Un nuevo hecho violento acompañado de un mensaje amenazante relacionado al crimen organizado volvió a conmocionar a los rosarinos. En esta ocasión fue en un bar del barrio La Florida, donde un hombre bajó de una moto y gatilló en dirección a los clientes aunque los tiros no salieron. Según fuentes oficiales la nota que dejó el delincuente hace mención a las condiciones de detención de los llamados presos de alto perfil, que en distintas cárceles fueron sometidos a un mayor control por decisión de la nueva gestión provincial. "La van a pasar peor", dijo el gobernador Maximiliano Pullaro y aseveró así su discurso de enfrentamiento con bandas criminales en un marco en el que la exposición al peligro alcanza también a la sociedad civil.
El miércoles por la noche varios clientes de un bar de Rondeau al 3900 estaban sentados en distintas mesas cuando vieron a un hombre llegar con un casco puesto. El sujeto se acercó a una de las mesas, dejó un cartón, volvió sobre sus pasos, se dio vuelta, desenfundó un arma y gatilló en dirección al grupo de personas que lo miraba todavía sin caer en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los tiros no salieron, el delincuente manipuló la pistola para volver a disparar pero otra vez no lo logró y entonces se fue.
La secuencia fue captada por una cámara de vigilancia que registró también el momento en el que el autor de la amenaza llegó en moto junto a otra persona. El dueño del bar contó a los medios que entregó la filmación a la policía con el compromiso de que no se difundiera, porque el bar no tiene nada que ver con el conflicto en cuestión y no podrían enfrentar la consecuencia económica de que los clientes no vuelvan por miedo. Sin embargo algunos minutos después las imágenes ya se viralizaban por redes sociales y portales de noticias.
Desde el gobierno adjudican este hecho, así como otros episodios similares ocurridos desde diciembre, a represalias de bandas criminales o presos de alto perfil por las decisiones tomadas para endurecer el control penitenciario. En ese sentido en varias ocasiones sostuvieron que esperaban una reacción de este tipo, sin embargo las características de los hechos los vuelven impredecibles y difíciles de prevenir. Un marco que genera preocupación en los ciudadanos, como en este caso un comerciante que quedó en medio de una trama de la que es ajeno.
Un contexto
El contenido de la amenaza no fue difundido por los medios por un compromiso asumido bajo la idea de que mostrarlos textualmente favorece al remitente y convierte a la prensa en su vocera. Pero desde luego que llegó a sus destinatarios y las autoridades. Lo cierto entonces es que el presunto objetivo del hecho se cumplió: el mensaje llegó y el intento de balacera impactó en la ciudad. Algo que habría ocurrido aún si las imágenes no trascendían, porque alcanzaba con el impacto generado en las personas que fueron testigos de un hecho que por fortuna no terminó en masacre.
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Lo que no se puede obviar es que tanto esta amenaza, como la mayoría de las anteriores que ocurren desde mediados de diciembre, están vinculadas a las condiciones de detención de los llamados presos de alto perfil de las cárceles provinciales. Tiene que ver con la decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro de trasladarlos a pabellones sometidos a un control estricto con el fin de prevenir o evitar la instigación de delitos desde las cárceles. En ese sentido el gobernador habló en conferencia de prensa y fue tajante: "Cada día la van a pasar peor si creen que desde la cárcel pueden cometer delitos violentos". "Hoy tenemos una ley, un marco normativo, que nos permite ponerles límites, cosa que antes no sucedía", agregó.
Pullaro aseguró que esta decisión del gobierno apunta a los distintos referentes criminales. "No fuimos contra un grupo criminal, fuimos contra todos. Todas las organizaciones criminales que fueron desestructuradas principalmente cuando fui ministro de Seguridad y tuvieron una fiesta durante cuatro años porque en el Servicio Penitenciario tenían visitas íntimas 3 o 4 veces por semana, tenían teléfono celular, Wifi, hasta les llevaban comida por delivery", puntualizó sobre todo en relación a lo ocurrido dentro de las unidades penitenciarias en la gestión del gobierno anterior.
El gobernador habló acerca de las reiteradas notas amenazantes que mencionan su nombre.
"Estos tipos obviamente que están re calientes contra el gobierno", indicó Pullaro pero destacó que las decisiones tomadas no se limitan solo a la Casa Gris. "Es una política pública que se diseñó y de la que participó la legislatura provincial y el poder judicial. Es el Estado de la provincia de Santa Fe que va a avanzar hasta que podamos bajar los niveles de violencia y que todos podamos vivir más tranquilos", agregó. En el mismo sentido habló el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni: "No vamos a modificar nuestro rumbo por una amenaza más o una menos".
