El lunes al mediodía, la familia Córdoba de la localidad de Piamonte, volvió a vivir una nueva situación de vulneración a la medida cautelar que desde hace cuatro años protege su vivienda de las aspersiones con agrotóxicos que se hacen en un campo que está a escasos metros. Tras 15 denuncias que daban cuenta de reiteradas violaciones a la sentencia judicial del juez Tristán Martínez, que impidió la guarda de agrotóxicos, circulación de mosquitos y fumigación con cualquier tipo de químicos en un radio de 800 metros de la vivienda familiar afectada, finalmente se logró que las autoridades policiales procedieran al secuestro de la máquina autopropulsada de aspersión terrestre, popularmente conocida como "mosquito".
Una filmación casera del equipo realizando una aplicación de agroquímicos a metros de la vivienda desde donde empieza a regir la restricción y que circuló por redes sociales, y los reiterados pedidos a la Fiscalía para que arbitre las medidas necesarias para detener la fumigación, desembocaron en una orden judicial para realizar el secuestro de la maquinaria.
La medida, pedida por el fiscal Carlos Zoppegni, fue llevada adelante por personal de la comisaría VI de Piamonte y es la primera vez que, tras denuncias previas de violación a la restricción, se logró la incautación del equipo.
Si bien desde la Fiscalía, no se especificó sobre la o las personas que se vieron involucradas en lo que sería una desobediencia a un dictamen del juez actuante, "se entiende entre los responsables de incumplir la medida a los dueños del campo, quien lo explota y al personal encargado de la aplicación", indicó la abogada de la familia María Eugenia Boccio.
"Además se estaría configurando otro delito que es de contaminación por la ley nacional de residuos peligrosos", dijo. Esta ley fue la que se aplicó en la sentencia del juicio del barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba, condenando a tres años de prisión a un productor agropecuario y al aplicador de agrotóxicos. Por otro lado, la abogada afirmó "que también podría estar comprometida la autoridad comunal en caso de haber autorizado la fumigación o por no disponer medidas de control para que se cumpla la sentencia judicial".
En octubre de 2016 el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Tristán Martínez, dio lugar a una acción de amparo promovida por la vecina Vilma Córdoba, para que se prohíba la fumigación manual, terrestre y aérea con todo tipo de agroquímicos a menos de 800 metros de la vivienda que habita en Piamonte. También ordenó que se impida la circulación, tránsito, permanencia o cualquier otra actividad que implique la presencia en zona urbana de maquinaria agrícola, mosquitos (equipos aplicadores autopropulsados), pulverizadoras de arrastre y la guarda de agroquímicos.
Familia rodeada
La familia Córdoba, vive en el límite con la zona rural y está rodeada de plantas de acopios de cereales, galpones en los que se guarda maquinaria agrícola y, calle de por medio con su vivienda, el campo donde se aplicó la prohibición y que el lunes fue fumigado. A través de unos estudios, se pudo comprobar que los miembros de la familia Córdoba sufren daño genético provocado por la exposición a factores contaminantes como los agrotóxicos.
En septiembre se conoció un dictamen de la Cámara de Apelaciones que cuestionaba la sentencia de 1ª instancia. La familia reclamó a la Justicia interponiendo el "principio de no regresión que invoca la ley de ambiente", dijo Boccio. El amparo sigue vigente sin modificaciones.
