El pasado 22 de diciembre la Legislatura santafesina convirtió en ley la tantas veces discutida reforma al Código Procesal Penal de la provincia. Ese código es algo así como el manual de instrucciones para aplicar el Código Penal, que establece que es delito y cuál es la pena y que solo puede hacer y modificar el Congreso de la Nación.
Esta reforma intentada tantas veces sin éxito se logró tratando de componer en un solo texto las disímiles expresiones políticas que predominan, en la Cámara de Senadores en favor de leyes penales más estrictas, y la de la Cámara de Diputados con una impronta garantista en sus definiciones.
No obstante estas diferencias de criterios, el sentido de la reforma va hacia un claro sentido: dotar de más herramientas procesales a los fiscales (siempre en desventaja dentro de un sistema nacido en
el garantismo), establecer márgenes más precisos a las decisiones que adopten los jueces; asegurar más derechos a la víctima y al querellante; y principalmente recortar las posibilidades de que el infractor penal habitual encuentre en el proceso tantos resquicios para eludir a la sanción
penal.
Sobre la base de estos objetivos y de un revisionismo a la política criminal de los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe se fue concibiendo esta modificación de algunos de los institutos del Código Procesal Penal de Santa Fe, ley elaborada en el año 2007 durante el gobierno de Jorge Obeid.
¿Qué pasó en estos 10 años? La realidad golpeó fuerte los portones de la Legislatura santafesina. El crecimiento de la inseguridad, la impunidad y la desprotección ciudadana que padecemos los santafesinos empujaron cambios que la Cámara de Diputados resistió los últimos años hasta que se produjo la movilización de "Rosario sangra" y cambió el clima en la Cámara baja.
Los cambios no fueron todos los proyectados y distan mucho de ser suficientes; pero es un paso adelante al menos, una ley que mejora la actual El gobernador Lifschitz fue el primer gobernador que planteó una reforma al Código Procesal Penal buscando corregir los desajustes que los propios fiscales reclamaban. El proyecto fue a la Cámara de Senadores, donde fue enriquecida con los
cambios que durante años la cámara alta reclamó y de ahí a la Cámara de Diputados donde si bien fue muy "suavizada" o "podada" se logró la aprobación de la primer modificación de una ley con el objetivo de dar mayor efectividad de la ley penal y sus sanciones.
Evitar que la "burocracia del procedimiento" se devore a la aplicación de la norma penal para que el delincuente se vuelva a su casa sin más que una nueva causa abierta, fue el objetivo buscado, que
aún dista mucho de ser logrado.