Nueve curas sentenciados en la Argentina

El fallo que sentenció a 25 años de prisión efectiva al cura Juan Diego Escobar Gaviria no tiene precedentes en el país y suma un nuevo condenado a la lista de ocho sacerdotes que ya fueron encontrados culpables de abuso sexual a menores en la Argentina. "Es una condena muy dura y muy justa con las víctimas", dijo Carlos Lombardi, abogado en derecho canónico y referente de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico.

Ni siquiera el sacerdote Julio César Grassi —condenado a 15 años de prisión por el abuso de un menor—, recibió una pena tan alta.

El antecedente más cercano es el de Héctor Pared, condenado en marzo de 2003 a 24 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en la localidad bonaerense de Florencio Varela. El cura sólo cumplió pocos meses de la sentencia, ya que en septiembre de ese año murió y fue entonces cuando sus víctimas se enteraron que tenía VIH, un dato que había sido ocultado por el cura y el servicio penitenciario.

Desde que en 2012 estalló el caso Grassi en el país 65 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por presuntos abusos, informó Telam.

De todos ellos, sólo fueron condenados ocho. Con esta nueva sentencia, Gaviria será el número nueve y abre un interrogante sobre lo que sucederá en Entre Ríos, ya que otros dos curas: Justo Ilarraz y Marcelino Moya esperan allí que la Justicia decida.

Los abusos cometidos por el sacerdote Grassi marcaron un punto inflexión que tuvo un efecto cascada, ya que desde entonces se denunciaron más de cuatro casos por año. No obstante, sólo tres sacerdotes: José Mercau y Cristian Gramlich, de la localidad bonaerense de San Isidro, y Miguel A. Santurio, de Misiones fueron condenados con la expulsión del sacerdocio.

Hoy, Grassi, con una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, puede, si lo quisiera, dar misa y ejercer las funciones de cualquier cura.

Otro hecho resonante fue la de cura de Santa Fe Edgardo Gabriel Storni, quien fue condenado en 2009 a ocho años por abuso sexual agravado por el vínculo, pero que su condena fue anulada en 2011 y su familia tuvo que abonar 750 mil pesos por daños y perjuicios a un seminarista.