Burlando la voluntad popular. Las proporciones imprevistas que ha tomado el asunto de las falsificaciones de libretas cívicas, cartas de ciudadanía y otros documentos de carácter delicadísimo a que se apeló por algunos miembros de determinada agrupación política como recurso de lucha electoral, ha interesado vivamente a la expectativa pública y despertado en todos los círculos y partidos políticos el interés consiguiente a que sea castigado con toda severidad tamaño atentado a las prerrogativas ciudadanas, del que no hay antecedentes en las prácticas democráticas de nuestra agitada vida política. Se trata de delitos gravísimos cometidos a miles de ciudadanos y que revelan un temperamento francamente delincuente en sus autores, necesitados de poseer una gran dosis de desprecio por la ley para haberse arrojado a semejante impudicia. Ello explica la condenación unánime que tal serie de actos delictuosos ha provocado, sin que basten a suavizar sus rigores la presunción de no perseguirse en su realización el lucro material que induce a la comisión de otros delitos. Falta, es cierto, la vulgaridad del móvil grosero y criminal que caracteriza a la realización de los actos punibles ordinarios, pero hay en cambio el de falsear y burlar la voluntad popular, que tal vez es más trascendente que el del crimen pasional o utilitario, y desde luego la comisión de repugnantes suplantaciones, que no pueden escapar a la común designación de falsificación de documentos públicos, a la que es aplicable la letra del código penal ordinario. A tal extremo no se había llegado aún, no obstante la corrupción de las prácticas ciudadanas, para urdir triunfos electorales a base de fraude, y así se explica el asombro creciente con que conoce la opinión pública el resultado de las investigaciones que se vienen realizando y el deseo exteriorizado por todos los partidos políticos, sin excepción, de que la deprimente intentona no quede impune. (1910)
