Rodríguez y dos o tres reuniones con Aymo, que quería negociar la desocupación", declaró Napolitano, y aventuró: "Creo que el negocio de esta gente es usurpar, organizar papelería y después negociar un premio y devolver el bien. Es como el secuestro de una persona pero con una casa".
Hasta la detención de Aymo, Torres y Rodríguez, involucrados en los seis hechos presentados por la Fiscalía de Delitos Económicos, la causa por el desalojo seguía en veremos. De hecho, Ramona Rodríguez cumple su arresto domiciliario en esta propiedad, según confirmaron fuentes judiciales.
Venta. Sin embargo, la inscripción de la propiedad a nombre de Ramona no fue la última maniobra orquestada con esa casa. En abril de este año un apoderado de las firmas Pilay y Capitel, Diego Procaccini, denunció la venta fraudulenta de Pasco 1040.
La operación había comenzado en octubre de 2015 y en la segunda quincena de marzo pasado la vendedora, otra vez Ramona, entregó la escritura Nº 149 y copias de dos recientes oficios del Juzgado Civil y Comercial Nº 10 que acreditaban el levantamiento de la litigiosidad que pesaba sobre el inmueble.
Un escribano estudió los títulos y corroboró la titularidad de la mujer como también la inexistencia de deudas. El precio se pactó en 450 mil dólares pagaderos en tres cuotas. La primera, de 112.500 dólares, fue abonada en ese instante en su equivalente en pesos por 1.676.250 mediante transferencia bancaria a la caja de ahorros en pesos que Rodríguez tenía en el Banco Galicia. La segunda, por igual monto, se iba a pagar en mayo de este año y la última en junio, al momento de suscribirse la escritura.
Pero días después de ese acuerdo, el 7 de abril, los compradores quisieron profundizar el estudio de títulos y en tal sentido pidieron al Juzgado Civil y Comercial Nº 10 el expediente en el cual la familia Downes había demandado a Ramona la nulidad de la escritura, así como la copia reservada en el respectivo libro de protocolos de los oficios presentados por ella en los que se ordenaba el levantamiento de la litigiosidad trabada.
Entonces, desde el juzgado les informaron que el expediente había sido remitido en diciembre de 2014 —un año antes— al juzgado Nº 11 y que las copias de esos oficios no estaban archivadas en el libro de protocolos. De tal forma, era imposible que el juez Eduardo Oroño y la secretaria Carla Gussoni hubiesen firmado los oficios presentados con fecha diciembre de 2015 y febrero de 2016.
Por esos días, en abril pasado, un funcionario del Regristro de la Propiedad denunció en Fiscalía que había llegado una carta del abogado Napolitano advirtiendo sobre el riesgo de que se pudiera informar como libre un bien inscripto como litigioso. El funcionario investigó y constató que la casa de Pasco tenía embargos que levantados por el juzgado Nº 10 con oficios presentados en enero y febrero de 2016. Pero al comunicarse con el juzgado le dijeron que ellos no habían librado ningún oficio y, por ende, habían sido falsificados.
Más acusaciones. Esto suma a las imputaciones contra Aymo, haber fraguado documentos con las firmas apócrifas del juez y la secretaria para levantar la inscripción litigiosa y poder vender, con lo cual engañaron a tres funcionarios del Registro de la Propiedad que "sin tener conocimiento de la falsedad, recibieron e insertaron el levantamiento primero provisorio y luego definitivo de la inscripción litigiosa, ocasionando una lesión a la fe pública".
Además se le imputó haber vendido la casa y cobrado la primera cuota "ocasionándole un perjuicio patrimonial" a los compradores. Y también se le atribuyó que esa venta era fruto de un ilícito penal anterior, como la usurpación de la casa de los Downes.
