Cuando la sala del juicio quedó vacía y en la plaza del Centro de Justicia Penal (CJP) recién comenzaban a apaciguarse los gritos y expresiones de enojo de los allegados a Carlos “Bocacha” Orellano, puertas adentro del edificio comenzaron a circular las reflexiones sobre el fallo unánime que condenó a dos policías y a un patovica del boliche Ming River House por la muerte del joven 23 de años. Los tres jueces consideraron en forma unánime que el ahogo del muchacho fue ajeno a la voluntad o a la intención de los acusados, en tanto que el jefe de seguridad del local fue absuelto por el beneficio de la duda.
Por fuera del monto de las penas, que fue la cuestión central para una multitud de manifestantes deseosos de condenas más altas, el fallo del tribunal dejó otros aspectos para el análisis. Cuestiones que seguramente seguirán debatiéndose en instancias de apelación. La calificación del delito como un homicidio preterintencional con abandono de persona resuelta por el tribunal oral en vez del encuadre de homicidio con dolo eventual solicitado por las partes acusadoras, la reconstrucción de la secuencia de lo sucedido en el muelle de La Fluvial aquel 24 de febrero de 2020, la absolución de un único acusado al que los jueces despegaron de los incidentes y la decisión de otorgarle prisión domiciliaria a la empleada policial Karina Gómez fueron los puntos en los que se detuvieron las partes a la hora de realizar sus valoraciones del fallo.
“Hecho probado”
En rueda de prensa en un pasillo del segundo piso, donde aún se palpitaba el aire de tensión de los minutos previos, el fiscal Patricio Saldutti rescató como aspecto positivo del fallo que el tribunal validó su planteo acerca de cómo fueron los hechos. Es decir, puso el acento en construcción de una verdad histórica que supone la instancia de juicio, más allá de cómo eso se traduzca en condenas. “Valoramos que por unanimidad el tribunal dio por probado el hecho en los términos de la acusación”, remarcó.
“Nosotros —agregó el fiscal— consideramos que hubo una triple secuencia violenta por parte de los acusados respecto de Carlos Orellano. Finalizada la segunda parte, él se escondió y fueron en su búsqueda. Lo salieron a buscar, lo encontraron, lo golpearon en lo que sería la tercera y última secuencia violenta, y como última opción se arrojó al agua y ahí murió ahogado en el río”.
Violencia sin motivo
Respecto del motivo por el cual fue agredido Orellano los jueces no descartaron golpes pero hablaron de “sujeciones” y “tomas de neutralización”. En ese sentido el fiscal afirmó que “la ausencia de móvil muchas veces es demostrativa de violencia institucional”. Si bien en este caso se planteó que a Bocacha “lo habían retirado del boliche y él había pedido volver, tal vez allí es donde se dio el conflicto violento”.
Respecto del cambio de encuadre que terminó impactando en las penas, bastante inferiores a las solicitadas por los acusadores, Saldutti sostuvo: “Durante toda la investigación y en el juicio planteamos, y lo mantenemos al día de hoy, que este hecho encuadra en un homicidio simple con dolo eventual. Si bien en el tribunal no aplica la calificación legal pretendida por la fiscalía, entendemos que los jueces reconocen la plataforma fáctica”.
Saldutti dijo estar “conforme con el accionar de la fiscalía en general, tanto en investigación como con el equipo de litigación. Pudimos llevar adelante una investigación en forma seria y objetiva, y presentarla de manera contundente en el juicio”, añadió.
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Aunque esperará a leer los fundamentos completos del fallo antes de decidir una apelación, indicó que para la acusación no está claro el motivo de la absolución por la duda del patovica Claudio Fabián Maidana: “Sinceramente no lo comprendemos, vamos a esperar los argumentos del tribunal para ver dónde encuentran duda. Nosotros consideramos que la plataforma fáctica es única y los cuatro acusados participaron del mismo hecho”.
Clamor instalado
Rodrigo Mazzuchini fue el defensor junto a Antonella Travesaro de los dos policías acusados. “La resolución no es ajena a esta multitud que está en la plaza enardecida, muy enojada porque considera que las penas son muy exiguas”, dijo, remarcando el lineamiento defensivo que habló de un clamor social instalado alrededor del caso.
“Considero que no hubo delito, pero dado el contexto creo que el tribunal hizo lo máximo posible para llegar a un punto medio. Mis asistidos Karina Gómez y Gabriel Nicolossi son inocentes, no hicieron nada. Pero la presión social se hizo sentir”.
Respecto del cambio de calificación remarcó que la defensa hizo un “gran trabajo” para demostrar que no existió dolo eventual: “El tribunal tomó eso y tuvo herramientas para cambiar la calificación y bajar la pena de manera jurídica”, dijo sin perder de vista que según su plateo no existió delito.
La decisión del tribunal de dictarle nueve años de prisión domiciliaria a Gómez. La madre de dos niños fue otro de los aspectos que generó irritación entre los allegados a la víctima, que expresaron ese descontento a gritos dentro y fuera de la sala. Al respecto Mazzuchini recordó que “la prisión domiciliaria no es para la madre. Es en cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por la cual siempre debe priorizarse el interés superior del niño. Dejarla detenida a Gómez implica dejar a un niño sin los dos padres, quedaría al cuidado de un hermano. Y por un principio de intrascendencia de la pena el niño no puede sufrir la pena de sus padres”.
