Un comerciante de la zona de San Martín y Zeballos cuenta que todas las semanas asiste a personas a las que les roban celulares en la cuadra de su negocio. Siempre lo mismo. Un ruido de motos, un grito de mujer, él que sale a la calle, las invita un vaso de agua, les ofrece una silla. El comerciante se pregunta cómo puede ser que todo se repita semana a semana sin que la autoridad pública (él dice la policía) lo interrumpa. Porque es demasiado obvio, demasiado constante, demasiado visible, dice.
El comerciante cree que no tiene que ser tan difícil frenar una reiteración tan evidente de robos. Cree también que es imposible, aunque la gente no suele denunciar, que nadie se entere de que caminar a mitad de la tarde por un lugar así lleve siempre a lo mismo. Y que lo curioso de todo, por definirlo de algún modo, es no tener respuesta a la pregunta elemental: ¿Por qué es normal que roben celulares todo el tiempo en esa cuadra y que no pase nada?
Incisiva y también obvia, la pregunta habla del retiro de la autoridad, de que esa realidad es constatable, y que lo llamativo es que esté normalizado. ¿No saben que pasa esto? ¿Saben y no interesa? ¿No se les ocurre ir a los lugares donde reducen lo robado? Todas esas también son preguntas del comerciante, que agrega una confesión casi poética, de implicaciones tenebrosas.
“Yo no tengo miedo. Pero le tengo miedo al día que tenga miedo. Porque cuando eso pasa no sabés qué puede pasar”.
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Peritos trabajan en la escena del crimen horas después de que se produjera.
La frustración, la desesperanza, el sufrimiento por las violencias que se prolongan son confirmatorios de algo muy peligroso. Estamos hablando de un tipo de delito que parece una provocación o una trivialidad al lado del récord de homicidios. Este miércoles hubo tres homicidios en la zona de Rosario. Anoche asesinaron a un remisero en Tablada. Hace cinco días mataron a dos chicos de 13 y 14 años en La Cerámica. Máximo Luján y Maite Gálvez. En esta ciudad donde exterminan a tiros a dos nenes y esta tragedia indefinible no es un escándalo, apenas una información que se disuelve en el paso de los días. Hay diariamente extorsiones con balaceras para que personas abandonen sus casas o paguen regularmente para evitar ataques. O robos en barrios que obligan a hacer formas de vigilancia civil para tomar el colectivo. Todo compone un cuadro donde la acechanza inquietante no es solo hacia vecinos de todos los barrios sino hacia las indolencias de nuestro régimen institucional.
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En Rosario el delito está desbocado y no hay reacción en la calle. El gobierno provincial en materia de seguridad pública está desnortado. Los que tienen el mandato delegativo de dar respuesta estratégica al tipo de violencias más comunes están impotentes porque no interpretan el fenómeno, no tienen capacidad de generar obediencia en las fuerzas de seguridad y no se trazan objetivos porque ni siquiera hay diagnóstico que es lo imprescindible para saber a donde ir.
El delito precario, grosero o predatorio es el que de tan omnipresente marca la falta de brújula. Hace 15 días a una ingeniera le roban el celular al salir de su casa en la zona de Callao y Jujuy. A la semana siguiente se lo roban en el mismo lugar a su trabajadora doméstica. Un celular de gama económica como el que tenía esta última cuesta en promedio 100 mil pesos. Es casi lo que gana de sueldo en un mes. ¿Cuál es el significado social de que le pase eso a un trabajador? En términos de efecto emocional e impacto político, lamentable es decirlo, mucho más fuerte que cuando exterminan a tiros a dos nenes en Casiano Casas.
Como decía el comerciante de San Martín y Zeballos, el momento del total derrumbe es cuando la falta de respuesta hace que nos invada el miedo, cuando lo que merodea es la intuición de que ante la afrenta de lo injusto nos quedamos solos. Ante los crímenes de los chicos en La Cerámica las familias no mandan a sus hijos a la escuela. Clubes de barrios como Sparta y El Torito reciben amenazas de balaceras o intimidaciones y los socios dejan de ir. El club de pescadores de la cortada Mangrullo fue usurpado por un grupo de violentos hace dos años y socios históricos no pudieron pisarlo más. Gastronómicos ruegan que los protejan. Entidades sindicales son baleadas. La Cámara de Empresas Funerarias de Rosario difunde públicamente su inquietud por los reiterados hechos de violencia durante velatorios de víctimas ligadas al delito. El domingo se arma un tiroteo en la mayor feria a cielo abierto de Rosario porque un grupo de extorsionadores aprieta a los puesteros para que les paguen para dejarlos trabajar. Las amenazas se instalan verticalmente, del habitante de un suburbio al intendente de la ciudad. Estamos bombardeados por la contingencia. Y todo queda regularizado.
Hay escalones de responsabilidad personal, familiar, comunitaria en un tipo de violencia social que crece tanto como la falta de oportunidades, como la exclusión económica, también normalizada. Hay imágenes de viejos hechos violentos que aparecen viralizados como actuales para crear confusión y temor. Pero la falta de respuesta al fenómeno criminal de superficie instala un nada bienvenido despliegue de pasiones. Los robos de cables o de caños de bronce hacen que los vecinos no solo gastan tiempo y plata para reponer lo robado y reconectar el servicio. Con los trajines que supone quedarse sin gas, o sin agua, o sin luz, lo que se consume también es el crédito hacia la autoridad pública. En una ciudad que duplica las tasas de homicidio de las mayores ciudades de la Argentina señalar esto, de nuevo, parece un desvío hacia lo minúsculo. No lo es. Son muchos los que sienten que lo que pasó ayer, en esta indiferencia, pasará mañana. En esos claroscuros emocionales, diría un político de Cerdeña, surgen los monstruos.
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La Escuela Rosa Ziperovich, en Albert Sabin al 1100, fue una de las instituciones baleadas.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Es en este tembladeral donde el gobernador Omar Perotti propone a los equipos técnicos de los candidatos el diseño o la discusión de un programa de seguridad. Esa idea de convergencia es indudablemente valiosa y tiene que ser el camino. Aunque es problemática si es fuera de tiempo: a varios de los convidados ahora los acusó al asumir de tener desde el Estado un pacto con el delito. Y hoy que todos los cables están pelados los invita, a seis meses de irse, a compartir el fuego del cortocircuito.
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Difícil interpretar esta gramática de los silencios cuando matan a dos nenes que, lo sabemos, no sería la misma si fueran a colegios del centro. La fragilidad que viene de no tener nada y que promete nuevas pesadillas no saca a nadie de su anestesia. Es una expresión cruda de la negación y el individualismo que nos envuelve. La posibilidad de fractura se ve más nítida en el vecino al que lo dejan sin gas, lo que no es insustancial, por el robo de un caño. Ese desajuste es de temer en serio porque anuncia el quiebre de un contrato. Cada vez que hay un reclamo, una marcha o una puteada a la autoridad el contrato sigue vigente. Porque el ciudadano sigue reconociendo en el Estado el ámbito para acudir ante un conflicto. Pero cuando todos los días roban celulares en el mismo lugar y no pasa nada lo que se insinúa para algunos es una sensación, afantasmada pero aterradora, sobre qué hacer para defenderse. Mejor ni nombrarla. Eso se lleva puesto todo: a los partidos políticos, a las instituciones penales, a la idea misma de representación. La política, que no son solo los políticos, tiene la obligación noble y estimable de hacerles sentir a los ciudadanos que no están solos. Cuando eso no pasa, mejor ni pensarlo. O mejor sí.