El juicio por jurados tiene aval de la Corte Interamericana

El leading case se identifica como "V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua", fechado el 8 de marzo de 2018, y tiene innegable repercusión en el derecho interno de los países americanos e importa un espaldarazo para aquellas jurisdicciones que ya han adoptado el jurado popular (21 Estados sobre 35 miembros de la OEA), así como para aquellas que lo han proyectado (como la provincia de Santa Fe).

Si bien la Corte condenó al Estado de Nicaragua por violaciones varias a los derechos de las víctimas de un delito de abuso sexual contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y específicamente por no haber garantizado imparcialidad y evitación de arbitrariedad en el caso concreto, en su discurrir ha dado por tierra con las principales críticas que se dirigían a la validez convencional del jurado clásico.

Estableció de modo categórico que hay debido proceso si un fallo condenatorio en materia penal es emitido por un jurado de ciudadanos legos si se respetan ciertos requisitos en la etapa previa a la emisión del veredicto.

La garantía de imparcialidad queda cubierta si el Estado adoptó un sistema de jurado según el cual los miembros son seleccionados en una audiencia de la que pueden participar los acusadores y acusados con posibilidad de recusar con y sin causa (llamada audiencia de desansiculación, o de selección de jurados, o "voir dire"). Mientras que el riesgo de arbitrariedad se supera si antes del juicio oral un juez técnico hace un control de admisibilidad legal y constitucional de la prueba a producirse en el juicio, si da instrucciones al jurado sobre el derecho aplicable, si se garantiza un juicio con amplia participación de todos los involucrados y si se permite legalmente anular un veredicto de culpabilidad cuando el mismo ha resultado manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso o hay pruebas de corrupción.

En el caso particular de Nicaragua, fue severamente advertida por la Cidh porque su jurado no contemplaba instrucciones obligatorias del juez al jurado sobre el derecho aplicable (por ello es que su ley de jurados no satisfacía el debido proceso) y porque se afectó la imparcialidad del jurado al permitir que el abogado de la defensa le entregue una bolsa opaca (cuyo contenido no se pudo establecer pero presumiblemente eran billetes) a la jueza del debate (un veredicto emitido en estas condiciones de posible corrupción no proviene de un tribunal que otorgue garantías de imparcialidad).

Adicionalmente, es de hacer notar que la Cidh hizo una positiva valoración de las leyes argentinas de jurados (Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Chaco) al citarlas como modelos ejemplares del correcto funcionamiento del sistema de jurados para garantizar imparcialidad y conjurar los riesgos de arbitrariedad. Por ejemplo, la legislación chaqueña es destacada porque exige unanimidad de veredicto entre los miembros del jurado como requisito para condenar; las de Neuquén y Río Negro en tanto exigen igualdad obligatoria de género en sus jurados; y la de Córdoba porque prevé cursos especiales de capacitación para los ciudadanos potenciales jurados.

El proyecto de ley de juicio por jurados que la Asociación Argentina de Juicio por Jurados presentó al Poder Ejecutivo provincial y que con pequeñas modificaciones fue remitido a la Legislatura local, satisface plenamente todos y cada uno de los requerimientos expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar a los justiciables (acusadores y acusados) un debido proceso compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Actualmente se encuentra en la comisión de Hacienda y Presupuesto y se espera que pronto emita su dictamen para que avance en su camino a convertirse en ley.

La importancia de una ley de jurado clásico queda expresada en el parágrafo 222 del fallo de la Cidh: "El juicio por jurados se ha concebido como una forma de devolver a la sociedad la confianza en el sistema judicial, como forma de democratización y acercamiento de la impartición de justicia a la comunidad, otorgándole a ésta un rol fundamental en aquellos delitos sensibles al orden público".