“Ahora vendrá un juicio más para Guille y le darán otros veinte años. Ya aburre”. El comentario de un funcionario del sistema penal que no participó de los 84 allanamientos de ayer contenía algo de ironía pero también el resumen de una sensación no arbitraria. El jueves pasado el líder de Los Monos recibió 22 años de prisión por organizar atentados a funcionarios judiciales que lo juzgaron en distintas etapas. Fue su séptima condena. Apenas a 48 horas de leído ese veredicto hubo una redada gigantesca en la ciudad a raíz de dos grandes delitos que le vuelven a atribuir. Uno es un secuestro extorsivo ocurrido en julio en Arroyo Seco. El otro es el manejo de acciones de comercio de drogas y despliegue de violencia en Villa Gobernador Gálvez, Rosario y San Lorenzo.
Más allá de las sensaciones de malestar, agobio, enojo o hasta hilaridad que provoca este problema de nunca acabar hay un núcleo duro que no se logra desmantelar: un estado de amenaza constante a la seguridad de la población de Rosario. No es una situación a la que la ciudad está expuesta por igual. Pero las dinámicas violentas hace tiempo que dejaron de afectar a los que solamente están en el campo del delito. Más de una vez al año se producen operativos de enorme visibilidad con detenidos por delitos de narcomenudeo y violencia letal. Lo que no se logra es torcer es la corriente de ilícitos de alta lesividad como homicidios, balaceras y extorsiones. Los allanamientos son contra grupos que confrontan en varias de las zonas con mayor densidad de hechos de sangre. Los líderes de esos grupos hace tiempo que están en prisión. De ahí la ironía de la observación que inicia este texto.
Por primera vez en mucho tiempo se endereza el desastroso déficit que fue la falta de coordinación de la jurisdicción federal y provincial en las investigaciones de violencia. Lo que desnudan los allanamientos de ayer, en los que trabajaron todos juntos, es que detrás de los balazos y de los negocios están los nombres de siempre. Al abolengo del delito la cárcel no le quita ninguna medalla. Ahí es innegable que aparece un primer escalón del Estado fallido.
¿Y en qué se advierte esto? En que esos líderes ya se movían hace diez años, cuando la curva de la violencia empezaba a subir dramáticamente, y siguen ahora. En Rosario este año se registraron 174 homicidios. En septiembre hubo 28 crímenes. La proyección sugiere que de no aflojar la tendencia se terminará el año cerca de los registros de 2014 (255) o 2015 (234) que son altos pero habían empezado a declinar desde entonces. Hay situaciones simbólicas que son indicativas de un endurecimiento preocupante. El día que Guille Cantero recibía 22 años de condena fue antecedido y sucedido por asesinatos de una expresividad máxima. A un chico de 23 años llamado Julián Zenier lo mataron de 32 balazos en Nuevo Alberdi. Un día después dos chicos fueron hallados en en un camino rural de Pérez al lado de un auto con puertas abiertas. Eran Brian Molina, de 22, y Dylan Valenti, de 18. Cada uno tenía tres tiros en la cabeza. La sanción institucional de delitos brutales no parece producir ningún freno inhibitorio. Y la teatralidad de estos crímenes colindantes con la mafia refuerza la disvaliosa noción de una ciudad sin ley.
La violencia no está desplegada de manera homogénea. En la zona central de la ciudad la incidencia de violencia letal es baja. Los análisis del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia dejan ver que el 50 por ciento de los asesinatos se concentra en el 15 por ciento del territorio urbano. Eso proporciona claves porque permite focalizar las intervenciones. Eso no es de un día para otro pero se ha malogrado tiempo sobre todo cuando Rosario es la ciudad con mayor violencia de alta lesividad consolidada en Argentina y hay hace dos años una gestión del mismo signo en Nación y provincia.
En el diagnóstico de los operativos de ayer figura explícita la intención de actuar en zonas de alta incidencia de hechos de sangre en especial el barrio Godoy y Triángulo en el oeste de la ciudad y Villa Gobernador Gálvez. Que la redada implante alguna paz en la zona se verá en adelante. Pero hay algo interesante que también es explícito y es algo conceptual.
