La Cámara Penal de Rosario desvinculó definitivamente a diez policías de la Unidad Regional de Cañada de Gómez acusados por distintos delitos vinculados a una pinchadura de un conducto de combustible de la empresa Repsol-YPF a la altura de Bustinza, que derivó en el robo de 16.500 litros de nafta virgen, denunciada por esa empresa en julio de 2007.
El tribunal de alzada confirmó la absolución para todos los efectivos juzgados con fuertes críticas a las demoras de funcionarios judiciales que paralizaron la causa hasta en un lapso de tres años. El motivo del beneficio para todos los acusados fue que por esa demora se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Señalaron que pese a que el caso no era un trámite difícil de esclarecer las dilaciones incomprensibles, que supera los diez años de trámites, terminan siendo prioridad para resolver, sobre todo para un delito que tenía una expectativa de pena más bajo que el tiempo transcurrido para investigarlo.
Entre los policías desvinculados está quien era jefe Cañada de Gómez, Sergio Aguilar, el jefe de Investigaciones de esa Unidad Regional, Javiel Kamlofsky, y Marcelo Cimadamore, oficial de esa departamental.
Lo que se les atribuyó en un primer momento es haber dado órdenes a sus subalternos para que no se practiquen acciones para esclarecer el ilícito, cuando dos policías de Bustinza también juzgados, habían detenido a los tres sujetos que extrajeron mecánicamente el combustible pinchando el conducto en el medio del campo, cuando se iban con un camión cisterna cargado. Esta fue la acusación del fiscal de Cámaras Guillermo Corbella.
El camarista Alfredo Ivaldi Artacho aceptó que la madrugada en que se produjeron las detenciones de quienes robaban el combustible hubo un tráfico de mensajes y llamadas muy intenso entre los teléfonos de los policías acusados pero no llamó la atención sobre la existencia de prueba más consistente contra los acusados.
El camarista sí remarcó que la fiscalía pidió sentencia en este caso más de tres años después de la primera acusación fiscal y sin que la causa se hubiera movido en el tribunal de sentencia que la tenía. Ivaldi destaca las justificaciones injustificadas de los funcionarios judiciales.
Habla de una "irrazonable duración de la marcha y revisión de la etapa de juicio" que supera los diez años desde la acusación inicial de los hechos. Y marca que este letargo judicial no puede cargarse sobre los acusados que tienen derecho y prioridad a ser juzgados en un plazo justo. La camarista Carina Lurati acompañó el voto de Ivaldi.
El tercer integrante de la sala, Daniel Acosta, estuvo en desacuerdo parcial con sus colegas. Para él los policías Kamlofsky y Cimadamore deben ser condenados por los delitos de partícipes secundarios de robo agravado por su condición de funcionarios pertenecientes a la fuerza de seguridad con tres años de prisión de ejecución condicional y las costas del juicio.
También dejó en pie sus sospechas hacia Aguilar, el jefe del Unidad Regional, por pensar que obvió una serie de diligencias que hubieran servido para esclarecer un ilícito. Pero señaló que esas omisiones no alcanzan para formular un juicio de certeza que es el requisito para una condena por lo que le dio el beneficio de la duda.
Acosta coincidió con el fiscal de Cámaras sobre que hay una demora indebida en el proceso. Pero dijo que para determinar qué es un plazo razonable hay que tener en cuenta no solo el tiempo transcurrido, sino también la complejidad del caso. Y también la obligación estatal del esclarecimiento judicial de conductas con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición.
"Se trata, la hipótesis imputativa, de un robo de poliducto de la mayor empresa de hidrocarburos del país por vía de perforación del mismos y con la concurrencia de personal policial. Esto denota la sensación flagelante de impunidad que la falta de sanción puede dejar en el inconsciente colectivo", subrayó Acosta.
En relación al fallo de la jueza Marisol Usandizaga, que absolvió a los polícías, Acosta admite que la magistrada no encontró una investigación fuerte para condenar. Pero sostiene que había en la causa elementos suficientes para concluir que el jefe de la comisaría de Bustinza, Jorge Díaz, que interrumpió el robo, hizo una narración exacta de lo ocurrido al encargado investigador de Repsol que fue el denunciante del ilícito, Enrique Fernández. Y que este encargado dijo que Díaz le había rogado que no lo involucrara en el tema ya que su personal y su familia habían sido amenazados por un superior jerárquico si delataban lo ocurrido.
Al comisario Kamlofsky el camarista lo acusa porque a la hora en que se interrumpió el robo tenía contactos con su celular con Jorge "Canguro" Santillán que fue el civil que se llevaba el combustible robado en un camión cisterna. Al comisario Cimadamore, que estaba a cargo de la División Judiciales, por participar del ilícito.
Un año después de ocurrido el robo, que fue el 8 de julio de 2007, la Cámara Penal de Rosario había confirmado los procesamientos de los policías, destacando como objetable el espíritu de cuerpo que mostraron los policías implicados al negarse mayoritariamente a hablar del tema: aludió a un silencio "más propio de la «omertá» mafiosa que de miembros de una institución fundamental".
La firma Repsol denunció que el 7 y 8 de julio de 2007, entre las 23.55 y la 0.17, hubo una primera caída de presión del ducto que transporta combustible, a 60 kilómetros de Rosario. La segunda fue entre la 0.31 y la 0.56. Eso implicaba que alguien sustraía nafta.
El responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Girona Hernández, denunció que policías de Bustinza acudieron al lugar del robo, detuvieron a tres personas y secuestraron un camión cargado de combustible. Allí, según su denuncia, ocurrió un segundo delito. Esta vez cometido por otros policías, que llegaron para ordenar la inmediata libertad de los detenidos, por lo que del lugar desaparecieron los delincuentes y el vehículo. En ningún lado la policía asentó que esto había ocurrido.
Laborda declaró que el jefe de la comisaría de Bustinza, Jorge Alberto Díaz le iba dando detalles de las detenciones por teléfono. Pero en un momento le dijo que estaba "todo mal" aseguró que sus superiores, al llegar al lugar, le dijeron que se olvidara del operativo.
La jueza Ana María Bardone estableció, con una pericia, que entre Laborda y Díaz hubo varios contactos telefónicos esa madrugada. Aunque la policía no documentó nada, un contratado por Repsol se enteró del operativo porque policías de Bustinza que hablaban con él por celular se lo contaban en directo. Y Laborda, al mismo tiempo, reportaba a la planta de Repsol en la ciudad de La Plata que había tres detenidos.
La jueza Ana María Bardone determinó que once empleados se enteraron de lo ocurrido y no dieron cuenta de ello. Algunos, en apariencia por no desafiar órdenes superiores, quedaron involucrados en delito de encubrimiento de robo. Lo paradójico es que uno de ellos es el oficial Díaz quien, según Laborda, había interceptado el camión y detenido a los ladrones. Y obedecido la orden superior de soltarlos.
