Poca política para tanto delito

"Te paso a comentar. Trabajamos para los Cantero. Estoy cobrando a todos los negocios de la zona 40 mil pesos por mes. Me dan 10 mil por semana. Voy a pasar a buscar la contribución ahora. De otra manera. Vamos a mandar a tirar tiros al negocio. En este momento veo que están atendiendo a una señora que está con un perrito. Para que sepan que los estamos vigilando ".

El mensaje fue recibido por teléfono el sábado de la semana pasada en una heladería de la zona de la Jefatura de Unidad Regional II. Su propietario es un hombre que trabajó como empleado y que con el paso del tiempo consiguió abrir cuatro locales con franquicias en ese rubro. Ese mismo día los empleados, al tanto de la intimidación y aterrorizados, decidieron no trabajar ni aunque pusieran custodia. En la misma cuadra de uno de los negocios otro comerciante, dueño de una farmacia, recibió un llamado con idéntica pretensión.

La venta de protección extorsiva se convirtió en una industria próspera en Rosario. Es una dinámica criminal relativamente nueva que en muchos casos viene de grupos que se dedicaron al narcomenudeo y que ahora entienden que para este suministro no necesitan adquirir ninguna materia prima como prenda de transacción. Solamente requiere de la intimidación y la promesa de aplicación de violencia. La referencia a una familia conocida en este negocio, algunos de cuyos miembros tienen imputación por asuntos de estos, es algo que suelen alegar todos los emprendedores de esta especialidad, una especie de baño de credibilidad que busca convencer de la conveniencia de pagar.

Estos casos están bajo investigación en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Pero los destinatarios de las intimidaciones extorsivas, espantados, consideran cerrar sus comercios. Las víctimas de estas acciones no son solamente los comerciantes sino también los vecinos que quedan bajo la amenaza de perder servicios en las zonas donde viven.

Es notorio como la industria de la protección mafiosa es un delito cada vez más generalizado que gana terreno en toda la ciudad. En un principio los apretados para pagar solían ser personas con motivos para no hacer la denuncia. Algunas concesionarias de vehículos que vendían a personas fuera de la ley sin respetar siempre los trámites registrales de las compraventas, sindicalistas con negocios espurios, vendedores de cereal en el mercado negro, capitalistas de juego clandestino como Leonardo Peiti quien sí fue apretado por Los Monos, financistas que hacen transacciones en mesas de dinero. Pero ahora el abanico se amplía hacia gente que no tiene que no tiene que temer por nada irregular pero sí que le revienten a tiros el frente de sus negocios.

Es un largo proceso de gestación que, como el que tuvo el mercado urbano de drogas, atraviesa distintas etapas y explota ahora. La propiedad de una empresa de protección no es fácil de definir pero requiere ciertos recursos como una red de inteligencia y medios para imponer violencia. No se precisa de gran capital. "Un despacho en la parte posterior de un club, armas, herramientas de vigilancia, y unos cuantos escondites suelen bastar como componentes básicos del establecimiento mafioso", dice el sociólogo Diego Gambetta, en "La mafia siciliana", sobre este tipo de accionar, el más distintivo. Pero para ser dueño de una empresa de protección hace falta tener un nombre. La reputación de ese nombre se conquista en el trabajo. ¿De qué modo se gana esa fama? Siendo inexorable en la aplicación de violencia.

Y justamente la publicidad cuando es aterradora, señala Gambetta, proporciona al negocio de la protección extorsiva un estatus. Es lo que pasa desde hace años, en especial en el rubro de las concesionarias de autos, que es el más afectado. El jueves apareció acribillado a tiros el frente de una agencia de Avellaneda e Ituzaingo. Al dueño le pedido 80 mil dólares para dejarlo trabajar tranquilo y como no pagó le balearon el comercio. Es una concesionaria que había sido allanada en 2020 en el marco de una investigación por estafa contra dos empresarios. Pero hoy todo puede ser blanco de chantaje. Justamente estamos en una época, señala el sociólogo italiano, de quiebre.

Le quisieron cobrar protección al casino y mataron a un apostador a inicios de 2020. Varios negocios gastronómicos de Pichincha fueron rociados a disparos con personas en su interior en la Semana Santa de 2018. Este año hubo una seguidilla de agencias de vehículos acribilladas. Pero hay muchos casos furtivos en ascenso recogidos en el MPA que no afloran públicamente. Gambetta señala que cuando se atraviesa la primera etapa, la instalación de la modalidad, esta industria se abre paso en un dominio que es luego difícil de detener. En Italia fue imposible.

