La acusación se realizó con los agentes en libertad. No se conoció qué tipo de prácticas se sospecha que llevaron a cabo ni contra qué reclusos. Los hechos ocurrieron en marzo
Apremios ilegales: ocho agentes penitenciarios imputados por malos tratos en la cárcel de Piñero.
Ocho agentes del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe fueron imputados este lunes por apremios ilegales a internos de la cárcel de Piñero. La audiencia se realizó con los acusados en libertad y bajo "prudencia por temas de seguridad" de parte de la Justicia. Los hechos denunciados habían ocurrido en marzo pasado, durante una serie de requisas llevadas a cabo luego de un ataque a tiros contra un colectivo de empleados penitenciarios.
La fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, llevó adelante este lunes la imputación a ocho agentes del Servicio Penitenciario, de los cuales no trascendieron su identidad ni su cargo. La acusación se realizó en la sede de la Unidad de investigación que encabeza Bartocci y, por tratarse de una imputación en libertad, no fue ante un juez.
Así, a los acusados se les informó de la calificación de los cargos atribuidos en la investigación en curso. La misma es de apremios ilegales, sin embargo no se conoció qué tipo de prácticas se sospecha que llevaron a cabo ni contra qué reclusos.
Desde el Ministerio Público de la Acusación plantearon que la novedad se manejó "con prudencia por temas de seguridad". El recelo de las autoridades judiciales y del gobierno fue tal que durante todo el lunes se comunicaron públicamente varias imputaciones por distintas causas pero no sobre esta.
La investigación surge de un marco delicado, como lo fue en términos de seguridad toda la primera quincena de marzo. Comenzó, justamente, con la balacera contra el colectivo del Servicio Penitenciario el sábado 2 de ese mes.
Los tiros sorprendieron a los agentes que eran trasladados por la zona de Circunvalación a la altura del barrio Rucci. Eran unos cien agentes que viajaban en dos colectivos de la empresa Laguna Paiva rumbo a sus casas luego de 72 horas de guardia.
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Cuando iban por Circunvalación pasando unos monoblocks del barrio Rucci, un auto gris se puso a la par de uno de los colectivos y desde adentro comenzaron a disparar. Al menos 9 balazos impactaron en el transporte y lo atravesaron de lado a lado. Tres efectivos fueron heridos por vidrios rotos y uno de ellos también por un balazo que le rozó la nuca. En la escena apareció un cartel con un mensaje en el que “los presos de altos perfil” pedían “los mismos privilegios que los presos comunes”.
Fuentes de la investigación indicaron en aquel entonces que en el auto iban el conductor y al menos dos gatilleros. No hubo persecución en el momento y luego se habló de una cámara de vigilancia que captó el paso del vehículo por la zona. Por el momento no se conocieron avances en la investigación.
Ese mismo día se llevaron adelante requisas en distintas cárceles de la provincia con la sospecha firme de que el ataque había sido ordenado por reclusos. La hipótesis fue que se había tratado de una represalia ante las restricciones a los presos de alto perfil impuestas por el gobierno de Maximiliano Pullaro, como en la mayoría de hechos violentos ocurridos contra espacios públicos y transportes desde su asunción.
Uno de esas requisas fue en la cárcel de Piñero. Luego de los operativos los familiares de los presos reclamaron y denunciaron apremios ilegales y torturas. Parte de esas acusaciones fueron formalizadas por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) con la presentación de un hábeas corpus.
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Esos planteos habían sido rechazados en dos instancias, primero por el juez Rafael Coria y luego por Carina Lurati, jueza de Cámara. Ante su resolución la magistrada también recomendó al Ministerio de Seguridad, a cargo del Servicio Penitenciario, que se garantice el bienestar de los detenidos en los aislamientos provisorios que se estaban llevando a cabo.
A su vez, la jueza planteó que el Ministerio Público de la Acusación tenía facultades para investigar los delitos denunciados. Por lo cual, más allá del rechazo por los planteos de tortura, no descartó la posibilidad de que los penitenciarios pudieron ejercer otro tipo de prácticas violentas contra los reclusos. Finalmente, tras siete meses de investigación, la fiscal Bartocci formalizó la acusación.
La denuncia del Sppdp planteó que las requisas luego de los ataques a los colectivos del Servicio Penitenciario se llevaron a cabo en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero. En ese sector había presos de alto perfil que ya estaban aislados, pero que luego de esos operativos continuaron "engomados".
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Acerca de los malos tratos realizados por los agentes la denuncia precisó uso de picana eléctrica y de submarino seco, que consiste en tapar las vías respiratorias de una persona y provocarle distintos niveles de ahogamiento. Estas prácticas, históricamente, se utilizaron para "sacar información" a personas de manera violenta. Los reclusos que hablaron con la Defensa Pública mencionaban que los agentes les preguntaban quién había mandado a balear el colectivo de los penitenciarios.
Hubo internos que dijeron que les habían tirado en la cara alguna sustancia similar al gas pimienta, que los amenazaban con abusos sexuales y que los golpeaban de distintas maneras. El 11 de marzo un médico forense revisó a estas personas para constatar las consecuencias de esas vejaciones.
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