Una tentación a las que se sucumbe fácil es ver a Guille Cantero como una persona desequilibrada, desquiciada o malvada. En realidad sus comentarios en el inicio de un juicio (“contrato sicarios para tirar tiros a jueces”) saca de foco el fenomenal negocio que hay por debajo de los actores de los que él habilita o inhabilita. La violencia en Rosario tiene la dimensión que alcanza porque es negocio. Hoy el negocio de Guille Cantero no es la droga sino la violencia. El es un regulador de relaciones sociales porque tomó el lugar de referente que en una sociedad menos marginalizada, más ordenada, tenían otros líderes sociales. Guille predomina en un dominio de validez donde cayeron las referencias. En esa sociedad donde la gran novedad, como dice el sociólogo Juan Carlos Torre, es que casi la mitad de la población está en la banquina.
Fue título de La Capital el jueves con la medición semestral del Indec. En Rosario en el aglomerado Rosario 522.992 personas son pobres de las cuales 140.774 son indigentes, es decir, no cubren sus necesidades alimentarias. En esa plataforma social en caída libre, donde no hay regulación estatal de las relaciones en general, Guille se erige como referencia. En determinadas zonas del municipio decide quién tendrá actividad, si no queremos usar la palabra trabajo, y quién no. Este hombre condenado una y otra vez es un signo de la regulación violenta de las relaciones sociales. Un relevo que aparece donde antes estaba el puntero comunal o el dador de trabajo formal o informal. “Pobreza y malestar social, un combo explosivo para los gobiernos y la política”, dice el título de una nota de esta edición. En ese atascadero brotan las semillas de la violencia.
Hace casi dos años, el 13 de diciembre de 2019, Guille Cantero fue condenado en un caso de drogas, en la llamada causa Smolsky. Las últimas palabras pronunciadas por la mayoría de los juzgados impregnaron de tristeza la sala de juicio. La mayoría eran personas humildes que en ocasiones admitieron haber caído en el delito pero no ser narcotraficantes ni pertenecer a banda alguna, cosa que según el mismo fiscal era cierto. Lo que se investigó no fue el accionar de una banda sino de una red de personas, varias de ellas sin conexión, algunas de las cuales comercializaron droga para sobrevivir. Muchos eran trabajadores pobres. Pintores, vendedores ambulantes, fruteros, albañiles, que aceptaban que habían encontrado en la venta de una mercancía, no en la violencia, un rebusque para mantener a sus familias. Su origen humilde era notorio y también el destrozo que la cárcel les impuso.
“Soy una persona que trabaja. Siempre mantuve a mi familia como pintor. No conozco a mi hijo de 1 año y medio. Soy el único sostén de mi familia. Es todo lo que quiero decir”, dijo llorando Marcelo Romero, que terminó absuelto. Lo escribí en la nota de este diario aquel día y recuerdo con qué impresión.
Ninguno conocía a Guille, ninguno tenía la menor idea de que en esa red donde ellos eran el último eslabón, la persona que pasa un paquetito a alquien que lo demanda, estaba el líder de Los Monos como regulador, quizás predominando en esa zona, que era barrio Rucci, por su capacidad de ejercer violencia para ganar territorio. Ese es el lugar vacante que en una economía recesiva, en una sociedad desigual, ocupa el que regula el delito.
“Este tipo de personajes no se acaba porque no tiene que ver con gente mala sino con un negocio fenomenal. Muchos ganan con él. No se va a terminar esto mientras se decida que de este modo no se gana plata. No ganan plata profesionales ni financistas. En esta investigación probablemente se vea la rosca que Guille Cantero tiene armada. El lo que hace es aprobar el funcionamiento”, dijo un participante de la investigación de ayer.
La violencia que genera estos réditos ocurre en la periferia aunque conmueva a los que residen en zonas más favorecidas. La mercancía que estas personas venden se consume en el centro lo mismo que en el suburbio. Pero en el centro no están los muertos. El problema no está necesariamente en la venta de droga, porque la que se hace por delivery en edificios caros no produce muertos, sino en un Estado que falla en controlar la parte más desfavorecida de su territorio. Fundamentalmente donde viven esos 140.774 personas que en Rosario, como señala la estadística difundida el jueves, no tienen qué comer. Y librados a su desamparo se la rebuscan como pueden.
