Era una tarde de julio, estaban merendando y cerraron la puerta de calle porque hacía frío. En ese momento retumbaron los tiros que rociaron el frente. El mensaje fue claro para esa familia afincada en Flammarión al 5000. Y ese mismo día abandonaron la casa con escolta policial. Nunca más volvieron. Ese fue uno de los hechos atribuidos a la banda de "Los gorditos", a la que vecinos de esa zona adjudican balaceras, usurpaciones y un crimen reciente. En ese clima, un acusado de pertenecer a la organización fue condenado ayer a 5 años de prisión en un juicio abreviado con una cláusula poco común: la Fiscalía solicitó al Ministerio de Seguridad que monitoree mensualmente la situación en el territorio.
El acuerdo abreviado que aceptó ayer Lucas Aranda, de 19 años, se cerró en un contexto complicado para el sector delimitado por Uriburu, Oroño, Arijón y San Martín. Un cuadrado partido al medio por la vía que corre en diagonal entre los barrios Tiro Suizo y Las Delicias. "Es la banda de Los gorditos. Vamos a ponerle nombre a lo que pasa en el barrio. Ellos aprietan a los pibes para que vendan droga. Si les decís que no, te la juran y te matan", decía días atrás a este diario una vecina de Flammarión y Gutiérrez.
En ese lugar, la noche del martes 25 de septiembre mataron a Pablo Ezequiel Núñez, un pibe de 20 años perseguido por un pistolero en moto que lo ejecutó en una despensa adonde el muchacho intentó refugiarse. Para los vecinos, el homicidio está enmarcado en la sed de ampliación territorial de "Los gorditos", dirigidos por sus líderes desde la cárcel. La mecánica que les dio renombre fue la usurpación de viviendas bajo amenaza de muerte en Tiro Suizo y el complejo Fuerte Apache para utilizarlas como quioscos de droga.
El hito en esa historia fue el crimen de José Eduardo "Cepillo" Fernández, de 58 años y señalado como un vendedor de drogas de un grupo rival de la villa Flammarión. Por su asesinato a tiros del 4 de diciembre de 2015, el jueves comenzó a ser juzgado Leandro Gastón "Cumbia" Robledo. Para él pidieron una condena a 18 años de cárcel como quien manejaba la moto de la que bajó el tirador. Desde entonces, cuentan los vecinos, "Los Gorditos" se afianzaron.
En octubre del año pasado cinco detenidos en allanamientos con secuestro de armas, celulares y drogas fueron acusados de integrar una asociación ilícita al mando de Brandon Bay y Federico Igarabide, quien por entonces ya estaba preso en Piñero. Los dos esperan la audiencia preliminar al juicio prevista para el 22 de noviembre, mientras que otro imputado se encuentra en tratativas de cerrar un juicio abreviado. En una intervención telefónica al celular de Igarabide se detectó la planificación de atentados con armas y una tentativa de homicidio ordenada desde la cárcel.
En ese operativo Aranda no fue hallado y por eso le libraron un pedido de captura. Se entregó al mes, el 27 de noviembre de 2017.
La acusación
El fiscal Nicolás Foppiani lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer amenazas, abusos de armas, usurpaciones y homicidios "a fin de consolidar su poder territorial en la zona conocida como sector Flammarión, principalmente mediante la usurpación sistemática de viviendas".
También le adjudicó haber baleado el 8 de julio de ese año junto a otros cuatro sujetos (dos de ellos prófugos) la casa que luego fue abandonada por sus dueños y sigue en esas condiciones hasta la actualidad. Por último le endilgó las amenazas a una mujer a quien abordaron con otro muchacho en la calle, le apoyaron un arma en la cabeza y le dijeron que "no la querían ver más en el barrio".
El viernes de la semana pasada se presentó ante el juez Luis María Caterina un acuerdo entre el fiscal y el defensor Aníbal Rodríguez para imponerle a Aranda 5 años de prisión por esos delitos. El juez dejó en suspenso la propuesta por tratarse de "un hecho con un trasfondo social" a analizar. Como la aplicación de pena no resuelve el conflicto de fondo, quiso saber si la familia afectada por el tiroteo había podido recuperar su vivienda.
Foppiani contestó que las víctimas habían "abandonado" ese lugar, según detalla un informe de la Policía de Investigaciones. La última entrevista con esas personas fue a fines de julio de 2017, cuando manifestaron que estaban viviendo en una casa ajena. Desde entonces los investigadores no pudieron contactarlas.
Pedido a Seguridad
Es por eso que ayer, al retomarse la audiencia, la fiscal María Angeles Lagar (en suplencia) le añadió al acuerdo un pedido al Ministerio de Seguridad para que intervenga en el radio de Uriburu, Oroño, Arijón y San Martín.
La Fiscalía solicitará a esa cartera que informe sobre el estado actual del barrio, si se registraron hechos nuevos, la "identificación de posibles integrantes de la reconocida banda de Los gorditos" y un monitoreo mensual en la zona.
El juez Caterina le dio curso a esa propuesta que "involucra a los demás poderes del Estado" y apunta a "solucionar el conflicto social subyacente", de cual los casos atribuidos al acusado son "sólo una parte". Recién entonces Aranda, un joven menudo y muy delgado, firmó de su puño y letra el convenio que lo declara ser integrante de una asociación ilícita, abuso de armas, daño, tentativa de usurpación y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y por obligar a la víctima a abandonar su lugar de residencia. Luego le colocaron las esposas y lo retiraron de la sala.
