“Comunicate con El Diablo”, le dijeron a una mujer dos desconocidos que a fines de agosto pasaron frente a su casa y le dejaron un papel con un número de teléfono y una amenaza. Le exigían dinero a cambio de “no matar a alguno de sus hijos”. La víctima no pagó y la noche siguiente hubo un ataque a balazos a tres domicilios de la cuadra. Por la secuencia, dos jóvenes fueron imputados el sábado bajo un novedoso encuadre penal. Por primera vez desde que arrancó la saga de balaceras en Rosario les achacaron el delito de intimidación pública, una figura que tiene en cuenta la afectación al orden común y el temor causado no sólo a los destinatarios de las balas sino al resto de la sociedad.
El delito fue propuesto en una audiencia penal por la fiscal Valeria Haurigot, coordinadora de la unidad que investiga las balaceras que en muchos casos son ordenadas desde la cárcel con el objeto de infundir terror. Un fenómeno al que distintos operadores penales catalogan como uno de los problemas criminales más acuciantes de la ciudad. Con una extensa fundamentación la jueza Silvia Castelli aceptó el uso de esa figura y dejó a uno de los acusados en prisión preventiva por 60 días. Quedaron imputados por el intento de coacción agravada por el uso de arma de fuego y a eso se le agregó la intimidación pública en un concurso de delitos.
En la ciudad hay pocos precedentes de este enfoque aplicado a disparos intimidatorios en el espacio público. El añadido de esa figura para sancionar actos delictivos de ese tipo no tiene un impacto significativo en la pena. Pero sí supone otro esquema conceptual a la hora de mirar el problema. “Es una decisión de política criminal _explicó Haurigot_. La conducta de disparar de manera indeterminada a tres domicilios afecta a la sociedad en su conjunto, es una acción destinada a causar temor a todos los miembros de la sociedad”.
El fenómeno escaló tras los ataques a tiros a edificios del Poder Judicial o viviendas de funcionarios que investigaron a la banda de Los Monos. En septiembre pasado hubo 200 ataques armados a viviendas o vehículos en Rosario, el 90 por ciento relacionados con personas que venden drogas. Buscan apropiarse de territorios, desplazar personas de sus casas o lograr entregas de dinero. En este contexto, la balacera del 31 de agosto que se abordó en la audiencia del sábado incorporó otra herramienta del Código Penal al tratamiento del problema.
La figura de intimidación pública está detallada en el artículo 211 y protege el orden público. Impone de 2 a 6 años de prisión a quien infunda “un temor público” por medios idóneos, por ejemplo, al instalar una bomba. El planteo de Haurigot en la audiencia sobre el caso fue que los disparos en una cuadra de la zona noroeste generaron un constatable temor en los vecinos. Es decir, se contempla la afectación a la persona a la que estaban dirigidos pero también a su entorno social.
En este caso, la denunciante fue la dueña de una casa de Aráoz y Zelaya que al momento del hecho estaba desocupada por refacciones. El 30 de agosto, dos muchachos tocaron timbre en un departamento de la propiedad y los atendió un inquilino. Le preguntaron por “Iván” y él llamó a la dueña. Los desconocidos le dieron a la mujer un papel con una amenaza y un número de teléfono para que se comunicara con alguien apodado “El Diablo”. Se fueron caminando. En el parabrisas de su auto la mujer encontró otra nota amenazante con otro número de celular.
“Te vamos a cuetear a tu hijo. El cajón vale como $80 mil. Andá a batir la cana, tienen tiempo hasta las 0 de hoy antes de que rompamos el chip”, decía una de las notas. “Llamame hoy antes de las 0, si no cohete. Acá te lo repito una sola vez”, prometía otro mensaje. La mujer llamó antes de la medianoche a uno de los teléfonos y siguió recibiendo amenazas. Una era un video de un muchacho exhibiendo su torso y un arma de fuego negra. Le hablaban de una casa en Funes y de tres hijos que no posee. Por eso consideró que se habían confundido de persona e ignoró la exigencia.
No tuvo más noticias hasta la noche siguiente, cuando retumbaron disparos en la cuadra. Alrededor de las 23 dispararon a las fachadas de al menos tres casas. Un vecino recogió siete vainas 9 milímetros y llamó a la policía. Entonces la familia amenazada denunció en la comisaría 10ª los mensajes previos. A raíz de la intervención de los teléfonos involucrados en las amenazas, la investigación que inició el fiscal Federico Rébola y continuó Haurigot llegó a Alexis Sebastián S., de 22 años _a quien además le imputaron la tenencia de un arma calibre 32 hallada en su domicilio_ y Ezequiel Nicolás P., de 29.
La primera línea de celular casi no registraba actividad. En la segunda se detectó una conversación en la que su usuario daba su nombre completo y otra en la que brindaba su domicilio en un encargo a Pedidos Ya. S. obtuvo la libertad con prohibición de acercamiento a las víctimas mientras que P. quedó en prisión preventiva por 60 días. El agregado de la figura de intimidación a las balaceras, según la fiscal, deriva de la creación de una unidad específica y la búsqueda de un encuadre que “cubra toda la proyección sociológica del caso, con una valoración político criminal. La víctima sufre pero el resto de los ciudadanos también”.
En definitiva el ataque no queda restringido a la mujer que recibió la amenaza, que hubiera sido encuadrado como un intento de coacción agravada contra una sola persona. Con la imputación aceptada, la afectación no se reduce a una sola persona sino a todos los miembros de la sociedad por cómo impacta sobre la tranquilidad pública. El concepto propuesto es que balear a cualquiera para generar miedo, una acción repetida centenares de veces este año en Rosario, afecta a la comunidad entera. La víctima ya no es una sola sino toda la cuadra que queda en riesgo lo que, de hecho, pasó en múltiples casos donde por error o por desdén una persona es herida o abatida solo por estar en el lugar del ataque. Eso no agrega pena pero modifica la construcción del caso abriendo los beneficios de la persecución. Amplia la posibilidad de convocar a personas afectadas para imputar las balaceras que no producen lesionados o sin amenazados concretos pero a las que alcanza el objetivo de amedrentar.
