Todo empezó hace cuatro meses cuando desde una moto reventaron a tiros el frente de una casa de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros, en un atentado en el que hirieron a una chica de 11 años. Los padres de la nena, un matrimonio boliviano, contó a los policías que lo visitaron que había tenido problemas desde que le compró esa vivienda a un gestor de nombre Miguel Angel de quien mostró una foto. Esa fue la punta del hilo que llevó a una organización muy ramificada que se dedica a obtener ingresos millonarios a partir de usurpar viviendas o apropiarlas mediante la adulteración de documentación pública o privada.
Los detalles de cómo actuaba y quiénes conformaban esta asociación ilícita dedicada a la estafa inmobiliaria comenzaron a ventilarse este lunes en una prolongada audiencia que se extendió cinco horas. En ella compareció como acusado, entre otras siete personas, un abogado llamado Pedro Chía que tiene su estudio jurídico frente a los viejos Tribunales. A ese despacho de Pellegrini y Balcarce, donde se le daba a las operaciones inmobiliarias fraudulentas apariencia de legalidad, acudían los compradores a cerrar los negocios en los que eran embaucados.
También estuvo acusado un vendedor de viviendas, y tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que al enterarse de la situación de los bolivianos decidieron una cosa muy distinta de investigar ese ilícito: según los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébola lo que hicieron fue extorsionar al abogado y a un gestor inmobiliario llamado Miguel Angel Herrera, que está prófugo, para que pusieran 200 mil pesos si no querían ser denunciados.
Los fiscales ubicaron que en esta asociación están implicadas al menos treinta personas a las que identificaron con nombre y apellido. Determinaron que cumplían sus papeles de manera estable y con continuidad en el tiempo, con división de tareas, asignación de roles, al menos desde diciembre de 2018 a la fecha de detención de los siete imputados de esta tarde, lo que ocurrió la semana pasada.
El modus operandi dela banda
La actividad de la banda se refería a detectar inmuebles usurpados o a usurpar para ocuparlos con personas de la organización, falsificar los instrumentos públicos necesarios para simular legitimidad en las posesiones y entonces comercializarlos. Para ello la banda los ofrecía por diferentes medios, como redes sociales o de manera personal, utilizando oficinas comerciales, de abogados o de escribanos a fin de concretar las ventas.
Uno de los prófugos se llama Miguel Angel Herrera y se le atribuye ser jefe de la asociación ilícita dedicada a la comercialización inmuebles usurpados sin títulos suficientes de buena fe, para lo que simulaba ser el dueño o ser corredor inmobiliario a cargo de la venta de las propiedades. El matrimonio boliviano cuya hija fue baleada el 9 de septiembre pasado aseguró que fue él quien les vendió por 1.400.000 pesos la casa de Fraga 700 bis de donde los corrieron con ese acto de violencia.
Le adjudicaron generar en el estudio del abogado Chia una puesta en escena para asesorar a las víctimas a fin de que compren los inmuebles malhabidos. Una vez lograda la voluntad de los damnifcados, el falso gestor se encargaba de hacer certificar las firmas de los boletos compraventa y de cesiones de derechos fraudulentos por medio escribanos públicos. Por último, ante el descubrimiento de la defraudación por parte de las víctimas, a Herrera se lo acusó de negar el fraude, ofrecer a cambio una nueva transacción o cambiar el número telefónico para evitar ser contactado otra vez.
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Al abogado Chia se le atribuyó ser organizador de la red ilícita, aportando sus conocimientos jurídicos y gestionando a través de sus contactos la obtención de información respecto de los inmuebles usurpados como así también de instrumentos truchos para lograr que tengan valor jurídico de manera contractual y judicial. También él se encargaba de asesorar en su estudio a las víctimas.
Otro de los acusados de esta tarde fue Carlos Luis Tavacchi, quien se encargaba de confeccionar documentos apócrifos y disponer la utilización de boletos compraventa, o boletos de cesión de derechos y otros instrumentos apócrifos, para simular la legitimidad en los inmuebles usurpados por Miguel Ángel Herrera.
Además se atribuyó a Maximiliano García el rol de detectar y usurpar las casas que luego eran ofrecidas a la venta por Herrera. Su papel consistía en efectuar él mismo las usurpaciones a través de personas a las cuales dirigía.
Un cuarto imputado civil fue Manuel José Lucarelli. A él se le adjudicó haber tomado posesión de una casa de Felipe Moré 920 que fue usurpada por Herrera, el abogado Chía y Maximiliano García. Para ello una persona ingresó en mayo de 2020 a la vivienda, cambió todas las cerraduras de la puerta e impidió de ese modo el ingreso a sus propietarios legítimos.
Una balacera, en la mira
Un capítulo añadido a esta secuencia de delitos fue el que cometieron, según los fiscales, tres policías de la AIC que tenían que investigar la balacera contra la casa del matrimonio boliviano. Los acusados fueron el subinspector Alberto Orlando Rodríguez, el suboficial Víctor Alejandro Maldonado y el oficial Sergio Ramón Bustamante.
Estos fueron a realizar el acta preventiva por la balacera en cuestión. Pero en lugar de dar cuenta a los fiscales lo ocurrido en ese sumario de la calle Fraga retuvieron la información colectada invocando falsamente que tenían órdenes de la fiscal Viviana O’Connell, que nunca se las impartió. Lo que hicieron en su lugar fue contactarse con el abogado Chía y el falso gestor Herrera para exigirles de manera coactiva el pago de 200 mil pesos a cambio de no realizar allanamientos o perseguirlos penalmente. Los fiscales los acusaron de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, violación de secreto oficial y extorsión
Las defensas pidieron la prórroga de las medidas cautelares al miércoles, a lo que accedió el juez Florentino Malaponte, por lo que recién se sabrá entonces si los siete imputados reciben o no prisión preventiva. Solamente quedaron en libertad hasta entonces Tavacchi y Lucarelli quienes tienen las imputaciones menos severas.
