La pandemia del Covid-19 y los ataques a balazos como método de intimidación pública son problemas que atraviesan la cotidianidad de los rosarinos. El primero, se espera, se erradicará con una vacuna. Pero el otro depende de la investigación criminal y la gestión política. Así, al seguir el camino inverso que va desde las balas disparadas como mensaje en distintos puntos de la ciudad hacia la raíz del fenómeno, la unidad fiscal que investiga balaceras detectó planes criminales heterogéneos y un abanico de motivaciones diversas. Hay episodios —en la calle se los llama “aplicar mafia”— que se desarrollan en el marco de la narcocriminalidad. Pero también hay otros que ocultan ajustes de cuentas por deudas, extorsiones o usurpaciones de viviendas en un vulnerable escenario de pobreza y necesidad.
Desde septiembre pasado la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren, sucesora del detenido Patricio Serjal, dispuso un cambio de hábito en la unidad que investiga los delitos con arma de fuego. Entonces se pasó de trabajar sobre tenencia y portación de armas a la creación de una unidad que busque el por qué de cada ataque. Que a partir del tirador escalara en la línea de órdenes. La mayoría de las investigaciones que llegaron a buen puerto marcaron que el origen de esas órdenes estaban en las cárceles, provinciales y federales.
“En las investigaciones vimos que los ejecutores toman «trabajos» desde 3.000 pesos. Así que un tirador puede ser cualquiera que quiera o necesite hacerse unos mangos. La idea es no concentrarse sólo sobre el autor material porque es totalmente fungible, sino escalar hasta llegar a quienes dan las órdenes”, explicó Valeria Haurigot, quien integra la unidad fiscal junto a Federico Rébola y el fiscal Pablo Socca. “Queremos llegar al por qué del fenómeno”, resumió.
La unidad se creó en septiembre y desde entonces “se avanzó sobre la idea de trabajar casos puntuales. Así el fiscal Federico Rébola (de la Unidad de NN) seleccionó causas con el criterio de mayor gravedad por reiteración o cantidad de disparos. A partir de eso se comienza a trabajar con intervenciones telefónicas, se ubican los protagonistas y se cruzan datos. Con este método, de septiembre a diciembre, se pudieron esclarecer hechos puntuales”, evocó Haurigot.
La radiografía de las balaceras en Rosario fue tomando forma a lo largo del 2020, año en el que se consolidó y masificó la mecánica. En el primer semestre de 2020 se denunció un promedio de diez balaceras diarias. En agosto, luego de tomar el timón de la Fiscalía Regional, la fiscal Iribarren indicó que “hay días que en Rosario se producen hasta 20 balaceras”.
La unidad creada para abordar el fenómeno trabaja con una selección, en promedio, de tres ataques a balazos por día. Son episodios con disparos de armas de fuego que no terminan en hechos graves, es decir con muertos o heridos. Causas que se caratulan como abuso de armas o intimidación pública. Disparos que no impactan en humanos pero que revelan trasfondos densos.
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“Los fiscales tenemos que comprometernos con los hechos de balaceras porque su evolución es terrible”, dijo Haurigot, y aclaró que “una buena parte no se investiga porque son ajustes de cuenta de otra índole y hay que investigar el mercado de armas. Una vía de acción que lleva mucho tiempo y aún no están los canales dados para eso”.
La criminóloga rosarina Eugenia Cozzi suele plantear que “no toda la violencia que se ve en los barrios está ligada al narcotráfico”. El análisis de los integrantes de la unidad de balaceras va en el mismo sentido. Los casos investigados se presentan como la punta de un iceberg que, por debajo, tiene múltiples ramificaciones: usurpaciones, ajustes de cuentas por deudas, extorsiones, viejas rencillas entre hampones que como parte del mercado delictivo están incapacitados para denunciar y, claro está, la narcocriminalidad.
“En algunas usurpaciones observamos que lo que había detrás eran ajustes de cuentas. Hay balaceras que no tienen que ver con una estructura delictiva piramidal. No son resultado de una orden de «meter mafia» sino emergentes de una estructura más bien reticular (con forma de red) donde cada parte hace lo suyo. En principio ninguno sabe del todo de qué se trata la tarea del otro.
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Un factor común a gran parte de los incidentes es que son “digitados desde la cárcel”. Es el caso de las balaceras atribuidas a Brandon Bay, preso como jefe de la banda de Los Gorditos, en las que se detectaron ciertas particularidades: “Es como un gestor de terrenos fiscales”, observó Haurigot.
En estos casos donde los plomos se esparcen para adueñarse de viviendas “se hace un aprovechamiento total de la necesidad del otro, al extremo. Se «aplica mafia», pero es muy complicado detectar quién es su proveedor de drogas o de armas. Algo que la Justicia Federal tampoco tiene. Nos quedamos en el vuelo corto de que el ideólogo es Brandon y que lo hace para ganar más territorios para vender droga. Pero a esa droga no sabemos cómo la traen. Sí sabemos es que con sus hechos logra un empoderamiento terrible dentro y fuera de la cárcel”, analizó.
Una de las balaceras investigadas quedó en la memoria colectiva porque los autores, dos muchachos que tiraron desde un Gol Power en julio de 2020, se filmaron mientras concretaban el ataque y el video se vitalizó. “Tomen manga de giles, tirá tirá, a pleno contra los giles, aflojale a los gatos estos, a uno le pegaste”, se escucha decir a uno de los ocupantes del auto. “La víctima no los quería denunciar porque era parte del mundo del delito”, rememoró la fiscal para dar cuenta de los matices del fenómeno.
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“Otro caso fue el de uno que llevó un papel con un número de teléfono para que la víctima pagara. El juez nos dio la razón al avalar la acusación por intimidación pública, porque balearon a la víctima y a todos lo que pasaran. Pero de la investigación también surgió que la víctima, una comerciante de pinturas, tenía un trasfondo en la venta de drogas. En las escuchas se hablaba de «cocinar». Y con esa derivación salió una punta para buscar cocinas”, recordó.
Otro universo que se desprendió de las pesquisas sobre balaceras es el de las extorsiones de prestamistas colombianos dedicados a la usura. Así como, por fuera de la lógica de una organización, “hay otros casos, por ejemplo el de dos familias que viven frente a la comisaría 12ª y viven agrediéndose y denunciándose todo el tiempo. Los reunimos con el Ministerio de Seguridad en una sala y todo casi termina en una gresca. Son casos que se mueven en un contexto muy precario, de miseria y desigualdad absolutas”.
Bucear en el fenómeno no está exento de dificultades técnicas ni operativas: a la falta de inteligencia criminal se le suma el estado de saturación de las cárceles desde las que se digitan los planes criminales, con lo cual la prisión preventiva no evita la continuidad del delito. A esto se suma que, salvo en los homicidios, existen trabas formales para remitir vainas al Sistema Automatizado de Identificación Balística, de la Policía Federal, para su cotejo. “Este tipo de investigaciones demanda un gran esfuerzo mental para desentrañar los hechos y sus protagonistas. Porque hay que interpretarlas. Recién entonces llega la parte de evaluar cómo se llevan los casos a juicio o se obtienen condenas”, cerró Haurigot.
