Los empleados de la planta de tratamiento de residuos industriales reclaman sus salarios desde noviembre
San Lorenzo. Los trabajadores de la planta de IDM se concentraron este lunes a reclamar el cobro de sus salarios
Los 120 trabajadores de la planta de tratamiento de residuos industriales IDM, de San Lorenzo, no cobran sus salarios desde hace tres meses, según denunciaron este martes dirigentes gremiales en el Ministerior de Trabajo de la provincia en esta ciudad, donde participan de una audiencia con los representantes de la empresa.
Este lunes, una columna integrada por trabajadores de Camioneros, Petroquímicos, Carga y Descarga y personal fuera de convenio se concentró frente a la planta para visibilizar lo que definen como una situación “desesperante”: tres meses sin cobrar de manera regular y un futuro laboral completamente incierto.
El conflicto se arrastra desde septiembre, cuando comenzaron las suspensiones y reducciones de jornada. Según denunciaron los delegados, desde noviembre la falta de pagos es total. La empresa adeuda diferencias salariales de octubre y noviembre, el sueldo completo de diciembre, el aguinaldo y lo transcurrido de 2026.
“Somos 120 familias atravesando esta situación. Nadie define qué va a pasar con nosotros”, sostuvo un delegado del gremio de Camioneros al portal Mundo Gremial, durante la protesta.
El reclamo no sólo comprende la deuda salarial sino también la ausencia de un plan concreto que garantice la continuidad de la actividad o, al menos, certezas sobre los puestos de trabajo.
Según los trabajadores, la parálisis productiva tiene origen en una falta de inversión que derivó en la caída de permisos ambientales tanto provinciales como nacionales, indispensables para operar en el rubro del tratamiento de residuos industriales.
Sin esas autorizaciones, la planta dejó de funcionar con normalidad. Pero para el arco sindical, la empresa utilizó esa situación como argumento para incumplir sus obligaciones salariales, trasladando el costo de la crisis exclusivamente a los empleados.
La incertidumbre se profundizó tras la reciente venta de acciones a un grupo empresario denominado Caterina Group. Aunque la operación fue anunciada públicamente, los trabajadores aseguran que ningún representante del nuevo grupo inversor dio la cara ni participó en las audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo.
En la última reunión formal, un referente de la gestión saliente habría comunicado que la planta permanecería cerrada por casi diez meses, lo que encendió aún más las alarmas. A esto se suma otra decisión que generó rechazo inmediato: la intención de convocar a los empleados “uno por uno” para regularizar su situación. “Nos parece una forma de presión individual. Queremos una respuesta colectiva y que el grupo inversor aparezca”, señalaron desde la protesta.
Este martes se realiza una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo en San Lorenzo. Los trabajadores anticiparon que mantendrán el estado de alerta y no descartan profundizar las medidas de fuerza si no hay un cronograma inmediato de pago y garantías formales sobre la continuidad de los 120 puestos laborales.
La planta permanece paralizada y el conflicto suma tensión en el cordón industrial, donde la incertidumbre empresarial y los cambios accionarios vuelven a poner en jaque la estabilidad de decenas de familias trabajadora
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