Una saga con similitudes
Una de las primeras medidas del gobierno provincial al asumir el 10 de diciembre pasado fue requisar a los llamados presos de alto perfil de la cárcel de Piñero y trasladarlos a pabellones bajo un control más estricto que también incluye medidas restrictivas en relación a las visitas. Horas después, entre la noche del 12 de diciembre y la madrugada siguiente, ocurrieron dos balaceras. La primera contra una sede del banco Macro de Saavedra y Ovidio Lagos, en la zona sur, cuando había personas haciendo cola que por poco ligan los disparos. La otra fue contra un ventanal del Hospital Clemente Álvarez. En ambos dejaron mensajes similares en alusión a los presos de Piñero y con amenazas a Pullaro y su familia.
Un total de 13 celulares fueron incautados a presos de alto perfil alojados en la cárcel de Piñero.
Desde entonces una ya larga lista de ataques o intimidaciones sin uso de armas de fuego tuvieron lugar en distintas partes de la ciudad. A fines de diciembre fue una balacera contra la comisaría 19º de Seguí al 5300, donde también se halló un mensaje amenazante. El 8 de enero otra nota intimidatoria con mención a Pullaro fue hallada bajo la puerta de la Dirección de Migraciones, ubicada en Italia y Urquiza.
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Cuatro días después, bajo una modalidad similar, volvieron las amenazas al gobernador. Primero fue reportado el hallazgo de un mensaje escrito con aerosol en el piso del ingreso de la Escuela Técnica 4 de Rouillón y White. Poco después trascendió otra pintada pero en el centro de salud Jean Henry Dunant, de Teniente Agnetta al 1400. Características idénticas a las de una nueva pintada que se conoció un día después en la Escuela 528 Carlos Omnes de Marcos Paz y Campbell.
A los dos días una empleada del Ministerio de Desarrollo Social halló otra amenaza a Pullaro en la sede de 27 de Febrero y Alvear. En esa oportunidad el mensaje no hacía mención a los presos de alto perfil como había ocurrido en las anteriores, sino que puntualizaba en los derribo de supuestos puntos de venta de drogas. Finalmente, esta semana, las amenazas nuevamente sin disparos fueron encontradas en el centro de salud 1º de Mayo del barrio Rucci, en la Escuela 434 General Las Heras, de Falucho 200 bis, y en la Biblioteca Estrada, de Eva Perón y Servando Bayo.
En pie de guerra
La política pública de la que habló Pullaro encuentra respaldo en la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Cuando llegó a Rosario a fines de diciembre a presentar el "Plan Bandera" la funcionaria nacional habló de "declararle la guerra al narcotráfico y al crimen organizado". Toda una postura, la de una declaración de guerra, que comprende las consecuencias de la contraparte, muchas veces indefinida por el discurso público y acotada a las bandas criminales más conocidas.
En ese sentido tanto Pullaro como Cococcioni o el secretario de Seguridad, Omar Pereira, declararon en distintas oportunidades que esperaban las reacciones violentas como respuestas a las medidas tomadas. Lo reiteró el gobernador este jueves, que a su vez puntualizó en las amenazas contra él o su familia: "Nosotros vamos a seguir adelante, a mi familia primero la tuve encerrada, después se la corrió de la ciudad, con lo cual no van a poder hacer nada".
Sintonía. El gobernador Pullaro visitó el jueves pasado el despacho de la ministra de seguridad de Nación, Patricia Bullrich.
"Se creen que por ir a amenazarme a mí o a mis seres queridos vamos a cambiar, pero esto no es Maximiliano Pullaro como gobernador de la provincia de Santa Fe, esto es una política de Estado que hemos resuelto los diferentes poderes del Estado", afirmó el gobernador. En esa línea remarcó: "Las reacciones contra mi persona intentando amedrentarme o contra personas que no tienen nada que ver son reacciones de organizaciones que están siendo controladas por el Estado y hacía mucho tiempo que no sucedía. Vamos a ir cada vez más a fondo. No vamos a cesar en esta lucha".
Las vicisitudes de esta decisión política se manifiestan en episodios como el del miércoles en el bar de La Florida, donde los límites de esta contienda se superan al punto de que las intimidaciones alcanzan a lugares públicos donde hay ciudadanos ajenos a toda disputa. Puede tratarse de hechos instigados desde las cárceles por los presos de alto perfil, o bien por sus allegados que están libres. De cualquier manera ocurren porque son posibles, tal vez porque la problemática en cuestión es mucho más compleja que el discurso con el que se explica.
