Admitieron hábeas corpus para presos alojados en cárceles del sur provincial

La Justicia hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en favor de los detenidos en las unidades penitenciarias 3, 5, 6 y 11, todas ellas en el sur de la provincia, y a la vez aceptó la presentación del Plan de Refacciones Edilicias que el gobierno preparó para las mismas a fin de que se adecuen las instalaciones de esos centros de detención en un breve plazo.

El motivo de la presentación se basó en las inspecciones realizadas por la Defensa Pública a las cárceles, donde observaron "graves condiciones edilicias, habitacionales y sanitarias, superpoblación y hacinamiento, falta de separación entre procesados y condenados, inadecuada asistencia médica, déficit en la provisión de alimentos y mala calidad de los mismos, falta de acceso a la educación y/o capacitación, escaso trabajo y peculio, violentas requisas, aplicación de sanciones disciplinarias de hecho, incumplimiento de horarios para el recibimiento de visitas y falta de comunicación telefónica con el exterior del establecimiento, y trato discriminatorio por comunidades religiosas.

Durante estos dos años se desarrollaron reuniones periódicas a los fines de arribar a una solución integral entre la Defensa, el juez Gustavo Pérez de Urrechu, el fiscal Rafael Coria, la Defensoría del Sistema Conclusional y la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. En ese tiempo el magistrado ordenó nuevas inspecciones con el objetivo de constatar el estado de situación de los establecimientos.

Fue así que se le ordenó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario una pericia para tener fundamentos técnicos y profesionales acerca de las condiciones edilicias y habitacionales en que se encuentran las cárceles.

Riesgos

Así se llegó al 27 de agosto cuando se desarrolló la primera audiencia enla que se analizó la situación edilicia de las cuatro unidades penitenciarias a partir del trabajo pericial encargado a la UNR. Los arquitectos indicaron dos situaciones peligrosas para la población penitenciaria: el riesgo eléctrico como el problema más grave y la principal posibilidad de muerte por accidente; y la falta de un protocolo de evacuación antes casos de emergencia.

En cuanto a esa situación el Servicio Penitenciario señaló que "se está realizando un plan de obras de mantenimiento progresivo de las unidades penitenciarias", lo que llevó a la defensora pública Daniela Asinari a afirmar que "cualquier obra para mejorar los espacios y las condiciones de habitabilidad de internos y penitenciarios son bienvenidas". No obstante expresó que se mantendrá "especial reparo" sobre cualquier cuestión que pueda generar peligro o que no satisfaga las condiciones de vida de los internos.

Por su parte la Directora Provincial de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri Calderari, dijo a La Capital que "afortunadamente se ha llegado a un acuerdo", aunque reconoció que "muchas veces la Defensa parece desconocer las situaciones reales que se dan en las cárceles, los permanentes arreglos que se realizan no por el desgaste de los materiales sino por el mal uso de los sanitarios, lo que provoca el vaciamiento de tanques o que se tapen las redes cloacales por tirar en ella cualquier objeto".

En cuanto a la sobrepoblación y hacinamiento, el Servicio Penitenciario informó que fue iniciada la compra de camastros que permitirán la instalación de cuchetas en Piñero, donde hay espacio para 1.290 internos aunque hoy conviven allí 1.426 personas.

Contra lo establecido

En este sentido, la Defensa Pública manifestó su desacuerdo con la decisión del Servicio Penitenciario en cuanto a la instalación de camastros ya que "las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos que el Estado Nacional adoptó como instrumento establece una determinada superficie para la habitabilidad de las personas privadas de su libertad", y en ese marco "en las celdas no puede convivir más de una persona". En ese sentido, dijeron desde la Defensa, "si se acuerda la postura del Servicio Penitenciario, se estaría legitimando el aumento de plazas en las cárceles desconociendo lo ordenado por los organismos internacionales". Por ello, pidió que se fije un cupo máximo en las unidades penitenciarias, poniendo un freno especial al "crecimiento irregular" de la cárcel de Piñero.

Por último, el Servicio Penitenciario y la Defensa Pública acordaron mantener alojados en espacios distintos a procesados y condenados. Asinari destacó que "se trata de un objetivo común que pretende lograrse progresiva y paulatinamente para no generar rechazo de quienes ocasionalmente requieran habitar espacios comunes". En ese marco están avanzadas las obras de la nueva alcaidía de varones para personas con prisión preventiva.

Ayer, en tanto, el juez resolvió hacer lugar al hábeas corpus y tuvo por presentado el Plan de Refacciones Edilicias presentado por el Servicio Penitenciario "para adecuar las instalaciones carcelarias al correcto alojamiento de los internos".

Las mujeres

Vale destacar que el 28 de julio pasado la jueza Hebe Marcogliese resolvió un hábeas corpus presentado en favor de las internas de la cárcel de mujeres sobre las condiciones de habitabilidad de la misma. Sin perjuicio de declararlo abstracto, Pérez de Urrechu pidió que se hagan las obras "indispensables" para el funcionamiento de dicha unidad.

El magistrado también ordenó mantener la mesa de diálogo ordenada oportunamente bajo el objetivo de realizar el seguimiento del plan presentado por el Servicio Penitenciario para "facilitar su implementación y evitar situaciones de conflictividad con los internos, de la forma menos lesiva posible".

Asimismo, recomendó que una vez concluido el plan de obras propuesto, sea establecido un plan de mantenimiento edilicio "sustentable en el tiempo" y a los fines de que no vuelvan a repetirse las situaciones señaladas por la Defensa Pública. Con respecto al cupo, el Juez sugirió a la autoridad denunciada mantener el número de internos en las unidades de detención "para evitar la superpoblación carcelaria y la separación entre procesados y condenados".