Un documento de la entidad señaló que esta acometida pretende interferir y comprometer el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado, por lo que es de máxima gravedad institucional. Lo que busca, para sus miembros, es subordinar los actos de funcionarios públicos a los deseos de los violentos.
El pasaje acaso más destacable fue cuando el presidente del Colegio, el camarista penal Gustavo Salvador, habló del "escaso avance en la investigación" de los ocho hechos ocurridos desde el 30 de mayo cuando fueron acribillados a balazos dos casas en las que vivió el juez de Sentencia Ismael Manfrín. Salvador aludió "al escaso índice de resolución de estos hechos" y remató: "Queremos hacer un firme planteo al MPA que lleva adelante la investigación conjuntamente con las fuerzas de seguridad, no sólo en el orden provincial sino federal. A dos meses de estos hechos no tenemos una definición de un resultado concreto sobre quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales".
"Si no podemos dar con los autores de estos hechos estamos en un grave problema", enfatizó Salvador.
"Las autoridades deben asumir el rol que les compete para tratar de que esto no vuelva a suceder y que si sucede sea esclarecido. Se están haciendo esfuerzos pero, por ineficiencia en la investigación o por la imposibilidad de conseguir resultados concretos, los mismos no están siendo fructíferos", estableció.
"Provocación"
Para el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Ariel Ariza, "esto ya constituye una provocación a todos los poderes del Estado". El juez, que es camarista civil y comercial de Rosario, dijo que "un plan de acción sistemática de amenazas de estas características no hay en ninguna otra parte del país".
Los episodios que motivaron el pronunciamiento son una secuencia de ataques a tiros a casas en las que vivieron jueces o familiares de éstos (ver infografía). "A dos meses del primer hecho intimidatorio contra domicilios de miembros del tribunal que tuvo alguna resonancia pública no tenemos respuesta", dijo Salvador, en alusión a jueces que intervinieron en la causa de Los Monos.
El primero fue contra domicilios que pertenecieron a Manfrín, que presidió el tribunal que condenó a 19 acusados por integrar el grupo liderado por la familia Cantero. A los 20 días atacaron casas de familiares del juez Juan Carlos Vienna que fue el instructor principal de esa causa. Siguieron otros dos hechos contra viviendas relacionadas con policías que investigaron en este tramo. El último incidente fue entre jueves y viernes contra propiedades ligadas a familiares de la jueza Marisol Usandizaga, también miembro del tribunal que condenó a Los Monos.
En este sentido, Salvador expresó por último la solidaridad del Colegio con esta jueza.
Impotencia
La convicción de los jueces es que hay una suerte de impotencia en el estado de las investigaciones que tiene que ver con incapacidad para detectar a los autores de ataques, que por ello se reiteran. Una idea de que nadie sabe bien qué hacer.
Salvador dijo que el gobernador Miguel Lifschitz se puso a disposición de Poder Judicial para brindarles las medidas de seguridad necesarias para garantizar su trabajo. Pero no por eso reprimió críticas al estado de las investigaciones y de las dificultades de prevención de los ataques.
Desde la cúpula del Poder Judicial se acompañó el planteo de los jueces. El presidente de la Corte Suprema santafesina, Rafael Gutiérrez, pidió que los magistrados se reunieran con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que conduce el MPA. Esa audiencia se hizo ayer a las 15.
Frente a este escenario el titular de la Corte Suprema se reunió ayer con las tres camaristas que deberán revisar la sentencia condenatoria para 19 de los 25 acusados en la causa Monos. Los atentados en espiral en vísperas de ese trámite, para el titular del máximo tribunal, operan como una advertencia. "No se puede tolerar un desafío así a la autoridad", le dijo ayer a este diario.
Hábeas corpus
Otro asunto presente en la reunión del Colegio de Magistrados fue la advertencia que Ariel "Guille" Cantero, condenado a 22 años como líder de la banda de Los Monos, le hizo el viernes pasado al camarista José Luis Mascali durante una audiencia de hábeas corpus en la que pedía ser trasladado desde la cárcel de Resistencia a una prisión de Rosario. Conectado a la audiencia por videoconferencia, Cantero le dijo a Mascali que sabía que iba a decir que no a su pedido, y le señaló que lo hacía responsable por lo que pudiera pasarle en esa cárcel chaqueña.
Mascali resolverá hoy este pedido. Fuentes judiciales indicaron que hay unanimidad en el ámbito de los jueces en considerar que ese dicho, en el contexto de los atentados, se interpreta como una intimidación. Sobre todo teniendo en cuenta que hay trámites judiciales pendientes en contra del peticionante. La ya citada revisión de la condena a la banda de Los Monos, a lo que se suma un juicio por narcotráfico que tiene fecha de inicio el próximo 20 de septiembre en el que se juzgará a 39 personas. Guille Cantero está procesado allí como líder de una estructura de comercialización de drogas.
Relaciones
El planteo de los magistrados contra los fiscales tiene una singularidad que hace retemblar relaciones muy próximas. Es que jueces y funcionarios judiciales integran una comunidad de trabajo que comparte el mismo espacio de desempeño con los fiscales cuya falta de respuesta critican.
Varios fiscales consultados señalaron como lógico que la entidad gremial de los jueces se expida pero que sus miembros conocen como nadie las limitaciones que imponen estos casos porque eran las mismas que las que tuvieron ellos como investigadores.
"Hay una parte indudable de verdad y de razón en lo que dicen los jueces", dijo un miembro del MPA anoche a este diario. "Pero falta la responsabilidad de muchos de ellos en esto. Los grupos que atacan ahora crecieron en el que tiempo en que ellos tenían facultades de investigación".
