Reprogramaron para el 4 de febrero el debate por el uso de agrotóxicos. La decisión responde a la necesidad de evaluar la aptitud mental de un acusado
Lucía Prieto
Sabrina Ortiz, querellante principal, junto a vecinos de Pergamino en una de las audiencias preliminares. El juicio oral, suspendido hasta febrero, marcará un punto de inflexión en la justicia ambiental argentina.
El juicio oral en la causa por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, que debía comenzar este miércoles en Rosario, fue suspendido y reprogramado para el 4 de febrero de 2026. La decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 obedece a trámites vinculados a la sanidad mental de uno de los inculpados, un productor agroindustrial de edad avanzada que puso en duda su capacidad jurídica por presunta falta de aptitud para enfrentar el proceso.
La definición sobre su situación se tomará en una audiencia fijada para el 17 de diciembre de 2025, en la que peritos médicos deberán evaluar si el acusado está en condiciones de ser juzgado junto a los otros imputados. Hasta entonces, el inicio del debate queda postergado, en un giro inesperado que agrega tensión a un proceso ya cargado de expectativas.
El juicio debía abrir sus audiencias esta semana en Rosario, con la presencia de siete productores agroindustriales y dos funcionarios públicos acusados de contaminación ambiental por las fumigaciones con agrotóxicos que afectaron a la población de Pergamino. La causa, impulsada por Sabrina Ortiz y otras personas querellantes, se convirtió en un símbolo de la lucha de los pueblos fumigados y en un punto de inflexión para la justicia ambiental argentina.
Más allá de esta dilación, el juicio mantiene su carácter histórico, será presencial, con audiencias previstas para extenderse debido a la cantidad de testigos, peritos y la profundidad del debate. La representación legal de las querellas estará a cargo del abogado penalista Carlos María González Quintana, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, y del abogado ambientalista Fernando Cabaleiro, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ambos acompañaron durante años la causa, enfrentando embates del poder económico y político local que intentó socavarla.
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El proceso penal se sostuvo durante siete años “a todo pulmón”, con la perseverancia de las comunidades afectadas y el acompañamiento de organizaciones como Naturaleza de Derechos y otras similares. La logística del juicio –traslados, estadías, organización– se apoya en la financiación colectiva y popular y apela a la colaboración ciudadana en busca garantizar que las querellas puedan concentrarse en lo esencial: lograr una sentencia condenatoria que marque un antes y un después en la justicia ambiental argentina.
La postergación hasta febrero no debe interpretarse como un retroceso, sino como una muestra de las complejidades que atraviesan los procesos judiciales cuando se enfrentan intereses poderosos. La evaluación de capacidad jurídica de uno de los acusados abre un debate adicional sobre las estrategias defensivas que buscan dilatar o desviar el foco del juicio. Sin embargo, la querella insiste en que la causa seguirá adelante y que la sociedad debe mantenerse atenta y comprometida.
El caso de Pergamino se enlaza con otros juicios y denuncias en Santa Fe y distintas provincias, donde las comunidades resistieron durante años la exposición cotidiana a los químicos del agronegocio. La continuidad entre estos casos demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de vulneración de derechos.
Desde las organizaciones relacionadas al caso señalaron que la cuenta bancaria para colaborar pertenece a Sabrina del Valle Ortiz y el alias es: causa.pergamino. “Cada aporte, por mínimo que sea, suma a la construcción de este juicio emblemático”, concluyeron.
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