Esta semana que empieza será la del estallido que precede a una información de magnitud máxima. El empresario Leonardo Peiti firmó un preacuerdo de juicio abreviado en el que admite su responsabilidad en el control de vastos emprendimientos de juego clandestino en la provincia lo que, si se homologa, llevará a una condena de seis años de prisión de ejecución aún no definida. La novedad del acuerdo es que fue sobre la base de una declaración ante una jueza en la que Peiti confiesa que para poder expandir su negocio entregaba fuertes sumas de dinero a importantes representantes de la política santafesina. Que antes había hecho eso con actores de la Fiscalía Regional Rosario es sabido porque dos funcionarios fueron presos por cobrar sobornos para no perseguirlo penalmente.
Más que con las barbas en remojo, el volcánico asunto tiene a toda la política de la provincia en un baño de inmersión. Se está esperando que le presenten a la Oficina de Gestión Judicial de Rosario el acuerdo al que solo pueden renunciar sus partes. El día que un juez valore si lo aprueba se conocerán los nombres a los que Peiti aludió como receptores de sus coimas. Pero ya se libra una batalla en la que se pulsea para saber si el empresario dijo o no la verdad. Desde luego que su sola palabra no es decisiva para acusar a nadie. Pero los fiscales dicen que en cierto caso la declaración confidencial de Peiti no vino sino a confirmar cosas que ya estaban probadas con evidencia ya divulgada en audiencias.
Peiti señaló a cuatro senadores, dos peronistas y dos radicales, con alusiones dispares. Los apuntados, y aún otros que no, pueden esgrimir que aquel recita una declaración a medida de lo que esperan los fiscales, a cambio de tener reducida una condena de la que no puede escapar. Solamente en Melincué estaba a punto de entrar en juicio con un máximo de diez años de pena y acá estaría cerrando seis años que por su colaboración bajaría a la mitad, lo que presupone una cercana libertad. Peiti habría mencionado que algunos de los senadores habrían recibido su dinero de personas que fueron sus cómplices y ya no viven. En los casos donde no hay evidencia previa esos dichos no tendrán relevancia.
En donde sí hay elementos anteriores en la dirección de lo que afirma Peiti es en el caso del senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) que fue el primero de sus mencionados. Peiti sostuvo haberle pagado a Traferri 250 mil dólares en distintos pasos. En su testimonio afirmó que lo hizo para que el senador realizara gestiones para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular al empresario de juego, la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas por la provincia.
Admite Peiti que uno de esos pagos fue después de pasar por una financiera del centro para posteriormente reunirse con el legislador. Esto ya estaba plasmado en una evidencia expuesta en una audiencia a mediados de diciembre de 2020, es decir, hace diez meses. Fue el audio de una llamada del 8 de septiembre de 2017 donde Peiti cuenta a un amigo que iría a comprar dólares a la mencionada financiera y que de ahí se iría a un café de Dorrego y Córdoba a encontrarse con el senador Traferri, a quien llama así, a las tres de la tarde. Las pericias muestran una coincidencia en la localización de las líneas de Traferri y Peiti ese mismo día. A las 15 ambas se encontraban detectadas por la antena impactando en la celda de la zona de Dorrego y Córdoba.
No es irrelevante ponerse a ver cuántos nombres fueron aludidos, quiénes son y cuán comprometidos pueden estar por lo que diga. Pero ceñirse en eso desplaza del foco un problema central, que es que todo esto delata un modelo de gestión de la política que no va más. Un esquema donde personas que están en posiciones institucionales del Estado habilitan permisos para suspender la ley y hacer de eso una mercancía que se ofrece al mejor postor.
Los rasgos de esa política deshilachada y sin utilidad pública se desnudaron esta semana en una audiencia sobre un impactante daño ambiental corroborado en Petroquímica Capitán Bermúdez. Una contaminación probada en 21 hectáreas de esa zona del cordón industrial que implica polución en las napas freáticas de la zona y en la ribera del río. Petroquímica Bermúdez fabricaba para 2015 gas cloro como principal producto. Se trata de un gas venenoso con alto poder corrosivo por ser poderoso oxidante. La intervención del perito ingeniero Andrés Salum verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
El dueño de Petroquímica entonces era Sergio Taselli, uno de los empresarios más poderosos del país, que desde 2004 dirigió una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia (Aceros Zapla, Materfer), maquinaria agrícola y sector agropecuario. Frente a la polución probada desde 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente el 27 de marzo de 2017 el gobernador Miguel Lifschitz ordenó por decreto a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondieran contra la firma para lograr el cese de cualquier actividad contaminante. Esto derivo en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma, que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA.
