"El 7 de septiembre, nueve presos Tupamaros son sacados en secreto y convertidos en rehenes del gobierno militar. Esta es la historia de tres de ellos". Así comienza "La noche de 12 años", la película sobre el cautiverio inhumano al que fueron sometidos José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof. Desde su arresto en 1972, permanecieron confinados en solitario durante años, aislados entre sí y del resto del mundo. Meses enteros sin poder ver la luz del sol, resistiendo las torturas, el hambre, la soledad y la amenaza de su propia locura que se ofrecía como la única solución para evadirse del sufrimiento constante. Lograron recuperar la libertad recién en 1985, cuando terminó la última dictadura uruguaya.
La trayectoria personal de los tres prisioneros forma parte de la historia de Uruguay, sobre todo la de Mujica que, en 2010, a los 75 años, se convirtió en presidente de ese país. Pero lo que ellos padecieron fue moneda corriente en América latina durante el siglo pasado.
Las frágiles democracias del continente fueron azotadas reiteradamente por golpes de Estado, llevados adelante por militares que tomaban el poder rompiendo con el orden constitucional. Los gobiernos de facto cometieron gravísimos crímenes contra sus propios ciudadanos, muchos de los cuales permanecieron impunes durante años.
Conocemos el largo camino que transitó Argentina para ajustar cuentas por lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, pero el recorrido de Uruguay fue radicalmente distinto. Cuando terminó la dictadura, el Poder Legislativo dictó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una norma que impedía el juzgamiento de los delitos cometidos por militares y policías. Lo llamativo es que esa ley fue sometida a dos consultas populares, en 1989 y en 2009, y en ambas oportunidades un porcentaje mayoritario de ciudadanía votó por mantener su vigencia. Esto quiere decir que los ciudadanos decidieron de forma democrática no investigar ni castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Sin embargo, los familiares de una mujer que fue víctima del delito de desaparición forzada de personas (con una hija nacida en cautiverio) recorrieron todas las instancias judiciales reclamando en contra de las leyes de impunidad, hasta finalmente llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal es así que, en 2011, el máximo tribunal americano resolvió el caso Gelman vs. Uruguay, y dispuso que las leyes de amnistía carecen de validez. La Corte estableció que la mera existencia de un régimen democrático no garantiza que en todas las decisiones se respeten los principios del derecho internacional y los derechos humanos. En el caso en concreto, el tribunal entendió que el Estado tenía la obligación de esclarecer y castigar las graves violaciones de derecho humanos cometidas durante la dictadura, sin importar que un porcentaje mayoritario de la ciudadanía se manifestara en sentido contrario.
Así como las decisiones tomadas en democracia pueden apartarse de las exigencias de los derechos humanos, también es cierto que los representantes elegidos democráticamente pueden degenerarse.
Al revisar la biografía del escritor Mauricio Rosencof —uno de los tres protagonistas de la película—, uno se topa con que sus padres fueron dos polacos que migraron a Montevideo escapando del nazismo. Algunos de sus familiares murieron en el gueto de Varsovia o en Auschwitz. No es posible olvidar que en Alemania el ascenso al poder del nazismo se gestó por vías democráticas. El partido de Hitler se presentó por primera vez a elecciones en 1924, y en sus primero años no consiguió cautivar a los electores. Pero en las elecciones de 1930, impulsados por el caos de la crisis económica del 29, los nazis pasaron del 2,6 por ciento de los votos al 18,3 por ciento y se transformaron en la segunda fuerza del país.
Esto debería advertirnos que no todo se reduce a la existencia de procesos electorales. La paradoja de las sociedades libres, abiertas y tolerantes es que estos rasgos son los que permiten que en su interior se propaguen las más diversas ideologías, incluso las que conducen a su propia negación.
Si bien parecían cuestiones ya superadas, hoy el mundo entero es testigo del resurgimiento de movimientos contrarios a los principios de la democracia liberal. Neofacismos y nacionalismos extremos que ganan popularidad en Europa y América. Populismos de izquierda o de derecha con líderes autoritarios que vuelven a alzar sus voces con discursos de odio contra nuevos y viejos enemigos, a los que culpan de todos los males que aquejan a nuestras sociedades. Extremistas y demagogos que, ante crisis económicas, políticas o humanitarias, pretenden tomar decisiones en contra de los derechos humanos más elementales. Y, no menos grave, sectores importantes de la población que livianamente los corean y aplauden.
Sería imprudente subestimar esta reacción antidemocrática. La historia enseña que ni siquiera la mejor constitución sirve para frenar un golpe de Estado. Y en ocasiones tampoco las leyes más justas logran impedir que un grupo de inconscientes, al llegar al poder, se lleven todos los derechos por delante.
