Los policías del Comando Radioeléctrico fueron arrestados por personal de la Agencia de Control Policial en Venado Tuerto.
El fiscal de Venado Tuerto Eduardo Lago pidió la prisión preventiva para 4 policías del Comando Radioeléctrico a los que se les inició una causa por un robo calificado, un allanamiento ilegal, abuso de autoridad y cohecho, entre otros delitos. Las medidas cautelares fueron impuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy. En esa causa ya fueron condenados otros dos uniformados, quienes reconocieron su participación en los ilícitos investigados.
Lago destacó que se trata de "una causa compleja" en la que se comenzó a trabajar en julio del año pasado”, y explicó que “para llegar a las detenciones se llevaron a cabo numerosas tareas investigativas que permitieron reunir un gran cúmulo de evidencias” en el marco de las pesquisas por el ingreso violento a una vivienda ubicada en Lisandro de la Torre al 1800, a la que accedieron sin orden de allanamiento".
El primero de los delitos imputados a los policías se cometió el 11 de junio de 2022 cuando detuvieron en un control callejero a dos personas que iban en moto y tras amenazarlos con armarles una causa penal le pidieron que les entregaran $40 mil, pero como los detenidos no podían reunir esa cantidad de dinero se conformaron con $25 mil.
“Amenazaron al hombre con incriminarlo por tener estupefacientes en su poder -lo cual no era así-, aprehenderlo y secuestrar su moto”, comentó el fiscal, y agregóque “instruyeron a las víctimas sobre cómo y dónde tenían que dejar el dinero”. Según aclaró, “las personas amedrentadas cumplieron con el trato por temor a sufrir daños mayores”.
El segundo, el 16 del mismo mes, cuando simularon perseguir a un menor de edad para justificar ingresar en una vivienda, con la excusa de que en ese lugar se encontraba escondido el prófugo. Así revisaron la vivienda y hasta obligaron a una de las moradoras a cambiarse delante de uno de ellos.
“Los policías amedrentaron a la víctima con sus armas de fuego reglamentarias y, sin orden de allanamiento ni razón urgente que lo justifique, revisaron el domicilio”, narró el Lago, y añadió: “Cuando los uniformados se encontraron con una mujer que reside allí, también la intimidaron”.
“Luego de la conducta violenta, los imputados esposaron al joven menor de edad y se fueron sin confeccionar ningún acta ni requerir los datos personales de las víctimas”, puntualizó.
A los cuatro policías se les atribuyó la coautoría de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado, por la participación de un menor de edad y por el uso de arma de fuego.
También se los investiga como coautores de robo agravado, por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones, en poblado y en banda), amenazas coactivas agravadas (por el uso de arma y cohecho.
En relación a los dos policías condenados, se les impusieron penas de tres años de prisión de ejecución efectiva y de dos años de prisión de cumplimiento condicional, respectivamente. Además, ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Las condenas fueron resueltas en el marco de juicios abreviados desarrollados en los tribunales de Venado Tuerto. En tal sentido, los dos uniformados reconocieron su responsabilidad penal como partícipes secundarios de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público agravado (porque participó un menor de edad y por el uso de arma de fuego).
Asimismo, uno de ellos admitió su responsabilidad por falsificación ideológica de documentos públicos y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil; y el otro por encubrimiento agravado.
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Por Hernán Cabrera
Por Luis Castro