FMI: ¿salvataje o talón de Aquiles?

El ajuste comprometido ante el organismo multilateral parece demasiado exigente para la tensa situación política argentina, donde se afronta una inminente rebelión de los sindicatos para reabrir paritarias, y el peronismo se envalentona ante la probabilidad cada vez más cierta de recuperar el poder en el 2019.

Las razones por las que Argentina fue el mercado emergente más castigado por los mercados tras la apreciación mundial del dólar hay que buscarlas en las crecientes chances de que la oposición le arrebate el poder a Macri el año próximo.

Cuantas más encuestas reflejan la caída de imagen del presidente, sobre lo cual hay coincidencia generalizada, más presiones de los grupos económicos y financieros parecen existir en los mercados.

El mayor temor de los dueños del dinero es que un populismo recargado vuelva a gobernar la Argentina, con o sin Cristina Kirchner en el sillón de Rivadavia.

El presidente hace lo imposible por ratificar en cada intervención que el recorte del gasto público llegó para quedarse, pero hay cada vez más dudas sobre si tiene el músculo político necesario para equilibras las cuentas.

Es que su capital político fue consumido por la bomba económica dejada por su antecesora, quien exprimió hasta el último peso del Tesoro en tratar de consolidar su poder, y gobernó como si no hubiese un mañana.

El bienestar artificial creado por el gobierno kirchnerista luce demasiado lejano de los tiempos de vacas flacas y apriete del cinturón que propone Macri.

Para colmo, al presidente no lo ayuda su perfil de millonario y su excelente relación con sectores del poder económico tradicionalmente cuestionados por el argentino medio, como los terratenientes de la Pampa húmeda.

Ante este escenario, la suerte de Cambiemos parece empezar a depender cada vez más de que los gobernadores peronistas acepten un plan de recortes que luce al menos dudoso, porque implicará despidos de empleados públicos, reducción de obras y un achique del gasto sin horizonte claro.

Los tecnócratas del FMI tienen claros los riesgos, y advierten que el programa sellado con el gobierno argentino está expuesto a riesgos políticos evidentes.

El futuro asoma complicado para la Argentina, que no crecerá este año y dependerá del alineamiento de demasiadas variables para aumentar su producto bruto en el 2019.

Un gran problema es que por más que la Argentina crezca, el efecto favorable de ese logro no llegará a los sectores más postergados de la población.

La pobreza creció en el primer semestre hasta ubicarse nuevamente en niveles del 30 por ciento, el empleo cayó fuerte y el poder adquisitivo de la población se desbarrancó por la combinación letal de inflación, aumentos de tarifas y devaluación.

El ajuste hace caer las expectativas de los consumidores y, sumado a la baja internacional de los commodities que el país exporta, empiezan a dibujar una tormenta perfecta.

El próximo fin de semana Macri se verá con la jefa del FMI, Christine Lagarde, quien arribará al país para participar de un nuevo encuentro de ministros del G-20.

La relación entre ambos es óptima, lo cual constituye un fuerte capital político internacional para el presidente.

Pero la intención del gobierno sería que la mandamás del Fondo Monetario pueda tomar contacto cara a cara con algunos gobernadores clave del peronismo.

En la lista figuran el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey, enrolados en el denominado "peronismo racional".

La intención es que puedan transmitirle a Lagarde su identificación con la necesidad de enderezar las cuentas y aprobar un presupuesto más ajustado para 2019.

Los mandatarios peronistas empiezan a jugar un rol clave, porque casi la mitad de los 300.000 millones de pesos que el gobierno buscaría recortar pasarán por decisiones de las provincias.

Si bien tener como aliados a María Eugenia Vidal en provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad es un fuerte capital para Macri, distritos grandes como Córdoba, Santa Fe y Mendoza desempeñarán un rol clave en el recorte. Vidal y Larreta ya aceptaron afrontar el traspaso de empresas energéticas y sus entes regulatorios.

Aysa, en cambio, seguirá en manos de la Nación, porque tiene obras en ejecución y un crédito del Banco Mundial que impide modificar su paquete accionario.

Los puntos más calientes de estos traspasos afectan a los subsidios, que implicarían un costo de $50.000 millones para la provincia y de $15.000 millones para la Ciudad.

En estas negociaciones con las provincias, Macri no sólo deberá lidiar con los gobernadores del justicialismo, sino también con algunos aliados del radicalismo, molestos por la falta de participación en decisiones políticas clave.

Los referentes de la UCR entienden que en líneas generales son relegados de las decisiones, a pesar de que Cambiemos es una alianza de tres patas.

Para ello, Macri depositó buena parte del diálogo con las provincias en el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien sumado a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, aparecen como las principales espadas de este crítico momento que atraviesa el país.

Trece mandatarios provinciales ya tuvieron entrevistas bilaterales con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Frigerio, para avanzar en los recortes.

Sus tareas deberían emparentarse al trabajo diario que lleva adelante la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a esta altura un puente de diálogo indispensable para contener parcialmente a los movimientos sociales.

En este escenario cada vez más complejo, la peor pesadilla para el gobierno sería no poder cumplir los exigentes compromisos asumidos ante el Fondo.

Es que eso podría privar al país de los desembolsos de dólares aún pendientes, teniendo en cuenta que hasta ahora el FMI giró el 30 por ciento de los USD 50.000 millones prometidos.

Sin el resto de la plata, y con un financiamiento internacional prácticamente cerrado, el 2019 puede convertirse en un año casi imposible para Macri.

El presidente lo sabe, y por eso apuesta a todo o nada a cumplir el objetivo fijado.

Quiere llegar con el oxígeno suficiente al final de su mandato, aunque le cueste la reelección.