Ledesma avanzó hacia una imputación pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional Patricio Serjal para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que deja sin sanción penal. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra creen muy posible que Serjal haya aceptado frenar la acción contra la empresa por la misma lógica que motivó su protección al juego clandestino, el delito que lo tiene preso desde hace un año.
No hay nada propio de su función que permita comprender por qué otra razón, frente a un desastre ambiental que es un problema de interés público, a Serjal le pudo haber interesado no impulsar una sanción a los empresarios e imponer al fiscal que lo llevaba cerrar el caso. Un juez aceptó cerrar la causa. Ahora los dos fiscales pelean para que se reabra porque lo que no tiene explicación despedaza a las instituciones. "Acá se habló mucho de remediación. Reparar el medio ambiente es muy caro. Son millones de dólares los que va a tener que pagar Taselli si podemos imputar. Eso es lo que se define con abrir la causa o no hacerlo", dijo Schiappa Pietra al alegar hace cinco días.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de Estado de la provincia, también de manera incomprensible, aceptó dejar de impulsar penalmente la causa, por lo que está imputado en este trámite el número dos de ese órgano, Gustavo Luzzini. ¿Qué pasó para que renunciaran sin motivo los funcionarios de la Fiscalía de Estado a hacer lo que un gobernador les ordenó por decreto en defensa del interés de la comunidad?
Estos mecanismos que habilitan la trampa son una forma de construcción de poder estatal. Es la legalidad dando excepciones no previstas. ¿Por qué un senador hace lobby a favor de un capitalista millonario del juego? ¿Por qué un fiscal regional y un funcionario de la fiscalía de Estado dejan de tener interés en perseguir a uno de los empresarios más fuertes del país implicado en una contaminación probada? ¿Por qué dos fiscales hicieron lo mismo para Peiti?
Los lugares de precariedad son útiles para ciertos resortes de poder político porque desde ahí pueden organizar la venta de protección y la creación de excepciones, dice el sociólogo Matías Dewey, en su libro El orden clandestino, que aborda las relaciones entre política y mercados ilegales en la Argentina. Hay aquí una oportunidad para la alta política de asegurar una mejor administración del Estado. Pero las instituciones sobre estas cosas guardan silencio. Mejor no organizar un debate franco que permita entender las razones de fondo por las cuales alguien como Patricio Serjal, un fiscal sin ninguna relevancia ni liderazgo, llegó a ser por desesperación de la Legislatura el conductor de 80 fiscales de Rosario. ¿Qué hilos se movieron para eso y quiénes fueron?
La Legislatura se blinda y se calla. Se da una ley para investigar ella a los fiscales cuando hay senadores denunciados por delitos económicos. Se pliega el Senado sobre sí mismo cuando le piden el desafuero a uno de los propios para rechazarlo y protegerlo. Un senador acude a la Corte Suprema de la provincia para que le asegure el derecho a no ser investigado luego de que un camarista llama a imputarlo. Una Corte que recuerda a la de Julio Nazareno en los 90: inelástica, envejecida, deslegitimada ante los jueces inferiores, de discutido mérito intelectual y garante de factores de poder.
El propio Traferri ya advirtió como una forma de defensa que los que le hacen reproches deberían preocuparse. Alude a la forma en que a fines de 2020 se habilitó por quince años el juego online en la provincia a los operadores de los tres casinos por decreto y no por ley. Hubo entonces un dictamen con objeciones del Tribunal de Cuentas que en general es señalado por la ausencia de sus controles. Su presidente Oscar Biagioni, un hombre de enorme conocimiento de los resortes administrativos de la provincia, muy cercano al senador de San Lorenzo, sostuvo que no había motivos para las objeciones. La semana pasada el gobernador mandó su pliego para que la Legislatura le renueve el mandato.
Lo que queda sin explicación y concierne a la esfera de lo público es un problema político. Como esta semana en que trascendió una denuncia de los ejecutores fiscales de la API que acusan al administrador provincial del organismo por forzarlos a depositar en una cuenta bancaria personal suya el 50 por ciento de los honorarios por las acciones de cobro que inician, algo que no solo perjudica sus ingresos sino que, de acuerdo a la denuncia, constituye un delito. Algo que espera algún posicionamiento del administrador y del gobierno.
Lo que se instala como corrupción o amoralidad, dice Matías Dewey, no son problemas individuales, sino que responde a un patrón institucionalizado de comportamiento estatal que permite la acumulación de poder y el manejo de la población. Ese patrón consiste en la venta de protección estatal a quienes necesitan eludir la legalidad, acceder a beneficios del Estado u operar en mercados ilegales. Lo que pone en evidencia la causa del juego clandestino es no solamente estos mecanismos de protección. Es sobre todo un tipo de política que está quedando repetidamente al desnudo. Y a la que por evidencia de su agotamiento le llegó la hora.
