Luego del ataque a balazos a la estación de servicio de Ovidio Lagos al 5200, el cuarto en 48 horas contra ese sector comercial, hasta anoche no se imponía ninguna hipótesis más allá de la evidencia de que se trata de hechos de intimidación pública. El ministro de Seguridad de la provincia Jorge Lagna conjeturó que los ataques pueden estar ligados a una reacción del mundo criminal por el endurecimiento de las condiciones de detención en los penales santafesinos y el progreso de investigaciones con detenidos y secuestro de armas.
Hasta anoche al cierre de esta edición, en tanto, no se conocían evidencias ni testimonios sobre amenazas ni extorsiones, mientras desde el sector atacado también descartaban internas sindicales. Esto pondría sobre la mesa la hipótesis de la intimidación pública, aunque hasta ahora no se pueda atribuir a nadie ni haya motivos explicitados, más allá de hechos extraños que en los últimos años suelen ocurrir en víspera de elecciones como las de este domingo.
En ese marco, a raíz de los ataques a balazos el gremio de los playeros y los empresarios del sector habían anunciado ayer como medida preventiva que no se iba a vender combustible durante tres noches a partir de anoche. Sin embargo, la moción quedó sin efecto luego de que Lagna y la jefa de policía Emilse Chimenti prometieran a gremialistas y empresarios del sector, luego de más de tres horas de reunión, un operativo de guardias y controles dinámicos en las zonas afectadas.
Las cuatro estaciones
En 48 horas cuatro estaciones de servicio —tres en Rosario y una en Villa Gobernador Gálvez— fueron atacadas a tiros. El primer ataque fue el martes a las 23.55 en San Martín y Saavedra. El miércoles a las 21.30 fue el turno de la estación de Cervantes al 100 bis, en el barrio villagalvense de Pueblo Nuevo. Una hora más tarde balearon otra en Mendoza y Circunvalación.
Y el jueves, cerca de las 23.50, atacaron una estación de Ovidio Lagos al 5200, frente al portón principal de la Jefatura de la policía. Allí quedaron, esparcidas en una escena de más de 70 metros, once vainas servidas calibre 9 milímetros.
Los cuatro ataques tuvieron una ejecución de manual para el género balaceras: pasan dos hombres en moto por lugares de tránsito fluido y evasión sencilla, y descargan plomo contra minimercados y bares de las estaciones. Hasta anoche no había evidencias ni testimonios de amenazas. Nadie dejó mensajes extorsivos. Y las propias víctimas descartaron de plano internas gremiales como motivo.
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La encargada de investigar los ataques sobre las estaciones de servicios es la fiscal Valeria Haurigot. “En ningún caso hubo pedidos de dinero a cambio, lo que sería normal, y que configura un delito de extorsión. Más bien se trata de otra forma delictiva que tiene que ver con la intimidación pública, con tratar de demostrar cierto poderío”, explicó la fiscal que trabaja junto con sus pares Federico Rébola y Pablo Socca en investigaciones sobre ataques a balazos en Rosario y sus motivaciones.
En este contexto los investigadores no podían descartar ayer ninguna hipótesis, desde una interna policial hasta un problema gremial pasando por alguna acción de organizaciones criminales. Y aunque la frase suene a trillada, es parte de la realidad de la pesquisa que hoy no tiene una línea investigativa dominante. En tanto, desde el gobierno provincial no se descarta que los ataques tengan un trasfondo político de cara a las elecciones de este domingo.
Conjeturando
“Siempre antes de las elecciones pasan cosas raras. Hemos tenido períodos con más violencia que este. Hay que recordar lo que vivió esta ciudad en cuanto a violencia entre 2012 y 2018. Para darse cuenta de eso solo hace falta repasar las estadísticas”, comentó una fuente gubernamental. “Esto es obra de una organización criminal cuyo fin es sembrar el miedo. En esta ciudad el que maneja el miedo tiene ventaja. Hoy el temor está por sobre la venta de drogas entre los negocios más redituables. Sólo hay que recordar las balaceras que en 2018 hicieron foco en blancos relacionados con el Poder Judicial”, dijo el vocero de gobierno.
“El municipio —agregó el portavoz— propuso en una reunión (celebrada el martes en la sede de gobernación, pocas horas antes del primer ataque contra una estación de servicios) que se hicieran controles más duros en la estaciones sobre la venta de combustible a personas que circularan en moto. Y después del primer control, se dio la primera balacera en Saavedra y San Martín”.
En este contexto cabe aclarar que en Rosario no hay muchos que puedan encender y administrar la usina de violencia a alta escala. Y si se habla de la autoría intelectual de ataques a balazos siempre en algún lugar del camino surge el nombre de Ariel “Guille” Cantero, encarcelado con más de 96 años de prisión merced a ocho condenas que exponen que delinquió más tras las rejas que cuando estaba libre.
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Según fuentes judiciales, en el reino de las conjeturas que podrían transformarse —o no— en hipótesis se examina una serie de reuniones que Cantero habría tenido con abogados que no son santafesinos en el penal federal de Marcos Paz. Y que los profesionales lo habrían tentado para sembrar caos en las horas previas a la elección. Otra versión, en el mismo sentido, es que Guille estaría dando una muestra de su poder a los actuales gobernantes y a los que estén por venir.
Y si de malestar de presos se trata cabe recordar que las primeras balaceras a objetivos del Poder Judicial fueron orquestadas por Guille para presionar a los jueces a fin de evitar ser trasladado a una cárcel fuera de la provincia. En esa línea Lagna expuso que en las últimas semanas se pasaron a 120 detenidos en Piñero a la categoría de “alto perfil”, lo cual trae aparejado una serie de restricciones en las condiciones de detención. También recordó que luego de la fuga de ocho reclusos de ese penal, en junio pasado, 30 presos con esa categoría fueron trasladados a penales federales, preferentemente Marcos Paz y Ezeiza, ambos en la provincia de Buenos Aires.
Marcha atrás
Finalmente, en este confuso escenario, anoche el gobierno provincial pudo poner freno a una medida anunciada por el gremio y los empresarios de las estaciones de servicio que consistía en no trabajar durante tres noches. Luego de una reunión de más de tres horas, Lagna y Chimenti pudieron convencer a los representantes de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) y del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos a quienes Lagna y Chimenti de que revirtieran su decisión.
A cambio prometieron un operativo de custodia dinámico que, anunció el ministro, iba a empezar anoche con hombres y móviles “sin resentir los servicios habituales de la policía”, ya que se emplearán móviles incorporados en los últimos días. “Estamos con una mesa permanente de trabajo que vamos a conformar desde la semana que viene, esperando que la investigación de la fiscal llegue a buen término”, agregó Lagna.
El ministro también destacó el hecho de que no hubiera extorsiones ni amenazas. “Este sector tiene un gremio muy bien organizado sin internas, por lo que estamos convencidos de que se quiere generar temor, que es una de las facetas de estas organizaciones delictivas”, abundó Lagna, con la esperanza de que los operativos ideados puedan revertir la situación.