Y se ve que los que mueven los hilos de esta especialidad, como pasa en los delitos de punta, están en la cárcel. Esta semana que pasó, el fiscal Pablo Socca dijo estar harto, al investigar balaceras, de descubrir que los delincuentes que impulsan la violencia ya están presos. Fue justamente tras imputar a 16 personas que operaban en Barrio Godoy, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez por homicidios, abusos de armas y usurpaciones en nombre de Guille Cantero .

Se entiende perfectamente el agobio, la desmoralización y la inutilidad de empezar trámites que recomienzan todo el tiempo, al mismo tiempo que la violencia no cesa. Pero si eso ocurre también es porque hay muy poco análisis de la política de lo que está pasando. En Santa Fe no hay ningún legislador, por caso, que haya dedicado un estudio sistemático, profundo y riguroso al problema criminal que tiene a Rosario hace diez años con el pico de violencia letal de todo el país. Tanto en el Senado como en Diputados, con la ciudad ardiendo, este año el esfuerzo más notorio estuvo puesto en desplazar de sus cargos al ex ministro Marcelo Sain. No es que el asunto no merezca ninguna atención. Pero no hubo ninguna acción que expusiera un diagnóstico valioso sobre lo que está ocurriendo hace mucho tiempo.

Tampoco se lo advierte en el Poder Ejecutivo, que es no solamente el responsable de las acciones sino que llegó al poder hace casi dos años con un lema muy fuerte para el campo de la seguridad . Claro que los procesos de construcción de la criminalidad son de una hondura que solo se entiende, en general, cuando ya se está gobernando. No se trata solo de voluntad. Pero el gobierno provincial se negó desde el principio a organizar una transición ordenada para el servicio policial urbano de los dos principales ciudades de la provincia. Y las rutinas de calle en el servicio policial se resintieron, según cuentan en off por los propios policías.

De todos modos, el tipo de delito en auge, como la protección mafiosa y las balaceras, no se contiene con mayor patrullaje. Este señalamiento es solo para relevar que el gobierno de la seguridad requiere de la coordinación de resortes múltiples, de estudio minucioso y de presencia incansable, más que de gambitos retóricos que brillan más cuando toca oponerse que cuando toca gobernar. La política con representación que tiene que dar respuesta no deslumbra con sus aportes en esta coyuntura sostenida que no cambia. Hoy no da respuesta no solo por limitaciones subjetivas sino por falta de estudio del problema.

No solamente son estos delitos endémicos los que preocupan. Hay un problema en los de tipo predatorio porque más allá de que no implican daño irreparable influyen fuerte en el humor social y ponen a prueba la confianza en los regímenes representativos. En lugares como barrio Parque en Rosario cuadras enteras, como por ejemplo en la zona de Francia y Cerrito, sufren el robo de caños de cobre. También en esa zona es un azote la sustracción de flexibles que conectan la red pública de gas con el medidor domiciliario. Pasa de modo marcado con distintos servicios. Ayer fue tapa de este diario que la cuadra de Italia al 2600 se robaron todos los medidores de agua lo que dejó sin suministro a viviendas de la zona.

Es un tipo de delito que crece a pasos agigantados y que es un verdadero saqueo al espacio público, como dijo en este diario el gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesinas. Pero es también un difícil test por el agotamiento que implica para los damnificados. Los robos los deja sin servicio de agua, luz o gas, les implica pérdidas de tiempo y a la vez los hace poner en gastos. Y eso genera tentaciones autoritarias con el recurso simplificador y engañoso, que jamás resolvió nada en Argentina, de la mano dura. Tal cosa es un serio problema para el Estado democrático. Pero también son dignos de atención la angustia y el desamparo del ciudadano que pide al Estado por resguardos de seguridad y se queda sin respuesta. Es algo que se analizó con la seguidilla de linchamientos. Que siempre requiere el reproche y la sanción legal más enérgica. Pero que aparecen cuando hay sentimientos de que el tercero con legitimidad de uso de la fuerza, justamente, no aparece.

Es importante ver en qué contexto se dan estos problemas. Los delitos groseros, esos que arrancan cables y caños para obtener unos pocos pesos, recrudecen en momentos de debacle socioeconómica. En Rosario, una vez más, hay 114 mil indigentes, vale decir, personas que no comen bien. Es indisociable esto del análisis del tipo de delito que escala. También es importante ver qué hacen las rutinas democráticas con esto. La democracia no parece asumir con la seriedad debida el problema del crimen en Rosario. No es lo mismo la venta de protección mafiosa que el hurto de un medidor. Pero los dos interpelan fuerte al régimen político. A la oposición y al oficialismo. Una inquietante advertencia sobre qué cosas trabajar en serio antes de que delitos feroces, que ya superan su etapa embrionaria, terminen por consolidarse.